Se reunieron con López

ARBO confirmó la entrega de radios en la Costa

El Comfer aseguró que será en junio. También se delineó la postura por las emisiones ilegales.

Luego de las cuatro reuniones regionales convocadas por la Asociación de Radiodifusores Bonaerenses (ARBO) que se concretaron en La Plata, Azul, Pilar y Trenque Lauquen, y con las inquietudes de los afiliados en la mano, la dirigencia de ARBO se reunió con Gustavo López y le plantearon los problemas que afectan al sector. El Presidente y Vice de esta entidad, Julio Jonás y César Dantas, dijeron que el organismo se presta a normalizar en junio las emisoras ubicadas en la costa atlántica, al tiempo que para octubre se entregarán más de mil radios. Según les habría dicho López, a los efectos de dinamizar la entrega de las licencias en las zonas no conflictivas, se irán evacuando paulatinamente en varias provincias donde no hubo gran cantidad de oferentes, como ocurrió en el interior de Mendoza. Por otra parte, ARBO informó que “se ratifica que en las zonas conflictivas (AMBA y Mar del Plata), se seguirá adelante con los concursos mas allá de las presentaciones judiciales existentes, dado que éstas no paralizan el proceso de normalización”. “López aceptó los argumentos expuestos por ARBO en el sentido de priorizar al otorgar las licencias a los radiodifusores que poseen PPP o están bajo la Resolución Nº 142, manifestando que tendrán una puntuación que les permitirá tener cierto privilegio”, dice el comunicado de la asociación. ARBO se manifestó conforme con “la mención, en el proyecto de Ley de Radiodifusión elevado al Congreso Nacional (artículo 147), de las sanciones penales a quienes usurpen el espectro radioeléctrico”, aspiración que persigue desde su fundación. En la reunión, el interventor adelantó que “en la Cámara de Diputados se está estudiando la reforma a la Ley para agregar en lo inmediato una cláusula penal que ponga límites a la persistente ilegalidad en nuestro sector”. Asimismo, López aconsejó “denunciar a toda emisora clandestina, comprometiéndose a declararla ilegal inmediatamente y a entregar la constancia al radiodifusor que impulsó la medida para que gestione ante la CNC y/o los jueces federales el decomiso respectivo”. Por último, la asociación destacó que el organismo “convalidó nuestra propuesta de dar participación a los municipios”. En este aspecto se aseguró que a medida que vayan otorgando las licencias, se informará a los municipios cuáles son las radios que están en condiciones legales de emitir programación. ARBO impulsa una campaña de esclarecimiento para combatir la ilegalidad en materia de radiodifusión, con frases ilustrativas que se irradian en cada panorama informativo puesto en el aire por la cadena satelital Radial Sat y con cartas para ser entregadas personalmente a cada intendente, presidente de los Concejos Deliberantes y de cada cámara empresaria.

Denuncian a un banquero

ARPA repudió extorsiones a medios chubutenses

El titular del Banco de Chubut reconoció que pautaba en medios a cambio de no ser criticado. Una emisora informó sobre los fondos de la entidad y fue amenazada. Ahora piden sanciones para el funcionario

La Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) cuestionó en duros términos al presidente del Banco de Chubut, Jorge Brescia, el que reconoció haber celebrado contratos con medios de comunicación de la provincia a cambio de que la entidad no reciba críticas por parte del periodismo. La entidad comandada por el radiodifusor entrerriano José Ponzoni reclamó al gobierno chubutense “la adopción de todas las acciones que sean necesarias a fin de esclarecer la conducta de los funcionarios públicos involucrados en los hechos denunciados y simultáneamente poner fin a estas condenables prácticas”. Este reclamo de ARPA tuvo lugar luego de las declaraciones del banquero, quien admitió el pasado 26 de mayo, en una conferencia de prensa en la ciudad de Rawson, que el banco celebra contratos con medios de prensa que incluyen una cláusula que atenta contra la libertad de prensa. Sin embargo, la reacción se potenció cuando se informó de las amenazas anónimas contra el titular de LU 17 de Puerto Madryn, ocurridas luego de que la radio informara sobre la administración de los fondos del banco. La cláusula del contrato con los medios dice que estos “se comprometen a no difundir noticias o informaciones que atenten contra el desempeño de la actividad comercial del banco” y advierte que “el incumplimiento de esta obligación faculta al banco a rescindir con causa el convenio”. En un comunicado, ARPA consideró que esta situación “representa un gravísimo atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos” y que “reviste mayor gravedad al provenir de un funcionario de un banco propiedad de un Estado provincial”. “Hechos como el denunciado, que según el funcionario serían una práctica legítima en el sistema bancario nacional y en las empresas privatizadas, representan un intento de amordazar a los medios de comunicación, vía condicionamiento publicitario”, indicó la asociación. Por otra parte, la entidad informó que pondrá en conocimiento de esta situación al presidente Fernando de la Rúa, a las comisiones de Libertad de Expresión del Congreso Nacional, al Banco Central y a la CEMCI para que actúen ante el grave atentado a la libertad de prensa y el derecho de información de los ciudadanos. También la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente, PERIODISTAS, emitió un comunicado en el que destacó: “la publicidad de un organismo que es propiedad de todos los ciudadanos no puede ser un elemento de canje frente al derecho de informar y ser informado”. PERIODISTAS se sumó de esta manera a ARPA en el repudió a la postura del banco de pautar su publicidad “a cambio de la condescendencia y el aplauso de los medios de prensa”. Finalmente, la agrupación para la defensa del periodismo señaló que esta actitud “coarta el derecho de los ciudadanos a conocer en detalle qué hacen los funcionarios estatales con los fondos públicos”.