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Homicidios, desapariciones y agresiones

Sólo Irak supera a México en la cantidad de periodistas asesinados

Dos nuevas ejecuciones en los últimos 4 meses, amenazas y desapariciones de periodistas dibujan el mapa de la situación de la prensa mexicana.
La reportera Guadalupe García Escamilla, de 40 años - especializada en temas de tráfico de drogas-, fue acribillada por nueve balazos. Días antes había recibido amenazas telefónicas como consecuencia de sus investigaciones.
El 18 de abril, la mujer fue interceptada mientras bajaba de su automóvil a la entrada de la estación radial donde conducía un noticiero de temas policiales.
Tres días después, en la ciudad de Veracruz, al sur del país, Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión donde se publicaban artículos sobre el Cártel del Golfo del sur-sureste del país, fue baleado por cuatro desconocidos y murió instantáneamente.
En ambos casos, las autoridades reconocieron que los crímenes fueron motivados por sus tareas periodísticas.
El vocero de la Presidencia de México, Rubén Aguilar, informó que el Poder Ejecutivo “tiene una causa común con ustedes, los periodistas” y que la Procuraduría General de la República (Fiscalía General), atraería la investigación de ambos casos.
El presidente Vicente Fox se reunió con periodistas del Diario El Imparcial -editado en Sonora, al norte del país-, “para conocer de viva voz los riesgos que corren los informadores al ejercer su labor”.
En esa cita se abordó el tema de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, empleado de ese medio, especialista en temas de seguridad y narcotráfico, que está desaparecido desde el 2 de abril.
Fox condenó las muertes “porque nadie ganaría y todos los mexicanos perderíamos, si alguna vez los medios de comunicación guardaran silencio”.
Los ataques motivaron que organizaciones internacionales defensoras de las libertades informativas, como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) soliciten acciones inmediatas para aclarar estos crímenes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, advirtió en Ginebra, Suiza, que México registra un “agravamiento preocupante” en los casos de violencia contra comunicadores mexicanos.
Por su parte, el representante en México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass, calificó de riesgosa la situación de los trabajadores de prensa de ese país.
Con todo los números ubican al territorio azteca en el primer lugar en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial, en relación a la cantidad de asesinatos de trabajadores de prensa.

 

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Informe de la OEA

Crece la violencia en América contra los trabajadores de prensa

El gran desafío para enfrentar los ataques a la libertad de expresión y de prensa es que la sociedad en su conjunto las asuma como derechos propios y fundamentales para su desarrollo y vida en democracia, y no como un derecho de unos pocos privilegiados”, expresó Eduardo Bertoni, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El relator del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que los actos de violencia contra los periodistas americanos se incrementaron y que las limitaciones se dieron particularmente mediante leyes de desacato y difamación penal.
Los comentarios figuran en el informe 2004 que el abogado presentó a la CIDH, en el que menciona casos de restricción en varios países, entre los cuales figuran Venezuela -al cual dedica varias páginas- Colombia, México, la Argentina y Perú.
En la evaluación se reportan 11 asesinatos de comunicadores sociales relacionados con su tarea y el estado de situación sobre los avances y retrocesos en las limitaciones a este derecho, por ejemplo, a través de leyes de desacato y de difamación penal.
Por su parte, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el que planteó su disconformidad con los resultados: “El Informe evidencia la falta de imparcialidad que caracterizó la actuación de la mayoría de sus miembros”. También acusa a la entidad internacional de privilegiar la información “proporcionada por factores políticos de la oposición y sectores de la autodenominada sociedad civil que propiciaron el golpe de Estado en Venezuela”. En cambio, “la información suministrada por el Estado venezolano, por el contrario, fue totalmente desestimada”.

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