Dios le da pan a quien no tiene dientes

La noticia apareció publicada en los últimos días en varios medios de comunicación de circulación nacional: La Iglesia intenta recuperar sus medios de comunicación. Tiene la concesión, pero la falta de recursos dificulta la gestión y los tienen que alquilar.
Por resolución 858/90 del COMFER del 5 de diciembre de 1990, firmado por el entonces interventor Leon Ginsbur y avalado por el ex presidente Carlos Menem, la Iglesia Católica es considerada una persona jurídica de carácter público. Esto le permitió acceder directamente a las licencias de frecuencias de radio y televisión disponibles. Actualmente, cuenta con unas 120 estaciones de radios de AM y FM -la gran mayoría-, y cinco canales de TV abiertos - de baja potencia - en todo el país, que son administrados por los respectivos obispados del lugar donde funcionan las emisoras.
Desde estas páginas reiteradamente hemos reclamado la pluralidad de ideas en los medios de comunicación, bajo el paraguas protector de una nueva ley de Radiodifusión que contemplara equitativamente los intereses de las comunidades, pequeñas o grandes, que forman la sociedad argentina.
El reclamo de R&TA, harto conocido por nuestros lectores, apunta esencialmente a una comunicación democrática, destinada a destacar los valores de la tolerancia, de la convivencia y a rescatar la cultura como valor supremo, no sólo para la actualidad sino como piedra basal de los tiempos futuros.
Nada hay que objetar, entonces, a este intento proclamado por voceros de la Iglesia Católica sobre los medios de comunicación, habida cuenta de que la mayoría de los ciudadanos argentinos profesan esa religión.
Pero, ¿por qué esas emisoras fueron concedidas mediante un trámite que necesitó, antes que una ley discutida en el Parlamento (donde, según el sistema republicano de gobierno, están representados los ciudadanos todos) una resolución, firmada por un interventor y avalado por un presidente que, si bien en ese momento estaba en la cima de la adhesión popular, hoy ni siquiera puede pisar suelo argentino porque inmediatamente quedaría preso?.
No se está cuestionando aquí a la figura del ex presidente Carlos Menem, ni tampoco las decisiones que adoptó en el uso de las funciones que le concedía el cargo. No es que esas decisiones no sean cuestionables, sino que sencillamente son harina de un costal que R&TA no está explorando en estas líneas. Lo que se cuestiona es el método, y la falta de balanceo y ecuanimidad que de esa operatoria se desprende.
Una resolución del anterior gobierno le permitió a la Iglesia Católica acceder a la titulariza de medios de comunicación. ¿Será necesario que haya nuevos decretos/resoluciones, de otros presidentes, para que, por ejemplo, la comunidad maronita - muy minoritaria en la Argentina - tenga su propio medio? ¿Habrá que esperar un decretazo para que los filatelistas o los colombófilos también puedan ser dueños de medios de comunicación? En resumidas cuentas, ¿a quién hay que caerle simpático para estar en condiciones de que un decreto le abra las puertas a la actividad radiodifusora, que es un derecho humano, un bien que nos compete a todos y la mayor herramienta para educación y difusión cultural que se ha creado hasta el momento?
La situación, salvando las enormes distancias, podría caricaturizarse con el siguiente ejemplo: encuestas recientes sostienen que Boca Juniors es el equipo de fútbol que tiene mayor cantidad de simpatizantes en la Argentina. Entonces un presidente, José Pérez (no importa quién, en realidad) decide, para congraciarse con esa masa crítica de potenciales votantes, firmar un decreto que determine que ese colectivo impreciso en número y alcance, “la hinchada de Boca”, tenga personería jurídica y demás atributos legales para hacerse cargo de un medio de comunicación. Un disparate, propiamente.
Los medios de comunicación, habrá que reiterarlo nuevamente porque pareciera que pocos lo entienden, son un elemento social extremadamente importante. Es poco menos que una canallada dejarlos a merced de intereses coyunturales, politiqueros, intuitivos, espasmódicos, comerciales.
La Iglesia Católica debe tener sus medios propios. Y los credos judío, musulmán, los ateos, los hinchas de Boca y los de River, los filatelistas y los colombófilos. Todos, como sociedad, debemos estar representados en los medios de comunicación. Y esa democracia en los medios debe reciclarse a sí misma para extenderla como escuela a cada rincón del país.
La democracia exige leyes sancionadas por los representantes del pueblo y de las provincias. Porque el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, que hoy están en “default”. Una ley, y no un hombre; una comunidad, y no un iluminado. Todos, y no un papá poderoso que no da explicaciones sobre lo que hace. Una ley.
Si no hubiera ley, si siguiéramos siendo tratados con ese afán paternalista de quien sabe más que nosotros sólo porque nosotros le dimos un mandato para hacer algo bien distinto de lo que está haciendo, una vez más estaríamos retrocediendo. Una vez más, Dios le daría pan a quien no tiene dientes.

Ruben S. Rodríguez