| *Opinion
El
Plan de Televisión Abierta hace camino al andar
La
primera mirada al cuadro de la televisión abierta en el país
nos muestra la gravísima deuda del Estado (COMFER-CNC) para con
la sociedad, que se ve privada de un ejercicio claro y real de su derecho
constitucional a la información.
Basta recordar que desde hace 40 años no se han adjudicado canales
de televisión y, así, se mantienen la misma cantidad de
estaciones en todo el territorio y subsisten muchas zonas sin prestación
de este servicio o con oferta única de servicio.
Este cuadro no es menor cuando por las consecuencias de la globalización,
casi el cincuenta por ciento de la población hoy está por
debajo de la línea de pobreza y -por ende- el pago de cualquier
servicio de cable es simplemente una utopía quedando las personas,
de ese modo, imposibilitadas de acceder a la información.
Ahora bien, mientras que en los ´90 la sociedad misma fue utilizando
el éter con la apertura de radios FM, cumpliendo un rol social
en cada una de las comunidades en las que se insertaban, la autoridad
de aplicación cerró toda posibilidad de asignación
de frecuencias -provocando el caos actual del espectro-.
De igual modo, hoy, frente a la omisión del Estado de llamar a
concurso para adjudicar licencias de TV, la sociedad misma comienza a
dar respuesta extendidamente a la necesidad de acceso a la información
de sus localidades.
No olvidemos que el propio Estado ha reconocido la gravísima omisión
en esta materia, llegando a invocar que la falta de llamado a concurso
viola el Pacto de San José de Costa Rica.
Más aún, ha entendido que “el Poder Ejecutivo Nacional
considera prioritario saldar la deuda pendiente con los ciudadanos de
la República Argentina, en cuanto libertad de prensa y de elección
de la fuente de información, cultura, educación, comunicación
y entretenimiento” (Decreto1473/01).
Sin embargo, sin dar un mínimo paso para saldar la aludida deuda,
el Ejecutivo siguió caminos contradictorios con el dictado de los
decretos 2368/02, 1214/03 y 527/05. Con el primero autorizó la
instalación de repetidoras del Canal 7 en cualquier lugar del país;
con el segundo, permitió que los gobiernos provinciales sean titulares
de un canal de televisión abierta y con el tercero convalidó
el regimen de concentración vigente, al prolongar por 10 años
los permisos de radio y televisión en todo el país.
Entendemos que es responsabilidad primordial del Ejecutivo asegurar el
derecho a la información de la población, y que por ello,
es indispensable el fortalecimiento de los medios públicos como
política de Estado (no del Gobierno de turno) para garantizar la
democratización de la comunicación.
Ahora bien, ello no es óbice para que siga impidiéndose
a los particulares ejercer el derecho constitucional a desarrollar una
industria lícita, al impedir que ciudadanos argentinos, que comprometen
su inversión en actividad productiva, a su cuenta y riesgo, exploten
medios que aseguren a la población el acceso a la información
de modo libre y gratuito.
Veamos que está ocurriendo en todo el territorio del país.
Al mismo tiempo que el Estado no llama a concurso, la comunidad está
supliendo tal obrar omisivo.
Así aparecen permanentemente, en distintos lugares de la Argentina,
ora capitales de provincia, ora comunidades del interior, canales de televisión
abierta, comprometidos con las localidades a las que pertenecen, con producción
de contenidos locales, rescatando las manifestaciones culturales de sus
ciudades y creando un medio de educación masivo y nuevas fuentes
de trabajo, promoviendo la libertad de prensa y de elección de
la fuente de información, cultura, educación, comunicación
y entretenimiento; muchos de los cuales van obteniendo reconocimiento
judicial.
En ese sentido, se expidió recientemente el Juzgado Federal de
Resistencia, Chaco, brindando protección cautelar a dos canales
de televisión abierta –uno de los cuales es una organización
sin fines de lucro-, brindando protección cautelar para impedir
la declaración de clandestinidad y decomiso de las instalaciones;
entendiendo que la falta de reglamentación podría prolongarse
en forma indefinida.
Es tiempo que el Ejecutivo entienda que en esta materia no hay más
tiempo, que su omisión será suplida de hecho por la comunidad,
que el plan técnico de televisión abierta será diseñado
por los propios radiodifusores y, en definitiva, que el llamado a concurso
llegará tarde.
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Por la Dra. Susana Elizabeth Pachecoy, especialista en Radiodifusión
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