Senadores aprobo el dictamen

A un paso de la reforma del 45

La Comisión de Sistemas Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara Alta aprobó, aunque con modificaciones, la reforma del artículo que regula el otorgamiento de licencias.
Los Senadores acompañaron el texto, que había obtenido el visto bueno de Diputados, aunque rechazaron la última oración del quinto párrafo del artículo 1°.
En esta parte, el contenido de la Cámara baja establece: “En el supuesto de que esto suceda, la autoridad de aplicación deberá, en cada caso concreto, realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población”.
La cámara Alta propone eliminar esta opción.
Las diferencias surgen en el caso de que las cooperativas sean también prestadoras de servicios públicos; si no existe otra empresa operando en el área se les otorga el permiso pero de existir otro prestador deberá de completarse requisitos extras.
Según explicó el presidente de la Comisión, Guillermo Jenefes, durante los debates la última versión del 45, el espíritu es “evitar el acceso de personas jurídicas que presten servicios públicos, como Telefónica, Telecom o una empresa que esté brindando una prestación bajo la figura de una sociedad anónima”.
La norma en cuestión tuvo su nacimiento en un proyecto del senador Eduardo Moro, basado en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que determinaron la inconstitucional de la legislación que impide a las sociedades no comerciales poseer licencias de radiodifusión.
Luego pasó a la Cámara de Diputados, en donde se introdujeron modificaciones que ahora deberán de ser aceptadas o insistir con el último cambio (para esto Senadores necesitará obtener los dos tercios) para que se convierte definitivamente en ley.
Antes de la resolución del dictamen, los legisladores se reunieron con distintos delegados del área.
Los representantes privados explicaron que en rigor no estaban de acuerdo con ninguna de las dos opciones, pues ambas admiten a las cooperativas como prestadores de radio y TV. Y a la hora de elegir una opción algunas instituciones, como la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) o la Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA), cuestionaron la injerencia del Tribunal de Defensa de la Competencia como “autoridad de aplicación”.
Las asociaciones civiles en general, optaron por la opción de la cámara Baja y expresaron su aprobación con respectos a ambas opciones (la de Diputados y la de Senadores) pues permiten la entrada de las cooperativas como prestadoras de servicios de radiodifusión. Sin embargo, se quejaron de los requerimientos que se piden en caso de que sean además prestadoras de servicios públicos.
“Para una cosa somos legales: para pagar siete impuestos. Para que se tenga en cuenta,
sea evaluado y legislado, algunas instituciones como AADI CAPIF y SADAIC nos persiguen con los abogados”, se quejó Fernando Tupac Amarú Brondo, representante de la Federación Argentina de Radios.
Mientras que Rodolfo Santecchia, presidente de la Cámara Argentina de Cooperativas Mutuales y Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO) argumentó que existía un prejuicio, porque “las cooperativas de servicios públicos son sentenciadas como malas competidoras, predadoras del mercado, evasoras de impuestos y que tienen subsidios cruzados para destruir pymes argentinas”.
Y se preguntó: “¿Debemos aceptar que previamente tengamos que justificar que no vamos a hacer competencia desleal, cuando los que han concentrado el 50 por ciento del mercado del cable en la Argentina no tienen que demostrarlo? ¿Por qué tenemos que aceptar que nosotros somos, de hecho, sospechosos de violar la ley de defensa de la competencia, y los que realmente la violan son “angelitos” en un país en donde hace 21 años que estamos discriminados?”.
Otro punto muy discutido por las operadoras de cable fue la posibilidad de que la entrada de las asociaciones civiles afecte a las medianas y pequeñas firmas que operan en algunas zonas.
Lucio Gamaleri, presidente de la Asociación Pampeana de Televisión por Cable aseguró que ambos proyectos “serán el fallecimiento de las empresas Pymes del país”.
El delegado de la Cámara de Cableoperadores Independientes, Gerardo de Arduriz, manifestó que el fallo de inconstitucionalidad dispuesto por la Corte Suprema “no debería de interpretarse como la posibilidad de competir en desigualdad de condiciones, ya sean laborales o tributarias”.
En la vereda opuesta, Fissore aseguró que las compañías más pequeñas “estarán contenidos por nosotros mismos. Nuestro plantel exterior estará a disposición de ellos. Los vamos a ayudar porque son parte de la comunidad”.
”No existe un conflicto puntual entre pequeños y medianos. Sin embargo, hay muchos cableros chicos que están necesitando asociarse con cooperativas del medio porque se están asfixiando económicamente por los altos costos tecnológicos”, concluyó.