Gobierno, privados y sindicatos
Firman un convenio de competitividad para el sector radial
Mientras el Estado computará como crédito fiscal para el IVA los aportes patronales y acordará algunas exenciones al sector, las radios deberán mantener el nivel de empleo, generar crecimiento y poner al aire campañas tendientes a disminuir la evasión impositiva
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Edmundo Rébora, de ARPA, confía en el incentivo que el convenio dará al sector
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l Estado Nacional, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y cuatro gremios que agrupan a locutores, empleados, periodistas y operadores sellaron el pasado 4 de octubre en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un convenio para mejorar la competitividad y la generación de empleo. Al igual que otros rubros, ahora el Gobierno se acercó al sector de la radiodifusión con el objetivo de “crear condiciones favorables a la inversión y al empleo, apoyar a la reconversión de los actores involucrados y contribuir a la paz social”. Esto significa que el Estado se compromete a otorgar al ámbito radial una serie de beneficios económicos de acuerdo a la ley vigente, a la vez que los medios se verán obligados, entre otras cláusulas, a regularizar la situación de los empleados. Mientras por un lado los empresarios mantendrán el nivel de puestos de trabajo, generar crecimiento y poner al aire campañas tendientes a disminuir la evasión impositiva, el Gobierno computará como crédito fiscal para el IVA los aportes patronales y acordará algunas exenciones al sector. También garantizó la finalización del Plan de Normalización en al menos dos años y pondrá en marcha nuevas medidas para impedir las radios ilegales. El convenio, que regirá hasta el 31 de marzo de 2003, prevé los siguientes ventajas desde el Estado para con las estaciones radiales con licencia, PPP y empresas productoras de programación y contenidos: · Eximir del pago del Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario · Eximir del pago del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta · Otorgar al pago de las contribuciones patronales destinados al subsistema previsional, el carácter de crédito fiscal en el IVA · Gravar en el Impuesto al Valor Agregado con la alícuota del 10.5% a las emisoras de radio de hasta 5 KW de potencia, y a aquellas estaciones de radiodifusión sonora que se encuentran alcanzadas en la resolución 1805/64 de la Secretaría de Comunicaciones (son las ubicadas al Sur del Río Colorado, en la Patagonia Argentina) Analizar la implementación de facilidades de pago que permitan regularizar los atrasos impositivos y previsionales de las empresas beneficiarias y de las obras sociales de los sectores sindicales. Impulsar en un plazo no superior a dos años, la finalización del Plan de Normalización del sector. Agilizar aquellos instrumentos que le permitan impedir el funcionamiento de las radios ilegales. Por su parte, el sector empresarial, representado por la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, prometió: Preservar los niveles de empleo existentes a la fecha de suscripción del acuerdo. Asimismo, y con la participación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, las representaciones sindicales y empresariales analizarán la implementación de mecanismos institucionales que permitan preservar el empleo ante situaciones de crisis. Analizar los mecanismos que permitan la implementación de políticas tendientes al aumento de los puestos de trabajo. · Poner en práctica en forma inmediata una campaña institucional que contribuya a concientizar a la población sobre la importancia de coadyuvar al esfuerzo nacional mediante el pago de sus obligaciones impositivas. En este sentido, R&TA habló con Edmundo Rébora, secretario de la Asociación, el que sostuvo que “el convenio resuelve buena parte de los problemas que afectan a la actividad”. Al ser consultado sobre cómo el sector puede generar nuevos empleos a partir del compromiso asumido con el Estado, el directivo expresó: “Las radios con licencia nucleadas en ARPA tienen un elevado nivel de empleo en relación con su facturación. La radio es mano de obra dependiente, por lo que tenemos a nuestro favor el mérito de ser una de las actividades que genera mayor cantidad de empleo con menos volumen de facturación”. A su vez, garantizó el empleo en regla porque “somos una actividad absolutamente blanca y controlada”, deslizó. Sin embargo, dedujo que “hay un enorme sector de productoras, titulares de PPP e ilegales, que pueden sobrevivir justamente evadiendo impuestos y trabajando en negro”. Por lo que estimó que sería bueno actuar en ese campo para “ampliar la base tributaria y el blanqueo del sistema”. Por otro lado, la parte sindical, representada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones y la Sociedad Argentina de Locutores, se compromete a: · Apoyar las medidas emergentes de este acuerdo, que contribuyan a mejorar la competitividad y la generación de empleo. · Contribuir a la paz social En diálogo con esta redacción, el presidente de la Sociedad Argentina de Locutores, José Pérez Nella, confirmó que es “bueno propiciar la reconversión del sector radial”. Y sugirió que “las emisoras, para tener acceso a estos beneficios, deben proceder al blanqueo de trabajadores no registrados. Y además, mantener el nivel de empleos y de salarios existentes a la fecha del acuerdo”. Consultado sobre el papel que desarrollarán los gremios, Pérez contestó: “Los sindicatos de la actividad se constituirán en custodios del cumplimiento de los puntos por parte de las empresas. Porque ante una denuncia de que una empresa no cumple con lo que se comprometió, actuaremos para que el Estado proceda a anular los derechos que le otorgó” Por último, analizó: “Si se hacen números, a las empresas les conviene mucho registrar los empleados porque los beneficios son mayores. Al Estado también le conviene porque se ahorra el problema de la evasión previsional, donde cada vez hay menos trabajadores registrados”, expresó el directivo al tiempo que confirmó el otorgamiento a la SAL de la personería gremial de la Nación.
