ATC: advierten sobre una privatización encubierta

El primero de ellos se refiere a lo que–según el personal del canal- se trataría de una privatización encubierta, mediante la licitación de la frecuencia 7 de VHF en la cual transmite ATC.

La mencionada licitación fue dispuesta por el decreto Nº1022/95 que, al mismo tiempo, le asigna para su operación el canal 4.

En consecuencia, la Asociación considera que dicha frecuencia no es utilizable para realizar emisiones en el radio de Capital Federal y Gran Buenos Aires, por interferir con los canales 4 de Montevideo y de Dolores (Uruguay). Como es de suponer, «esta situación podría generar un conflicto internacional, sobre todo cuando el país hermano ya formuló advertencias serias sobre las consecuencias que podrían acarrear las interferencias». Por lo tanto, la única solución técnica posible –según el personal jerarquizado de ATC- sería «disminuir la potencia de la emisora argentina con la consiguiente reducción de su área de transmisión».

La situación actual, afirma la APJ de ATC, es la siguiente: la licitación de la frecuencia 7 está inhibida por la medida de no innovar resuelta por el Juzgado que entiende en la causa, por entender que el cambio de canal perjudicaría económicamente a la empresa y arriesgaría las posibilidades de los acreedores de recuperar sus créditos. No obstante, el apoderado del COMFER –según afirman— presentó un recurso de apelación contra la mencionada medida.

El segundo tema al que hace referencia la declaración es la Resolución Nº3462 de la Secretaría de Comunicaciones que asigna a ATC la frecuencia 4 para realizar pruebas de transmisiones en televisión digital. La entidad relacionada con la emisora oficial considera que el canal más apropiado para dichas transmisiones experimentales es el 8.

Por todo lo mencionado anteriormente, la Asociación del Personal Jerarquizado de ATC SA se propone iniciar una campaña de esclarecimiento en la opinión pública, en el ámbito legislativo y solicitar la intervención del defensor del pueblo de la Nación.

En la declaración firmada por los integrantes de la Comisión Directiva de ATC SA, se hace alusión a los sustentos legales e históricos sobre los que se apoya el pedido de no privatización del canal.

Entre otras consideraciones, se sostiene que "el andamiaje jurídico de la televisión pública argentina está constituido por la Ley 22.285 que establece el Servicio Oficial de Radiodifusión, uno de cuyos componentes es la emisora de propiedad del Estado nacional que transmite por la frecuencia de canal 7 en el radio de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y llega a la totalidad del país, incluso a las zonas más remotas, mediante sus repetidoras; proyectando a su vez por vía satélite sus imágenes a todo el mundo".

Más adelante, en la declaración se afirma que "este canal opera desde hace casi medio siglo; fue el precursor de la técnica de comunicación audiovisual y mantuvo su continuidad a través de distintas formas societarias. La ley prevé el financiamiento del SOR y sus componentes mediante un gravamen sobre la publicidad televisiva. Por su parte, la Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696), en sintonía con la citada Ley de Radiodifusión, excluye taxativamente al canal público de los procesos de privatización, concesión o transferencia a que fueron sometidos los servicios públicos de propiedad estatal".

Como consecuencia de todo esto, la Asociación del Personal Jerarquizado de ATC SA opina que "la televisión pública argentina debería gozar de un sólido emplazamiento para desplegar sus mejores posibilidades, ofreciendo un servicio de la mejor calidad, equivalente a los que proporcionan los canales estatales en los países más avanzados. No obstante, la realidad de ATC SA, su desempeño artístico y su situación económica

–todo lo cual es del más público conocimiento- desmienten hoy esta presunción".

Es pretensión de la Asociación solicitar, por lo tanto, la intervención del directorio de ATC ante el COMFER para mantener la señal 7 en uso y que se le asigne el canal 8 para las experimentaciones en tecnología digital; además solicitarán a la Comisión de Comunicaciones del Senado el tratamiento de la ley con media sanción elevada por Diputados. Asimismo, elevarán un pedido de reapertura de causa ante el defensor del pueblo nacional y solicitarán el apoyo de la opinión pública en general.