*Opinion

Buenas noticias

En 1989, la Ley 23.696 encomendó al Poder Ejecutivo Nacional iniciar el proceso de normalización del espectro radioeléctrico, hasta entonces afectado por algunas emisiones clandestinas de radio y televisión.
Quienes entonces trabajábamos en tele-radiodifusión, comprendimos que el artículo 65 de esa ley -al posibilitar que las emisoras clandestinas funcionen con un permiso precario y provisorio hasta la sanción de una nueva norma - reconocía a quienes en los años de plomo, resistieron a la dictadura, a través de los medios instalados al margen de la legislación.
Esos pioneros fueron así premiados por su contribución en el camino a la democracia, recibiendo la promesa de que bien pronto una nueva disposición les otorgaría la licencia.
El sistema falló, la promesa no se cumplió y en pocos años miles de nuevas emisoras ocuparon las frecuencias disponibles frustrando los intentos de volver al orden y la vigencia de la ley.
Lo cierto es que desde entonces han transcurrido más de quince años y varias administraciones fracasaron en el propósito de regularizar el funcionamiento de las emisoras instaladas al margen. La Autoridad de Aplicación, a veces de buena fe y otras no tanto, aseguró resolver el problema y en realidad contribuyó a agravarlo; solucionando, en el mejor de los casos, las necesidades de amigos y allegados.
Llagamos de tumbo en tumbo a la situación actual.
En 1994, la Secretaria General de la Presidencia de la Nación suspendió el curso del Proceso de Normalización, para resolver la incorporación de las personas jurídicas sin fines de lucro en los alcances del artículo 45 de la 22.285.
La promulgación de la 26053 resolvió el problema, al eliminar la restricción que la normativa sustituida imponía.
El pasado 16 de junio, la Resolución 672 de la Secretaría General dejó sin efecto la suspensión del proceso de adjudicación directa y los concursos para el otorgamiento de licencias de radiodifusión sonora por modulación de frecuencias, aprobó el pliego de bases y condiciones y destrabó el proceso.
Cabe preguntar: ¿será posible recorrer finalmente el camino que lleva a la regularización del espectro?; todos los sectores involucrados tienen dudas y una nueva amenaza ensombrece el incipiente proceso. Se ha de satado una catarata de ofertas que prometen la inmediata solución para quienes aspiran a un permiso.
Asesores, con el rotulo de “expertos” ofrecen licencias, envían formularios e instructivos con esa finalidad, pese a que aún no fueron dictadas normas básicas indispensables.
La codicia de tales “mercaderes” representa un nuevo escollo, genera expectativas y confunden, aprovechando la indiferencia de algunos y la complicidad de otros.
Tal vez la Autoridad de Aplicación deba hacer pública la real situación en que se encuentra el tema; dando amplia difusión al proceso de estudio y consultas en el que está abocado y como previo a reanudar la tarea.
Al fin y al cabo, esa será una contribución indispensable para el esclarecimiento de todos los que esperan obtener una licencia a través de un método sencillo y transparente.

*Por Horacio Martinelli, abogado especializado en radiodifusión