Por decreto

El Gobierno prorrogó las licencias de TV y radio por una década

Con una medida tan sorpresiva como polémica, el presidente Néstor Kirchner extendió los permisos para prestar radiodifusión y bosquejó el mapa de los medios de los próximos años.

Organizaciones sociales, cooperativas, mutuales, medios alternativos, sindicatos e instituciones educativas expresaron su enérgica oposición a la decisión del Ejecutivo de prorrogar todas las licencias de televisión abierta, de radio y TV por cable por 10 años.
El nuevo lapso se suma a los 15 concedidos por la ley y a los 10 años de prórroga automática. Así se benefició especialmente a quienes tenían permisos que vencían indefectiblemente en el año 2007 y debían ser concursados.
“Es Bochornoso. El Decreto es una capitulación. Los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información en nuestro país tienen 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza”, manifestó Néstor Busso, presidente de Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
El decreto 527 fue firmado sorpresivamente por el presidente Néstor Kirchner el 20 de mayo y en los hechos organizó el mapa de los medios masivos de comunicación por unos 20 años.
Momentos después de certificar su decisión en la Casa Rosada, el Presidente dijo que el objetivo era otorgarle “previsibilidad” a la actividad del sector y “favorecer las inversiones”.
Una novedad de la disposición del 20 de mayo, es la del articulo 3º que determina que en el plazo de 2 años, cada licenciatario deberá elevar al Comfer un espacio de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población y un plan que prevea la incorporación de nueva tecnología.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, justificó: “(Era) un viejo reclamo de los medios”.
También se hizo hincapié el endeudamiento externo de las empresas, “originado por la necesidad de contar con una infraestructura técnica actualizada que les permita cumplir con sus obligaciones”.
Los actuales propietarios se ven beneficiados porque se suspende el cómputo de los plazos que la ley otorga (quince más diez de prórroga por única vez) al extender por otros diez el término original.
Así, por ejemplo, Telefé estará en manos de Telefónica hasta 2025. América será de Manzano, Vila y Avila hasta 2022. Daniel Hadad será licenciatario de canal 9 hasta 2019 y el Clarín de canal 13 hasta 2025. La Rock & Pop (del grupo mexicano CIE) y Continental y Mitre (Grupo Clarín) no cambiarán hasta el 2018.
Hasta la crisis económica el Estado renovaba esta autorizaciones cuando se acercaba su vencimiento. En diciembre del año pasado, el gobierno «de oficio» renovó las de los canales 13 y Telefé, privatizados durante la presidencia de Carlos Menem en 1989.
Además, la decisión mejora la posición y el valor de las compañías. Por eso otorga un nuevo ingrediente a las empresas endeudadas o con intención de venderse.
Es el caso, por ejemplo, de Canal 9 que se encuentra en plena negociación de su deuda. Hadad había pedido, en enero la prórroga al Comfer, pero el organismo de control se lo negó.

Posiciones enfrentadas

El presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Walter Burzaco, expresó su conformidad con la medida.
“Debemos aplaudir el Decreto firmado por el Presidente de la Nación. Esto nos otorga un nuevo horizonte para salir de la crisis, consolida nuestro aporte a la sociedad, nos permite seguir transmitiendo regularmente y preserva las fuentes de trabajo”, comentó el ejecutivo de Cablevisión, firma que conservará su licencia hasta el 2016.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), Carlos Fontán Balestra, declaró al diario La Nación: “Es muy importante para la libertad de expresión. No es lo mismo saber que se tiene una prórroga de 10 años, lo que confiere estabilidad, cuando hay que salir al mundo con la programación en la era de la TV digital. Y además, con este decreto, no habrá que vivir a merced del poder político, ni pedir favores”.
Sin embargo, la Dirección y la Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó la decisión, pues “supone la definición de una línea de política comunicacional de parte del gobierno acorde a los intereses de los propietarios de medios de comunicación”.
“Una vez más, la política de comunicación se resuelve sin discusión pública. El gobierno otorga un beneficio inaudito a los propietarios de medios de comunicación que formaron grandes grupos concentrados durante la década de los ´90”, sentenció la institución.
Además denunció que la norma “no toma en cuenta las sanciones existentes ni las irregularidades en las titularidades que, hasta las propias autoridades, han hecho públicas: tanto por origen del capital como por la cantidad de medios en un área de cobertura” y que la “metodología del decreto, aunque criticable, pudo haber sido usada antes que para esta decisión de conservadora política de comunicación, para modificar el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que sigue excluyendo a los sectores no comerciales de la posibilidad de tener una licencia”.
La radio comunitaria FM La Tribu definió a la medida como “un obstáculo más para que la Argentina tenga un sistema de medios democrático”. Y acusó al Ejecutivo de sostener una política de medios “al servicio del interés económico de algunos empresarios”, que “negocia silencios, negocia coberturas, negocia negocios. ¿Negocia elecciones?”, se preguntan los trabajadores de la emisora.
”El mapa de concentración de medios durante, fundamentalmente, la década menemista muestra a seis grupos económicos controlando buena parte de la circulación de la información en la Argentina. Muchas de estas firmas están acusadas, por distintas comisiones de investigación del Congreso nacional, de no poder demostrar los orígenes del dinero con que obtuvieron numerosos medios de comunicación”, afirmó La Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura (FETRACOM) .
La idea de renovar estas autorizaciones ya la había estudiado Eduardo Duhalde, cuando era presidente, pero Néstor Kirchner días antes de asumir le pidió que dejara el tema en sus manos.