El Comfer avanza con un plan para la TV por cable

El COMFER trabaja intensamente en una nueva reglamentación que permita modificar sustancialmente el sistema de penalizaciones por infracciones a las reglas establecidas para los contenidos en pantalla. Pese al sigilo con que se manejan los proyectos en danza, R&TA pudo saber que en el organismo que dirige Gustavo López, hay una idea madre sobre la que gira la nueva tónica que se le pretende imprimir al reglamento para penalizaciones. Los trabajos están apuntados, esencialmente, a la televisión por cable. Y la explicación que brindan voceros del COMFER, con estricta reserva de identidad, es que la reglamentación actual es, por lo menos, injusta. Hoy, el COMFER sólo puede sancionar -generalmente a través de multas- a los licenciatarios de las señales de cable en cuyas pantallas aparecen escenas vedadas a segmentos no comprendidos por el horario de protección al menor. Así, por ejemplo, si el dueño de una señal que tiene su radio de acción en el Chaco pone en el aire un canal de películas, en una de las cuales aparece una escena de sexo explícito a las 19 horas, la multa no la sufre el canal que produce el contenido sino el propietario del cable que la tiene contratada. Como esa misma señal la tienen, además, la mayoría de los cables del país, el COMFER debería multar a todos los cableros, lo que de por sí aparece como desproporcionado e inicuo. Pero además, para que esa sanción se aplique, el COMFER debería tener nutridas delegaciones fiscalizadoras en cada confín del país, en cada pueblo. Y en el escenario de cuasi penuria económica que afronta, eso no sólo es imposible: raya en la quimera. “El cablero no es productor de contenidos. Tiene contratos con señales que dicen conocer las reglas fijadas por el COMFER, pero muchas veces no las cumplen. Cuando se les imponen multas a los dueños de las compañías de TV por cable, lo lógico sería que ellos trasladaran esas penalidades a quienes le dieron origen, es decir a los que sí producen contenidos. Pero eso no pasa. En consecuencia, el único perjudicado es el cablero que, en muchos puntos del país, no está haciendo un negocio sino brindando un servicio”, explicó a esta publicación una alta fuente del COMFER. El caos en que se desarrolló la industria de la TV por cable en la Argentina hizo que, entre otras cosas, no se previeran situaciones como éstas. El COMFER apunta a buscar una solución a través de lo que, en principio, sería la creación de una licencia de señal de cable. “Seguir poniendo multas es hacérselas pagar al abonado. En Buenos Aires hay un importante centro de miradas que en el interior no se da. Entonces le ponemos multa a Cablevisión y Multicanal, y al cable de Villa La Angostura, que pasa lo mismo, no se la aplicamos porque no tenemos capacidad en las delegaciones del interior de estar controlando cada cable. Cuál es la solución? Creemos que hay que controlar a las señales que se multiplican en todo el país y que la tienen la mayoría de los cables. Con eso resolveríamos el 95 por ciento del problema; sólo nos restaría la señal local y allí sí habría capacidad operativa de la delegación para controlar”, explicó la fuente. La vuelta de la cinta testigo Como medida adicional -una, entre muchas- el COMFER impulsará una revisión general de la reglamentación que reinstaure la obligatoriedad para los operadores de cable de tener la denominada “cinta testigo” por un determinado lapso que aún no fue fijado. “Hay que volver a la legislación que les obliga a los licenciatarios a tener grabado durante un período la cinta testigo. El cablero puede hacerlo, porque no es un productor de contenidos. Nosotros no podemos; sufrimos una deficiencia estructural y no tenemos capacidad operativa”. Las fuentes explican que si se mantuviera en la futura ley de radiodifusión el sistema actual, señales como HBO, Muchmusic o aún las internacionales, podrían recibir hasta 600 multas por una misma y única infracción. “Desde el punto de vista jurídico sería válido, pero desde el sentido común no resiste el más mínimo análisis”. Combatir la evasión Otro de los temas que preocupa a las autoridades de la radiodifusión en la Argentina es el de la evasión tributaria que el sistema actual -que no dudan en calificar de “perverso”- facilita a los propietarios de