China

Liberan a un periodista tras doce años de reclusión

El periodista chino Wu Shishen, quien se encontraba en prisión desde 1993, fue liberado, según informó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Shishen fue arrestado en 1992 y fue acusado y condenado de “vender secretos de estado” después de que filtró una copia de un discurso que el secretario general del Partido Comunista Chino (PCC) Jiang Zemin iba a pronunciar ante el congreso de ese partido.
Sin embargo, a pesar de su liberación, no recuperará sus derechos civiles ni podrá volver a trabajar para los medios.
De acuerdo a la agencia EFE, el ahora ex prisionero estaba recluido en la principal prisión de Pekín.
En el momento en que fue detenido trabajaba junto con su esposa, Ma Tao, para la agencia oficial de noticias Xinhua. La mujer también pasó seis años encarcelada bajo la misma acusación.
El matrimonio fue detenido por órdenes directas del ex gobernante chino, que dimitió el año pasado como líder de la Comisión Militar Central (-CMC-, máximo órgano castrense), por “divulgar ilegalmente secretos de Estado al exterior”.
La divulgación consistió en pasar una copia de un discurso de Jiang antes de que éste lo pronunciara a un periodista de Hong Kong, entonces colonia británica.
El discurso fue publicado por el “Hong Kong Express” una semana antes de que Zemin lo leyera ante el congreso. Aunque según se dice Shishen aceptó por la información un pago de 700 dólares del periódico, muchas asociaciones como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, creen que la sentencia de cadena perpetua es extremadamente dura.
La filtración de la dimisión de Jiang en septiembre de 2004 se saldó también con la detención de un asistente chino del rotativo estadounidense The New York Times, Zhao Yan, que permanece encerrado por “filtrar secretos de Estado”, por lo que podría enfrentarse a la pena de muerte.
RSF aplaudió la liberación de Wu, aunque mostró su oposición a la sentencia de cinco años de prisión anunciada contra el ciberdisidente El periodista por “violar la seguridad nacional”.
Zhang fue encarcelado en enero pasado por publicar informes en Internet “contrarios a las bases de la Constitución” y que “ponían en peligro la unidad y la soberanía territorial, difundían mentiras y afectaban al orden público y a la estabilidad social”. El intelectual chino se limitó a realizar un análisis de las letras de una banda musical punk que abandonó China hace años, uno de los muchos artículos con los que se ganaba la vida.
“La sentencia confirma que los sistemas de justicia no contemplan la libertad de expresión y que la campaña contra los intelectuales pro-democráticos iniciada por el actual presidente, Hu Jintao, continúa”, señaló la asociación internacional.

En Colombia

Cuestionan cierre de radio de una comunidad indígena

Las autoridades tradicionales del pueblo Nasa colombiano acusaron al Gobierno de “negar el derecho a la comunicación”, “romper la armonía de la comunidad” y ponerla en “alto riesgo”.
Los dirigentes de los Cabildos indígenas rechazaron las acciones y respuestas del Ministerio de Comunicaciones de ese país que cerró la emisora administrada por esa comunidad.
Tanto los Cabildos (autoridad propia dentro del Resguardo) como la Asociación (autoridad tradicional zonal), son reconocidos por el Estado como entidades públicas de carácter especial, con autonomía para gestionar el territorio de acuerdo a “usos y costumbres”.
Por su parte, la ministra Martha Pinto de Hart, no acudió a la asamblea indígena a la que había sido invitada. En su lugar envió una respuesta escrita.
En su carta, Hart aseguró que los cabildos habían “infringido la ley al hacer uso indebido del espectro electromagnético” y que ellos se han cumplido las obligaciones con los pueblos indígenas “instalando 7 emisoras y un centro de producción radial en el Cauca”.
En cambio los Nasa culparon de “omisión y negligencia” al Ministerio de Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Según su punto de vista, el cierre del medio proviene del incumplimiento de la Ley N° 335 que establece que “el Estado garantizará a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro electromagnético y a los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación del Estado”.
Además aseguraron que hicieron “las diligencias necesarias para contar con la licencia de la emisora”.
En Asamblea de gobernadores indígenas resolvieron solicitar al gobierno que cumpla con lo ordenado por la ley y devuelva los equipos decomisados.