Por ello es que salieron a dar batalla con todas las armas disponibles y acudieron, en más de un caso, a la justicia.

Y fueron precisamente las leyes las que en primera instancia les dieron la razón y en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, se impusieron medidas de no innovar. Fueron varios los jueces federales que ordenaron la suspensión del proceso tanto a nivel provincial como nacional. Distinto fue el caso de La Plata, donde se ordena la suspensión de los concursos por no estar prevista en ese partido una emisora de categoría «A», siendo que existe únicamente Radio Provincia, dependiente del Gobierno bonaerense.

La provincia de Entre Ríos parece ser la que -hasta el momento- ha jugado sus cartas más altas y logró respuestas, por lo menos desde el lado de la justicia.

Los jueces federales Aníbal Ríos, de Paraná y Juan José Papetti, de Concepción del Uruguay, hicieron lugar a la medida de no innovar presentadas y ordenaron al Estado Nacional, la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y el COMFER suspender para toda la provincia de Entre Ríos el procedimiento de adjudicación de frecuencias.

Lo que dio origen a los recursos fue el accionar del gobernador Jorge Busti, quien había considerado necesario recurrir a las armas legales por lo que convocó a la doctora Alicia Salas para que actúe en nombre de 94 emisoras de FM entrerrianas.

Luego de un minucioso estudio, la abogada presentó una medida cautelar con prohibición de innovar, es decir, como medida cautelar se solicitó a los jueces federales que decreten la medida de no innovar hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad planteada, la suspensión del llamado a concurso público para la adjudicación de licencias de FM y la implementación de un nuevo sistema "que respete la realidad social, geográfica, cultural de la provincia, los derechos adquiridos y sobre todo las potestades legislativas del Congreso Nacional".

Paralelamente, el estado provincial inició las tramitaciones pertinentes para elevar sus reclamos al defensor del pueblo nacional, Jorge Maiorano, quien resolvió unir esta causa a la iniciada por los radiodifusores con PPP de Buenos Aires.

En la capital de la provincia de Buenos Aires se vive una situación legal completamente diferente, ya que la acción de amparo llevada adelante tiene como objeto que el COMFER se abstenga de continuar con el concurso público convocado mediante resolución 76/99 "en cuanto aparta de la asignación de emisoras de frecuencia modulada clase A al partido de La Plata y su zona adyacente, en la que a su vez, ejerce su actividad la emisora 92.1 Emisiones platenses", demandante en el juicio que lleva el juez federal Ricardo Omar Ferrer.

Como consecuencia, se decretó medida cautelar de no innovar, a fin de que el organismo dirigido por José Aiello se abstenga de impulsar el procedimiento administrativo de selección previsto en las resoluciones 16 y 76/99 hasta tanto recaiga resolución judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada.

Finalmente cabe acotar que según pudo establecer RTA en jurídicos del COMFER, este organismo fue notificado de la sentencia el lunes 26 del actual, por lo tanto regían las 48 horas de plazo para presentar la apelación en Cámara.

En Córdoba el juez Alejandro Sánchez Freytes resolvió mantener "el rechazo de la medida cautelar solicitada por los accionantes en los términos en que fue peticionada". Pero como aclaración sostiene que debe concederse del siguiente modo: "se permitirá la continuidad de las transmisiones de las amparistas en las actuales condiciones, en la frecuencia que se encuentran autorizadas, mientras se sustancia el presente amparo; y en la alternativa que las amparistas opten por presentarse al concurso con reservas , no se les exija el cumplimiento del desistimiento de acciones judiciales del art. 3 inciso a) de la Resolución 16/99 del COMFER". La medida cautelar requerida por trece titulares cordobeses de PPP consiste en que se ordene la suspensión del llamado a concurso público y la adjudicación directa para la obtención de las licencias para las estaciones de FM comprendidas en el art. 4 inciso a) y b) del decreto 310/98.

En cuanto al objeto del amparo, apunta a que se declare la nulidad absoluta del llamado a concurso así como también del decreto 310/98.

Por su parte, los miembros de la Asociación de Radiodifusores Legales de Córdoba –Arlecor- representados por Antonio Capella, su presidente, elevaron un memorando al doctor Germán Kammerath en el que se expresan los fundamentos de la presentación de los recursos de amparo interpuestos por los radiodifusores con permiso precario y provisorio.

En el mismo, los socios de Arlecor sostienen que "el único proceder para regularizar la actual situación es normalizar mediante una ley del Congreso de la Nación".

Los radiodifusores con Permiso Precario y Provisorio, conocidos como PPP, se manifestaron en contra del proceso de normalización de emisoras de frecuencia modulada en tanto consideran que han sido violados los derechos adquiridos por más de diez años de actividad.

Una de las primeras medidas fue enviar una carta documento con copia a los organismos pertinentes, en la que solicitaban su intervención urgente "para que el COMFER revea y/o modifique la Resolución 16/99 según Decreto 2/99, en defensa de nuestros derechos constitucionales e internacionales vulnerados por los decretos y resoluciones precitadas up-supra, y en resguardo de los derechos obtenidos en una década ejerciendo la Radiodifusión con observancia irrestricta de la Ley 22.285". Solicitaron asimismo vista del Expediente Nº 4587-COMFER/98, con los efectos suspensivos que dicho pedido trae aparejados e hicieron reserva de los fundamentos del reclamo administrativo incoado.

