Mediante una resolución anuló el aumento que las empresas ya habían empezado a cobrar a partir del 1 de mayo. Se revisará el nuevo esquema “El que llama paga”.
A juzgar por las idas y venidas que sufrieron las tarifas
de los teléfonos celulares, la comodidad entró en la categoría de privilegio.
A partir del 1 de mayo, las empresas prestadoras de servicios pusieron en marcha el sistema “El que llama paga” (calling party pays), en el que las llamadas entre teléfonos celulares eran pagadas por quien había marcado y a un costo poco tentador: 28 centavos más IVA por minuto.
Además, los usuarios de aparatos móviles, debían anteponer el número 15, como es habitual cuando se llama desde un teléfono fijo a un móvil y, se beneficiaban, al dejar de pagar las llamadas provenientes de otros celulares.
Ya nada es igual. La Secretaría de Comunicaciones frenó el
aumento que recaía sobre los poseedores de teléfonos hasta tanto no se revisen
y aprueben nuevas tarifas. Según Henoch Aguiar, secretario de Comunicaciones,
“se indujo a los clientes a engaño y los contratos quedaron viciados
jurídicamente” y agregó que las compañías aprovecharon para “hacer cambios
compulsivos de planes y aumentos considerables en las tarifas”.
Es que, la telefonía celular es un servicio de libre
competencia que permite que cada empresa ofrezca la tarifa que considere más
conveniente de acuerdo con su plan de negocios.
Como contrapartida, existe el artículo 34 del reglamento
del servicio de telefonía celular que establece que, el ente regulador, puede
solicitar los precios previamente, para ser aprobados por la Secretaría.
Para darle sustento a la marcha atrás del aumento, los
asesores de Aguiar, llamaron a cada una de las empresas, haciéndose pasar por
clientes comunes que solicitaban información sobre los cambios.
¿Los resultados? Según lo dicho por los vendedores, los 28
centavos de aumento eran obligatorios, que se trataba de un gravamen impuesto
por el Gobierno y que todas las
empresas lo estaban aplicando.
Quiénes se levantaron tan rápido como sintiendo clavos en
las sillas fueron los representantes de la Secretaría de Defensa del
Consumidor. Alicia Olivera, titular de esa cartera en la ciudad de Buenos
Aires, pidió a través de una demanda, “dejar sin efecto la resolución que
habilitó estas conductas oligopólicas donde las empresas se reúnen, disponen un
cambio tarifario y afectan la libre elección de los usuarios".
El diputado socialista Héctor Polino también denunció que:
"Esto es ilegal, porque las empresas hicieron un acuerdo sobre la
aplicación del precio del cargo autorizado y está expresamente prohibido por la
Ley de Defensa de la Competencia".
Mientras tanto, las prestadoras esperan por alguna resolución definitiva.
Movicom, formalizó su reclamo a través de un “recurso
jerárquico” en el que señala que dicha acción está orientada a defender los
derechos de la compañía y proteger su conducta empresaria”.
Telecom Personal acató la medida de la Secretaría
afirmando que “como es nuestra tradición, cumpliremos con la resolución”.
Unifón y Nextel, por su parte, ya tomaron conocimiento del
expediente y aguardan por una nueva directiva.
Esta situación se suma al ya confuso escenario que ronda
en torno a los celulares y que siempre deja a los usuarios con la boca
abierta.