La situación de ATC a la espera de un nuevo interventor continúa siendo confusa, entre anuncios contradictorios del gobierno, una anunciada "depuración" que no termina de cuajar y la demorada búsqueda de un reemplazante para el renunciado Horacio Frega, que dejó el cargo hace más de dos meses.

La lavada de cara aplicada a la programación parece por ahora sólo eso, una medida decorativa mientras las decisiones importantes quedan en "stand by" hasta que un nuevo interventor con respaldo político se haga cargo del canal. Mientras tanto, el interino Horacio Di Lorenzi (vice de Frega) impulsó la reducción del horario de emisión para ahorrar costos y levantó "Sin concesiones", el programa del polémico Guillermo Patricio Kelly (eso sí, instaló el renacido "Argentinísima" de Julio Mahárbiz).

Hace pocas semanas tomaron estado público las cifras de la auditoría realizada por la Secretaría General de la Nación (SEGEN), que constituyen por ahora el informe oficial del estado de ATC. La emisora tiene deudas con entidades públicas y privadas por un valor que oscila entre los 25 y 27 millones de dólares. Entre los acreedores se cuentan los bancos República, Patricios y Mayo (unos ocho millones); y la DGI, que reclama alrededor de 1,5 millones en concepto de cargas sociales retenidas pero no aportadas. El Sindicato Argentino de Televisión (SAT) asegura que el monto deducido de los sueldos de los empleados del canal, pero que no llegó al sindicato ni a la obra social respectiva, orilla los 900.000 pesos. La DGI –encargada de recibir los aportes- realizó la denuncia penal en el Juzgado Nº 1 en lo Penal Económico. Ya durante la gestión Sofovich, el SAT había realizado una denuncia similar por la retención indebida de aportes jubilatorios.

Según el informe de la SEGEN el canal recauda unos 500.000 pesos mensuales en concepto de publicidad, y gasta en el mismo lapso 4 millones; vale decir que tiene un déficit operativo de 3,5 millones. Unos dos millones se gastan en sueldos para el staff permanente del canal, repartidos de la siguiente manera: 900.000 pesos para 405 trabajadores de planta, y el resto entre el personal jerárquico (268 empleados). Aparte están los convenios individuales con las estrellas del canal; según el diputado radical Normando Alvarez García, autor de un proyecto alternativo para la emisora, entre los conductores hay seis contratos que superan los diez mil dólares mensuales (el mayor es de dieciséis mil).

Con todo, estas cifras son extraoficiales y responden a lo que diversas fuentes vinculadas con el canal deslizaron a la prensa. A comienzos de octubre el secretario de Medios, Raúl Delgado, rechazó una invitación de diputados opositores para dar un detalle de la deuda en el Congreso. Tampoco se sabe exactamente cuánto gira el COMFER –legalmente el "bancador" del déficit- a ATC, ya que las resoluciones respectivas son de carácter secreto; se cree que en el último año las partidas ascendieron a 37 millones de pesos. Por otro lado, en el SAT aseguran que el canal recauda más de lo que expresa el informe de la SEGEN (incluso dudan de que el COMFER aporte lo que le corresponde).

Lo que sí se sabe es que para el presupuesto 1998 se prevén 13 millones de pesos destinados a ATC: es decir, apenas la mitad de lo que el canal gasta sólo en sueldos.

Quiero y no puedo

Más allá de los problemas financieros inmediatos, el futuro del canal estatal continúa siendo oscuro. El presidente Menem aseguró en más de una ocasión su intención de privatizarlo, pero diversos escollos legales vuelven la tarea prácticamente imposible. Para empezar, ATC está expresamente exceptuada en las leyes concernientes a la reforma del Estado; incluso existe una inhibición judicial en tal sentido, que frenó un decreto presidencial de enero de 1996.

Además, el canal 4 –frecuencia inactiva y de mucha menor potencia adonde se mudaría el tan mentado canal "cultural" que reemplazaría a ATC- está envuelto desde hace años en un litigio internacional, ya que se superpone con frecuencias del Uruguay. Y como frutilla sobre la torta, la jueza que interviene en el concurso de acreedores dictó una medida de no innovar que frena todo cambio mayor en la emisora.

Otras iniciativas tuvieron que ver con el posible traspaso de la emisora a la órbita de la Secretaría de Cultura –idea que Delgado maneja entre bambalinas-, y la cesión de buena parte del edificio al Museo de Bellas Artes, que se anunció en junio del año pasado y nunca se llevó a cabo. En realidad el edificio de ATC fue concebido para albergar producciones televisivas, lo que hace difícil su adaptación a otros usos. En el SAT aseguran que la supuesta obsolescencia de la construcción "es un mito", y que los únicos arreglos necesarios son un cambio de membrana en el techo y la refacción de la fachada perimetral. Por otra parte, parte de la explanada fue alquilada a TIBA, que tiene instalado allí un telepuerto.

Deuda inevitable

Durante la gestión de Germán Kammerath –actual secretario de Comunicaciones- tomó forma el concurso preventivo de la emisora. En noviembre de 1996 la jueza María Elsa Uzal homologó la deuda, que ascendía a 62 millones de pesos; Horacio Frega, que entonces ya había reemplazado a Kammerath, anunció el arreglo con bombos y platillos. La deuda empezó a pagarse en marzo de este año.

Pero el insaciable déficit operativo continuaba creciendo: se cree que Kammerath pidió préstamos a los bancos que hoy aparecen como acreedores, para tapar los agujeros. Y la historia continúa.

En estos días hay quien se pregunta si hay real voluntad de nombrar un nuevo interventor, ya que desde la negativa de Pedro Simoncini ningún nombre circula con fuerza por los pasillos del canal. La transitoria gestión de Di Lorenzi –quien no da entrevistas- se estira mientras el ejecutivo, todavía afectado por el último revés electoral, intenta volver a arrancar la maquinaria política. En el ambiente se dice que las decisiones importantes del canal pasan por alguien que no es Di Lorenzi: el gerente general de la agencia estatal Télam, Víctor Taboada.