Se aceleran los tiempos judiciales Por Radio Nacional, María Julia tiene problemas con la justicia

La historia de una presunta estafa en perjuicio de Radio Nacional, perpetrada durante la eufórica etapa de privatización de empresas estatales, está a punto de quedar al descubierto y sus responsables, por increíble que parezca, pueden ir a la cárcel. La noticia tiene repercusión mediática porque el personaje principal involucrado es María Julia Alsogaray. Pero la gravedad de la causa excede largamente al personaje. Entre 1990 y 1994, en plena etapa de privatizaciones y posterior venta de inmuebles pertenecientes a las ex empresas estatales que pasaban a manos de inversores, por lo general extranjeros, a María Julia Alsogaray le tocó en el reparto, entre otras cosas, privatizar ENTEL. La ex empresa telefónica argentina tenía en la localidad de Pacheco una propiedad inmueble que compartía en su propiedad con Radio Nacional. Allí no había instalaciones telefónicas específicas sino infraestructura de la radio: planta transmisora, antenas y otras menudencias que con la telefonía sólo tenían que ver algunos aparatos instalados como en cualquier casa de familia. María Julia Alsogaray también vendió ese inmueble. De buenas a primeras, Radio Nacional se quedó sin ese terreno y, como había una decisión política de por medio del anterior gobierno, y el afán privatizador -según prometían las autoridades económicas de la época- daría como resultado una Argentina próspera, moderna, a la altura del primer mundo, las autoridades de aquella época no cuestionaron la operación. Pero como el legendario grupo de rock argentino Vox Dei sostiene en su canción “Presente”, todo concluye al fin, nada puede escapar. Y el menemismo, como gobierno, llegó a su fin tras diez años en el poder. A finales del gobierno de Menem, los terrenos de General Pacheco fueron vendidos. Eran tiempos de decisiones tomadas a las apuradas y, precisamente por eso, fueron las primeras en ser sometidas a revisión por el nuevo gobierno de Fernando De la Rùa. La Oficina Anticorrupción, una promesa electoral de la Alianza impulsada por el Frepaso, revisó aquella venta. Y su titular, el ex juez de un tribunal oral José Massoni, decidió enviar los antecedentes a la Justicia y convertirse en querellante en la causa. Tras varios meses de farragosa tramitación, el juez federal Adolfo Bagnasco decidió llamar a prestar declaración indagatoria a Alsogaray y a otros dos ex directivos de aquella gestión privatizadora de ENTEL. A los tres, les imputa los presuntos delitos de “falsificación de instrumento público y fraude en perjuicio de la administración pública”. No se trata, ciertamente, de acusaciones menores. Alsogaray y sus dos ex funcionarios pueden ir presos. Por lo pronto, el llamado a declaración indagatoria implica una fuerte presunción de culpabilidad y, aunque es el mejor derecho a la defensa que puede tener un acusado, por lo general termina convirtiéndose en un elemento de prueba en su contra. Un juez -sobre todo en casos de alta repercusión pública- llama a indagatoria a un acusado cuando tiene elementos de convicción suficientes para imputarle un hecho. María Julia Alzogaray deberá declarar ante el juez Adolfo Bagnasco cuatro días antes de Navidad. Fue citada para el 21 de diciembre y desde ese día, el juez tendrá diez jornadas hábiles para determinar su situación procesal, esto es si la sobresee (la desvincula del proceso), declara la falta de mérito (y ordena seguir profundizando la investigación) o la procesa, decisión esta última con la cual también podría decidir meterla presa. Pero la fecha tiene una trampa, que prolongará la definición sobre su situación hasta, por lo menos, los primeros días de febrero del 2001. El plazo procesal habla de diez días hábiles, y atento a que están de por medio las fiestas navideñas, y que enero es el mes de feria en el Poder Judicial -además, el juez dispone de elementos para estirar esos plazos- su situación sólo estará resuelta en los primeros meses del año próximo. Distinta suerte puede correr uno de los funcionarios que acompañó a María Julia en su gestión . Se trata de Ricardo Fox, quien deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 el próximo 21 de noviembre. Los plazos para resolver su situación procesal, en ese caso, se ubican mucho más cerca. Dicho de otro modo, deberá estar resuelta antes de fin de año. Para el 27 de diciembre está citado otro ex funcionario, Mariano Abreu. El fiscal que entiende en la causa, Guillermo Montenegro, volvió de París hace sólo algunos días y junto con el fiscal adjunto, Paul Starc, se abocó al estudio pormenorizado de la causa por la que Radio Nacional podría, por fin, ver reparado el daño que sufrió.