| *Opinion
Sobre
la importancia de garantizar
el acceso igualitario a la radio y a la TV
El
acceso a la información es de una particular importancia personal
y social. Hombres y mujeres tienen el derecho a informarse y también
la obligación de hacerlo, bajo pena de automarginarse, por omisión
de la vida en sociedad. Además es necesario para poder –responsablemente-
opinar, disentir, aportar, controlar y comprometerse en democracia.
A veces, desde los centros urbanos, no se llega a percibir su importancia,
porque existe cierta facilidad para acceder a los distintos medios de
información. Sin embargo, a medida que se llega a la Argentina
profunda, se evidencia la necesidad de contar con medios de comunicación
y posibilidades reales de acceder a ellos.
Baste para ilustrar esta afirmación, una anécdota personal.
Cuando era Juez Federal electoral de Córdoba, se realizó
un acto en la escuela de nombre Ceferino Namuncurá. Allí
se reunieron pobladores y autoridades locales. Un serrano aprovechó
la situación y dirigiéndose a un responsable del programa
denominado Plan Alimentario Nacional (PAN), dijo que “las cajas
que le entregaban para ayudarlo estaban incompletas y tenían una
importante carencia”. Y ante la pregunta respecto a que entendía
que faltaba manifestó que “no venían pilas”.
A lo que agregó: “No tengo electricidad en mi rancho y las
pilas son caras y difícil de conseguir en la zona. Me es imposible
escuchar la radio y por tanto, no sé lo que está pasando”.
En su sentido común profundo, este cordobés tenía
en claro que junto a los alimentos que recibía, necesitaba contar
con otros, que eran también fundamentales para su información,
cultura y recreación.
Además, en la Argentina existen solo siete ciudades con más
de un canal por aire gratuito, muchas que tienen una sola estación
y muchísimas en las que no se puede captar ninguna, sin una inversión
de envergadura. Esto obliga a los usuarios a costear altas antenas, decodificadores
de señales satelitales o contratar servicios de TV por cable, prácticamente
imposibles de pagar para un gran sector empobrecido de nuestra sociedad.
El canal 7 de Buenos Aires -ex ATC-, pagado por los impuestos de todos
los argentinos, se puede captar gratuitamente por aire, solo en algunos
lugares. En Córdoba, por ejemplo, únicamente se lo puede
ver por el sistema comercial.
La situación se agrava pues se sigue impidiendo que las organizaciones
sin fines de lucro puedan brindar servicios de radiodifusión.
Es incomprensible y arbitrario que el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) continúe paralizado emprendimientos de bien común,
que buscan el acceso igualitario a la radiodifusión. Especialmente,
teniendo presente que, en reiteradas ocasiones, la Corte Suprema de la
Nación y la justicia federal, -unánimemente-, han declarado
la inconstitucionalidad del artículo 45 de la actual ley 22.285.
Por esto, es urgente que la Democracia garantice a los más débiles
el acceso igualitario y equitativo a la radio y la televisión..
* Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado de cooperativas
y mutuales y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho
de la Información y de la Comunicación (AIDIC)
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