Un debate que recien empieza

Jornada sobre Régimen Legal del Correo Electrónico

Los representantes y profesionales del sector de las telecomunicaciones y la tecnología presentaron sus opiniones sobre los parámetros en los que debería de acomodarse una ley que regule el intercambio de correo electrónico no deseado.

La palabra spam, de origen inglés, designaba un tipo de jamón con especias (Spiced Ham), un enlatado que no requería refrigeración y por eso era fácil de encontrar en cualquier parte.
Algo de eso llevó a los usuarios de Internet a transportar esa interpretación a los spam o correos electrónicos no deseados, que hoy afecta a 9 de cada 10 internautas.
Para desmenuzar este tema, la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, organizó la primer Jornada sobre Régimen Legal de Correo Electrónico. Fue el 10 de mayo y participaron representantes de cámaras comerciales, usuarios, profesionales y expertos en tecnología.
”La opinión pública asumió la ´psicosis´. No contra los virus o los delincuentes que lo usan, sino frente al medio en sí. Es una guerra contra el e-mail masivo. Una verdadera caza de brujas”, manifestó Alberto Schreiber, especialista en análisis de información para la toma de decisiones en Desarollo Organizacional y Marketing.
Asimismo, sugirió una genealogía del término spam. Según expuso el panelista, en un primer momento connotaba un mensaje basura; en una segunda etapa, el término abarcó también textos que podían ser deseados, pero no habían sido solicitados; luego se asoció con lo masivo. Finalmente, los lideres de opinión y expertos que respondían a empresas de comunicación “lo asociaron con terrorismo”.
De acuerdo a las cifras presentadas en la jornada, el 90 por ciento de los navegantes reciben este tipo de envíos y más del 80 por ciento lo considera molesto.
Estados Unidos es el país originario principal de esta actividad, con un 43 por ciento del tráfico mundial; seguido por Corea del Sur (19%) y China (11%).

El marco legal

En la Argentina no existe ninguna normativa específica destinada a ordenar esta problemática. Por aproximación, se aplica el artículo 27 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su Reglamentación, que si bien no se refiere expresamente a lo virtual autoriza a quien se sienta perjudicado a solicitar “el retiro o bloqueo de nombre de los bancos de datos”.
Los métodos más difundidos en el mundo para regular esta cuestión son la prohibición de recibirlo sin consentimiento previo, el “etiquetamiento” como spam, la sanción por identificación dolosa de origen y/o contenido del correo y las “listas negras”, es decir, que se bloquee la dirección de un envío si se lo considera spam.
Si bien la propuesta del encuentro era desarrollar el tema de la regulación del correo electrónico, varios oradores se refirieron y fijaron sus opiniones sobre los 3 proyectos que existen hoy en la Cámara baja.

Proyectos en carpeta

Los textos presentados pertenecen a la diputada justicialista, Lucrecia Monti, a Mauricio Bossa (UCD) y Osvaldo Nemirovsci (PJ).
El contenido del plan de Monti equipara el medio con la correspondencia postal y prevé las mismas penas definidas en el Código Penal y el Código Civil. Además recae en los proveedores de servicios de Internet la responsabilidad por el cumplimiento de la legislación, (un punto muy discutido por algunos sectores) y establece que son los usuarios los únicos autorizados en limitar la prestación.
Las iniciativas de Bossa y Nemirovsci abundan en definiciones técnicas y precisiones terminológicas como: “correo electrónico”, “cuerpo de mensaje”, ”adquirir”, ”remitente” o ”nombre de dominio”. Ambas ideas obligan a incluir las leyendas “Publicidad” y “Publi.Adulto” en el cuerpo del mensaje, para advertir claramente el carácter publicitario del mismo; y sugieren la confección de una lista, en donde figurarían los nombre de las direcciones que no quieran recibir correo. El diputado liberal insiste más en esta clase de controles y agrega la categoría de “computadora protegida”, para los equipos de entidades financieras, Gobiernos y aquellos receptores que se anoten en un futuro “Registro Nacional de no envío”. Otra novedad es que se concede a los prestadores cobrar por esta clase de envíos a los remitentes.
Por su parte, la representante de la Fundación Vía Libre (un grupo que defiende el software libre), Beatriz Busaniche, opinó que las especificaciones en esta área eran “contraproducentes”, debido a que los avances técnicos son más veloces que los legales.
La institución, como la gran mayoría de las agrupaciones de este tipo, manifestó su preocupación acerca de la posibilidad de que la decisión de recibir un mensaje quede en manos de los servidores y no en la de los particulares.
El director de la red alternativa (Nac&Pop), Martín García, apuntó contra los grandes multimedios y preguntó: “¿Vamos a darle al Grupo Clarín también el poder de censurar los medios de comunicación en Internet, como viene sucediendo hace 20 años con la radio y la TV?. No se puede someter a un sociedad sino se somete a la opinión publica”, concluyó.
El periodista acusó a Ciudad Internet, servidor del grupo nacional, de censurar su agencia de noticias online.
El 9 de febrero, la firma digital dio de baja a Nac&Pop por “hacer Spam”.
“Si nos obligan a ser ´truchos´ vamos a serlo, nuestra pelea es una pelea por la libertad”, concluyó.
Por su parte, Marcos Pueyrredón, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), una asociación que promueve la utilización de las nuevas tecnologías, expresó su preocupación sobre las posibilidad que se congestione la red, en virtud de la cantidad de mensajes enviados y recibidos, “muchos mensajes vuelven a su remitente, generando un enorme tráfico y pérdidas económicas, de tiempo y eficiencia”, subrayó.
Mariano Absatz, delegado de la Coalición contra el correo electrónico comercial no solicitado (CAUCE, -por sus siglas en inglés-) opinó que era necesario encontrar un punto justo de generalidad para poder obtener una legislación “aplicable y duradera”.
La agrupación formada originalmente en los EE. UU. plantea, por ejemplo, la creación de entidades internacionales “que funcionen como meta-gobierno y arbitro de la red global”, de modo similar a como lo hacen otros entes internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
“¿Qué legislamos? ¿Radiodifusión? ¿Telecomunicaciones? ¿Protección de datos?”, planteó el ex secretario de Comunicaciones y especialista en el tema, Henoch Aguiar.
En este sentido, aludió a la necesidad de encontrar un camino intermedio entre “la cacofonía regulatoria” (es decir, la reiteración de contenidos de leyes relacionadas con el área) y un código integral y exclusivo del correo electrónico. Para lograrlo, aconsejó concentrar la autoridad de aplicación, basarse en terminología compartidas y analizar la compatibilidad de las normas ya vigentes, entre otros.