señales de cable. El porcentaje que debería ingresar al COMFER en concepto de gravamen por la pauta publicitaria de las señales y de los cableros no está ingresando. Si una señal no está registrada pero vende publicidad, sencillamente no paga (nadie le cobra) el monto que le corresponde al COMFER. Y eso se llama, lisa y llanamente, evasión. Pero además hay otros problemas: la actual ley de radiodifusión, la 22.285 -condenada a muerte aunque todavía sin fecha de ejecución establecida- establece un máximo de seis minutos de publicidad por hora de emisión. Aún suponiendo que esa legislación se cumpliera (cosa que, como quedará claro más adelante, no sucede), hay una catarata de damnificados en el recorrido del aviso publicitario. “El producido de esa publicidad al cable no le llega. Las señales pasan publicidad incluida dentro de sus propios contenidos, y el cablero, que pone la señal en el aire, de ese dinero no ve ni un centavo”, explican las fuentes. Ese perjuicio que sufren los cableros tiene su correlato, indirecto -es cierto- en la radiofonía. El COMFER tiene establecido que la publicidad en cable tiene valores que se asemejan a los de la radio. Pero a condiciones iguales, los cables le sacan publicidad a las radios -según la teoría que sostienen las autoridades de la radiodifusión en la Argentina- y generan lo que no dudan en calificar de “competencia desleal”. La explicación es sencilla: las radios deben pagar un gravamen sobre la publicidad que venden del orden del ocho por ciento. Los cables no lo pagan. Entonces, los cables tienen la posibilidad de vender avisos con un ocho por ciento de diferencia respecto de las radios. Recuden el reparto de la torta publicitaria, no aportan desde el punto de vista fiscal y sólo se benefician a sí mismos. En materia de publicidad, la otra cuestión en danza es determinar qué se va a hacer con las señales que son, por definición temática y de contenidos, avisos continuos. Allí el panorama no está claro: en el COMFER piensan que hay que autorizarlos, sobre todo porque por sus características, el televidente que decide verlo sabe qué es lo que tendrá en pantalla. Pero cómo cobrarles los gravámenes? Sobre qué parámetros? Una idea, que por ahora es sólo eso, es la de aplicar el cánon sobre la facturación global devengada mediante un cálculo que contemple las ventas reales de los anunciantes. Otra alternativa es fijar un monto determinado, a condición de que el canal publicitario respete ciertas pautas, especialmente en lo que hace a no emitir publicidad falaz. Una hot line Cuando este ejemplar de R&TA esté en manos de sus lectores, probablemente ya esté habilitada una línea de llamados gratuitos (un 0-800) que el COMFER pondrá a disposición de los televidentes a modo de experiencia piloto y por el lapso de un mes. Al cierre de esta edición, se estaban ajustando detalles técnicos y operativos para ponerlo en marcha. “La idea es ligarlo al acuerdo sobre los contenidos, en una primera etapa. Queremos que el conjunto de la sociedad pueda llamar y opinar sobre lo que tiene en pantalla. Aprovechamos que el lanzamiento de las normas sobre contenidos es reciente y le pedimos a la gente que opine”, confirmó un vocero del COMFER. La línea estará abierta 24 horas desde (las fechas aún no estaban confirmadas) el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Simultáneamente, el COMFER lanzará, a través de una encuestadora privada, un sondeo para completar el cuadro de opinión: “pulsar lo que dice la sociedad, más allá de lo que dicen los llamados de los que protestan”, sintetizó el informante. La línea de llamada gratuita arrancará con cinco puestos fijos de atención a usuarios, pero tendrá una capacidad reservada para abrir hasta 30 puestos más, en previsión de que -sobre todo en los primeros días- las líneas puedan saturarse. Superado ese primer mes de experiencia piloto, la línea será momentáneamente deshabilitada para un trabajo de evaluación, que coincidirá con las fiestas navideñas y el período de vacaciones veraniegas. En marzo, volverá a estar disponible y según la intención de las autoridades, para entonces tendrá carácter de definitivo. Durante la pausa, el COMFER diseñará un esquema definitivo de interacción con los usuarios. El anuncio del 0-800 se hará a través de los medios de comunicación, en