EDITORIAL

Toma todo

La modificación de la Ley de Radiodifusión mediante un decreto de necesidad y urgencia desnuda una cruda realidad que tiene que ver con la dejadez del poder legislativo en esta materia. Así, el PEN volvió a convertirse en legislador e hizo cambios de gravitación en un texto que indudablemente necesita agiornamiento.

Entre las novedades se permite ahora que una persona física o jurídica pase de tener cuatro licencias a la friolera de veinticuatro, justificando que era "necesario revisar el concepto de multiplicidad de licencias". Las ciudades grandes quedarán en manos de unos pocos. Esta sin duda es una movida que irremediablemente traerá beneficio a los grupos que hoy manejan diversidad de medios de comunicación. En consecuencia le quitará posibilidades de desarrollo a licenciatarios del interior del país que tengan emisoras o aspiren a constituirse en radiodifusores en sus localidades. Sin duda se sentirá la fuerza del capital de Buenos Aires sobre mercados más modestos. Quienes consiguen pautas publicitarias en el primer distrito del país ahora podrán ofrecer el ámbito nacional. Esto también favorecido por la posibilidad nueva de constituir redes privadas. Si hasta ahora era materia de discusión que emisoras de Buenos Aires vendieran su programación al interior, ahora es mucho más grave que ya los poderosos de aquí no necesiten de las radios de otros para entrar a decenas de localidades alejadas. De tal modo cortarán posibilidades laborales al mermar la producción local y además, se reducirán la ya tenues pautas publicitarias que vienen recibiendo las radios independientes de muchos lugares.

Contrariamente a la letra del Decreto 1005, que considera oportuno el cambio atento a que se está en pleno proceso de ejecución del Régimen de Normalización de FM, desde aquí creemos que la normalización ha recibido un duro ápercat (permítase escribir así esta palabra). Lo mismo quienes se han anotado para una licencia.