Una vez presentadas éstas, se les permitió tomar vista del expediente del que surgen el decreto 2/99 y la resolución 16/99, en cuya página 86 el presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Roberto Catalán, señala que "la modificación que se propone realizar al decreto 1357/89 podría acarrear problemas con quienes cuentan con permisos precarios provisorios". Y agrega: específicamente el artículo 6º del -que por diciembre de 1998- era el decreto por el cual se proponía ratificar el Plan Técnico, "se contrapone con la atribución de competencias efectuada por el artículo 94, incisos b) y f) de la Ley 22.285, seguida por los decretos 1185/90, 1620/96 y 80/97".

Entre otro de los pasos que siguieron los radiodifusores con PPP puede señalarse el acercamiento que tuvieron con el defensor del pueblo, Jorge Maiorano. El funcionario –como se mencionó anteriormente- consideró que los hechos que se le expusieron tenían similitud con los investigados en la actuación Nº10.266/99 caratulada "Gobierno de la provincia de Entre Ríos, sobre solicitud de intervención ante el llamado a concurso del COMFER para el otorgamiento de licencias para estaciones de radio de FM". Por lo tanto, se le asignó a ambas trámite conjunto, como consecuencia de lo cual Maiorano elevó un pedido de informes al interventor José Aiello.

En particular, solicita que "se expliciten claramente los criterios de evaluación que serán empleados para la adjudicación directa de licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia correspondientes a las categorías E, F, y G". También "se amplíe el régimen de excepción contemplado por el artículo 7 de la resolución 16/99 de ese organismo, contemplando a tal efecto las realidades socioeconómicas de las poblaciones donde se localizaran emisoras". Vencidos los plazos establecidos para este tipo de trámites, Aiello no dio respuesta alguna.

Los radiodifusores de la provincia de Buenos Aires también se movilizaron, logrando respuestas varias y de distinta índole.

Los concejos deliberantes de distintas zonas, como Vicente López, Pigue, Lomas de Zamora y Morón, entre otros, expresaron su preocupación por el tema y declararon las emisoras de FM de interés municipal". Asimismo, solicitaron la "suspensión del Plan Técnico Básico Nacional de Frecuencias dispuesto por el COMFER hasta tanto se sancione una ley nacional de radiodifusión que contemple los derechos de las emisoras de FM que actualmente están funcionando".

Se realizaron tres reuniones en la ciudad de La Plata, con la presencia de más de 170 propietarios de emisoras. Se movilizaron hasta la Casa de Gobierno provincial y se entregó un petitorio con el objetivo de que llegara al gobernador Eduardo Duhalde y a los concejos deliberantes de toda la provincia.

En la mencionada carta, los radiodifusores bonaerenses sostienen que "más allá de las exigencias económicas, técnicas y administrativas que no se adecuan a la realidad del sector, las frecuencias a adjudicar han sido seleccionadas arbitrariamente y no resultan suficientes para dar una respuesta mínima a la demanda actual". Al mismo tiempo, las distintas secciones de la provincia de Buenos Aires se reunieron en asamblea para tomar medidas de acción conjunta.

Por otra parte, en un comunicado de prensa emitido desde la Comisión de Medios de Comunicación provincial, cuyo presidente es el senador Jorge Drkos, se señala que se gestionaría un crédito a través del Banco Provincia para facilitar la financiación para aquellos radiodifusores que no puedan acceder a los montos impuestos para inscribirse. Pero los permisionarios de FM son escépticos con respecto a esta medida, ya que no hay demasiada claridad al respecto.

En tanto Osvaldo Mércuri, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, ingresó un proyecto por el que se reclama al COMFER que se flexibilicen las condiciones para las adjudicaciones de licencias y se prorroguen por 60 días los plazos de presentación para emisoras de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, unas cincuenta radios se autoconvocaron frente al anexo del Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires para dejar un petitorio e informar a los mienbros de la comisión de comunicaciones de la Cámara de Diputados. Pero no tuvieron suerte dado que no pudieron conseguir que algun legislador de esa comisión los recibiera. Evidentemente le esquivaron al tema que quema, máxime al partido oficialista. Quien sí escuchó amablemente a los hombres de radio fue el radical Carlos Casella, aunque este integra la comisión de trabajo.

La Asociación de Propietarios de Radios de Misiones reunió a sus miembros para decidir los pasos a seguir, y manifestarse en contra del proceso de normalización ya que lo consideran "disparatado, propio de un sistema autoritario".

En cuanto a la situación de las PPP, la entidad sostiene que "deberían tener una adjudicación directa –sin necesidad de comprar nuevos pliegos y realizar considerables gastos- en razón de que por diez años han estado cumpliendo con las reglamentaciones en vigencia".

Por otra parte, las autoridades de la asociación misionera negaron las versiones que señalaban que habían mantenido una reunión con el gobernador de la provincia, Federico Puerta. Cabe aclarar que la misma fue solicitada pero hasta el momento de hacer estas líneas no se concretó. Tampoco tienen fecha las audiencias con el intendente de Posadas y candidato a gobernador por el PJ, Carlos Rovira.

En tanto, los concejales habrían decidido –por unanimidad- declarar de "interés municipal" a las radios de frecuencia modulada que operan en su zona.

Entre tantos comentarios, comenzó a correr un rumor que indicaba que en la provincia de Río Negro se habría conformado un COMFER provincial y que se habría redactado una ley de radiodifusión local. Asimismo, se comentaba que el gobernador ríonegrino habría comenzado a entregar licencias a las emisoras de su territorio. Pero fuentes confiables desmintieron todo esto a RTA; los radiodifusores sólo están tratando de ponerse al tanto de la situación a nivel nacional y están viendo la forma de agruparse para solicitar la suspensión del proceso de normalización.

Para ver la foto Haga Click AquíEl reclamo de las radios comunitarias en el Congreso