| *Opinion
“El
Comfer se burla de la ley, de la justicia y del cooperativismo”
El
accionar imprevisible del Estado ante la ley ha afectado gravemente la
plena vigencia del derecho. Lamentablemente, la realidad demuestra que
en muchos casos no se siente obligado a respetar las normas si afectan
las necesidades del gobierno o los intereses de turno.
Eso se tradujo en las sensaciones dolorosas que vive la sociedad en general:
impotencia, inseguridad, injusticia, descreimiento en la eficacia del
sistema, indiferencia y hasta repudio.
El COMFER representa uno de los ámbitos en los que, en gran parte,
se actúa contrariamente al respeto de la ley y los derechos. El
organismo, que no ha sido reconfigurado en los últimos 22 años
para adecuarse a las necesidades de la democracia, sigue estructurado
-en lo legal-, de la manera que lo pensó el Gobierno Militar. Y,
el actual Gobierno, en vez de reorganizarlo, justifica en ello que continúe
intervenido.
El organismo no tiene nada de comité, ni de federal y sus interventores
han actuado como patrones de estancia, manejando -nada menos que la radiodifusión-,
de manera discrecional y soberbia. Y el actual Interventor, Julio Bárbaro,
se permite ignorar las normas e incluso las órdenes judiciales,
sin pudor institucional, ni legal.
Así, el ente defendió enfáticamente el anterior artículo
45 de la 22.285, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación
lo había declarado inconstitucional. De la misma manera suspende,
desde el 2000, la vigencia práctica del artículo 39, que
establece la adjudicación directa de los servicios complementarios
(cable, antena comunitaria, entre otros), demora que fue declarada inconstitucional
por la Justicia. O sea, cuando la norma no habilita a brindar radiodifusión
a las asociaciones sin fines de lucro, el COMFER defiende la ley e incluso
no obedece a la Justicia, pero cuando aplicando la ley corresponde que
se otorgue la licencia a esas entidades, suspende su vigencia y pone trabas.
Esto es inconcebible en un estado de derecho.
El tema no queda allí y la viveza criolla al servicio de la discrecionalidad
estatal se recrea nuevamente. Pues si bien la 26053 reformó el
artículo que regula las licencias y autorizó a algunas sociedades
no comerciales a peticionarlas, hasta la fecha y a un año de la
reforma, no se permitió el acceso a ninguna.
Además, el cooperativismo había logrado que la Corte Suprema
ordenara al COMFER abstenerse “de dictar nuevas suspensiones o prórrogas”.
Sin embargo, el 20 de julio de 2006, el organismo dictó la Resolución
1242, que en los hechos lo hace. El texto sostiene que, en aras de la
máxima participación, no se darán los pliegos, hasta
que se discuta ampliamente un proyecto de “Reglamento para el Acceso
a las licencias y prestación de los servicios complementarios de
radiodifusión”.
También dispone que una vez concluido el procedimiento de elaboración
participativa del reglamento y aprobado el mismo por el interventor, se
dictará “el acto administrativo por el cual se regule la
recepción ordenada de solicitudes de adjudicación directa
de licencias”.
Es decir, en una nueva estafa a los derechos de las entidades no comerciales,
se suspende y dilata la entrega de permisos, con el pretexto de una participación
inoficiosa. Luego, y sin establecer fecha fija, se agrega que el reglamento
deberá ser aprobado. Para lo cual, al vencerse el plazo de la disposición,
con seguridad se dictará otra, diciendo que hay que evaluar las
propuestas, por lo que se necesitará más tiempo y recién
después se expedirá, si lo hace.
De una vez por todas, las instituciones no comerciales y quienes defendemos
la lógica de la economía solidaria y el Estado de Derecho
debemos aunar esfuerzos para que no se continúe vulnerando lo que
corresponde. Todo ello, sin dilaciones y con firmeza.
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Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación
Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación
(AIDIC).
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