El monto alcanza los 796 millones de dolares

La Justicia aprobó la reestructuración de la deuda de CableVisión

Finalmente, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11 resolvió homologar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de la empresa de televisión paga CableVisión.
La decisión judicial entendió que la compañía había obtenido las “mayorías legales exigidas” y no existía “caso alguno de fraude o abuso” en la oferta presentada para reestructurar la deuda por 796 millones de dólares.
El 5 de julio, el magistrado Miguel Bargalló también impuso a los acreedores Javier Vendramín, Rodrigo Patrón Costas y Luis Alvarez Poli Petrúngaro y solidariamente a sus abogados, Germán Amadeo Voss e Ignacio Nicastro, la sanción de apercibimiento.
En la resolución se consideró “el alto nivel de aceptación que ha tenido la propuesta (de reestructuración de deuda)” de la compañía de cable.
El ofrecimiento, que consiste en un canje de deuda por efectivo, deuda nueva y acciones, obtuvo una adhesión del 99,9 por ciento de los tenedores de obligaciones negociables presentes en la asamblea de bonistas.
Sin embargo, cuando se conoció la propuesta, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) la rechazó y sostuvo que fue “aprobado por accionistas y directores no legitimados” y que además “violaba la ley de Bienes Culturales”, pues esta norma limita a un 30 por ciento las inversiones extranjeras en medios de comunicación.
La opinión del organismo de control se conoció tras una notificación del juez Claudio Bonadío, quien había prohibido convalidar transferencias accionarias, hasta tanto finalizara la investigación para determinar si la compañía violó las leyes de radiodifusión, encubrimientos y lavado de activos de origen ilícito y de preservación de bienes y patrimonios culturales.
“Hoy, más que nunca, estamos trabajando para ofrecer más y mejores productos y servicios a nuestros clientes, para garantizar la fuente de empleo a nuestros más de 3500 empleados y para seguir contribuyendo al crecimiento del país”, expresó el Directorio de la firma, a través de un comunicado.
Y prometieron inversiones en TV digital, TV de alta definición, accesos a Internet y telefonía IP, a través de la red de fibra óptica.

Resolucion del Comfer

Sigue la discusión por las modificaciones en las competencias de locutores

La Sociedad Argentina de Locutores (SAL) manifestó su posición acerca de la Resolución 492/05, que modificó el Régimen de Habilitación de Locutores de Radiodifusión.
“Resulta preciso aclarar que la lectura de boletines informativos, noticieros, noticias aisladas o agrupadas, como tarea exclusiva del locutor fue reglamentada por el Estado hace 59 años”, comentaron José Pérez Nella y Sergio Luis Gelman, presidente y secretario de Prensa y Difusión de la SAL, respectivamente.
Por medio de una carta, brindaron su respuesta a las diversas organizaciones que consideraron que “algunas de las competencias exclusivas de los locutores violaban el Estatuto del Periodista”.
Así explicaron que ”intentar demostrar que la lectura (de boletines informativos) es también una tarea periodística” era una “interpretación caprichosa del Estatuto del Periodista sobre las funciones de los trabajadores de la prensa oral y televisiva”.
También se refirieron a los dichos de Héctor López Torres, secretario de la Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA), quien había afirmado que la medida “obliga a nuestros compañeros a convertirse en locutores en tiempo récord bajo amenaza de despidos masivos de los que salen al aire”.
En este sentido, los delegados de la SAL opinaron que eso constituía ”una falacia en un intento por reivindicar un derecho que nunca se tuvo”.
“Lo único que no deben hacer las personas sin habilitación profesional para hacer uso del micrófono o una cámara, es dar lectura a noticias aisladas o agrupadas en lo que comúnmente se conoce por boletín informativo o noticiero”.
Finalmente destacaron que la “entidad siente el mayor de los respetos por el periodismo y por los compañeros periodistas, por lo que la insólita aseveración y sin fundamentos, de las organizaciones citadas, no sólo perjudica a todos estos compañeros que pertenecen tanto a la SAL como a sindicatos de Prensa, sino que constituye un ataque gratuito a un sistema de enseñanza y de habilitación profesional de locutores jerarquizado por 54 años de existencia y que ha sido tomado como ejemplo en muchos países”.