formato de noticia, y también con spots publicitarios que, además de pulsar la opinión sobre los contenidos de pantalla, pedirá a los televidentes que opinen y aporten ideas para enriquecer las normas de contenidos. En cuanto a la encuesta complementaria, se hará sobre un universo de todo el país mediante llamados telefónicos, y tendrá puntos de consulta callejera destinados sólo a los usuarios que no poseen teléfono. ¿En que anda la nueva ley? Mientras tanto, el borrador del anteproyecto de nueva ley de radiodifusión sigue circulando por despachos oficiales, de legisladores y de personajes vinculados a la actividad. Pero según dijeron a R&TA fuentes parlamentarias, en ese cuestionado poder republicano se ha topado con algunos escollos. Por lo pronto, hay otros dos proyectos ya presentados: uno del senador Angel Pardo (uno de los investigados por el juez federal Carlos Liporaci por los presuntos sobornos para la sanción de la Ley de Reforma Laboral) y otro del diputado Norberto Nicotra. El proyecto de este último, según las mismas fuentes, tendría una fuerte inspiración en los ejecutivos del Grupo Vila, de fuerte presencia en Mendoza y de sólidas vinculaciones con los anticastristas cubanos exiliados en Miami, dirigidos por el fallecido Jorge Mas Canosa. A ese grupo pertenece, también, el ex ministro del Interior durante el menemismo, el mendocino José Luis Manzano. El presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja, el diputado Etchevere, había anunciado elípticamente su rechazo a la iniciativa oficial e incluso se le atribuye haber dicho que no respondería a un convite del COMFER para formular observaciones y enriquecer el borrador que le habían enviado a la Comisión. Sin embargo, fuentes del COMFER dieron otra versión de la situación. Según esos informantes, el presidente de la Comisión ya envió al organismo que regula la radiodifusión en la Argentina un escrito de tres carillas con opiniones sobre el proyecto. Además, respondió un cuestionario de diez preguntas, también remitido por el COMFER, cosa que no hicieron la mayoría de sus colegas de Comisión. En el COMFER aseguran que ya se realizaron tres reuniones con diputados y asesores, en las que se discutieron cuestiones vinculadas al proyecto de ley y se analizaron criterios sujetos a eventuales modificaciones. Por su parte, el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado le envió una misiva a López en donde le advertiría sobre mayor participación de las provincias en la radiodifusión, como la inclusión de la Secretaría de Defensa de la Competencia para que tenga influencia decisiva. Hasta el momento los senadores no han establecido criterio alguno respecto de las sugerencias hacia el proyecto oficial. Sólo hubo reuniones de asesores y se especula con la idea de que finalmente el proyecto oficial no se presente para la fecha establecida. Lo que queda claro es que el plazo inicial que se habían fijado las autoridades, de presentar el proyecto de ley ante el Parlamento, el 30 de noviembre, no se va a cumplir. La única posibilidad para que el proyecto sea enviado antes de que finalicen las sesiones ordinarias del Congreso es que el presidente Fernando De la Rúa decida incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias, cosa que -todo parece indicarlo- no ocurrirá. El proyecto tendrá estado parlamentario sólo el primero de marzo del año próximo, cuando comience el período de sesiones ordinarias. En el COMFER prevén que habrá entre tres y cinco puntos de difícil consenso entre todas las partes. Los que se insinúan como más conflictivos tienen que ver con la relación entre el Cine y la TV, y la cantidad de licencias de televisión que puede poseer un mismo propietario. El COMFER abona el criterio de que el número máximo debe ser 12, en cambio el proyecto del diputado Nicotra fija la cantidad en cuatro. Otro punto a discutir será el del nuevo encuadre jurídico de la TV pública, atento a que existe una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación de crear un gran holding de medios estatales en el que estarían incluidos Canal 7, Radio Nacional, la Agencia Télam y todos los servicios colaterales que prestan esos medios. Sobre estos puntos, es poco lo que se ha avanzado. También a ello apunta el estiramiento de los plazos fijados inicialmente.