Por Dr. Horacio F. Martinelli

En los últimos sesenta días, el Proceso de Normalización de Estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia, repetidamente avanzó y se detuvo por medidas cautelares decretadas por jueces federales del país; evidenciando que se ha arraigado la saludable práctica de control sobre los actos del Poder Ejecutivo por parte del Poder Judicial.

En el transcurso del espinozo proceso por el que atravezaron las emisoras de baja potencia, sostuvimos siempre la necesidad de dar solución definitiva al problema de las estaciones que funcionaban sin la licencia estipulada por la Ley. Ahora, el descenlace de tal cuestión nos parece preocupante.

En igual sentido se han expedido los representantes de las actividades radiofónicas nacional e internacionales, las cámaras empresarias, los cuerpos legislativos nacionales, provinciales y aún los municipales, las entidades gremiales ya sea profesionales o que nuclean a trabajadores, la actividad, las instituciones religiosas y cooperativas, los partidos políticos a través de distintas personalidades representativas y las más variadas expresiones de la vida nacional.

La opinión es unánime. Hay que hacer algo para solucionar el problema. El paso del tiempo empeora sistemáticamente las cosas. Es imprescindible adoptar alguna medida y el COMFER no lo hace o está impedido de hacerlo.

Paralelamente un intento parlamentario naufragó en medio de disputas por el poder.

Lo propio aconteció con el traspaso jurisdiccional entre la secretaría de información pública y la de comunicaciones que culminó en un lamentable ida y vuelta que produjo mayor confusión y dejó heridas aún sin cerrar.

Convocado el Concurso para la normalización de las emisoras de FM disentido si, cuestionable en algunos aspectos también, pero concreto y real, esperado, viable, sobre todo, única salida al alcance de la mano luego de diez años; su desenlace a esta altura es incierto.

Ahora, surgen quienes entorpecen el proceso de normalización so pretexto por ejemplo en uno de los procesos en trámite ante el Juzgado Federal de La Plata, primero recurriendo a la justicia porque no se había establecido ninguna frecuencia categoría "A" para esa ciudad; y luego cuando se solucionó ese aspecto, insistiendo en su planteo aduciendo que las licencias de las categorías menores no podían ser concedidas por el COMFER.

Mientras su acción paralizó el trabajo, los esfuerzos, las inversiones y gasto de quienes se han presentado al concurso o está en vias de hacerlo; el reclamante peticiona la regularización de una emisora en la banda inferior y opera su emisora con 35 KW de potencia, muy superior y en abierta violación a las normas que rigen al respecto.

Además, existen procesos judiciales que tramitan en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Campana, San Martín y, en la Capital Federal y otras, que por diversos motivos complicaron el proceso de normalización.

Así, entre quienes claman desde sus propios intereses, los que argumentan que no están en condiciones de asumir erogaciones, los que prefieren la marginalidad para no cumplir sus obligaciones tributarias, los que dañan el mercado publicitario malvendiendo espacios en valores misérrimos, los que condenan a locutores y técnicos a no contar con habilitación profesional, los que aún no han logrado entender que es un espectro radioeléctrico saturado, los que especulan politicamente en uno u otro sentido, los que creen que si se aplica otra receta la salida les será más beneficiosa a ellos o a sus amigos o, en definitiva, los que creen que habrá soluciones mágicas, sin concursos, sin decantaciones, en un "status" ideal, con un final en que "todos fueran felices", el proceso de normalización marcha a los tumbos.

Los perjuicios que han causado son enormes, sin embargo, es justo manifestar que todo esto no son expresiones espontáneas de los radiodifusores. En verdad, la gran mayoría de los casos es producto de la desidia, la inacción y los repetidos errores de la autoridad de la aplicación.

Todo cuanto se diga del COMFER será redundante, ya que se habló hasta el cansancio. De los últimos errores, el alto costo de los pliegos y la obligación del cierre de emisoras que impone el decreto 310/98 están entre los más burdos y pudieron ser evitados facilmente.

En cambio, la nunca nombrada Secretaría de Comunicaciones, en estos momentos es la que sin duda, se lleva las palmas.

El propio Plan Técnico de Frecuencias para FM del que nos hemos ocupado en otro trabajo publicado, señalando gruesas falencias, ha mostrado que esa Secretaría, en los hechos, desconoce que al Comité Federal de Radiodifusión se le han restituido sus misiones y funciones y , eufemismos mediante, maneja cuestiones más allá de su competencia, y usando el recurso de la avocación por un lado y presentando hechos consumados por el otro, hace y deshace a su entero antojo.

La más reciente medida que tomó esa Secretaría despoja al Servicio Oficial de Radiodifución del uso del canal principal de la frecuencia 99.1 MHz que tenía asignado desde más de 40 años.

Ante el panorama mencionado lo recomendable es: Ejercer el derecho de defensa que establece la Constitución Nacional. Es la garantía que tienen los ciudadanos dentro del estado de derecho.