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El COMFER y CableVisión enfrentados
Segunda Carta de Compromiso con el Ciudadano

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El organismo no acepto la reestructuracion de la deuda

El COMFER y CableVisión enfrentados

La operadora de TV paga Cablevisión contestó, por medio de una nota dirigida al interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) Julio Bárbaro, al rechazo del organismo de control a su propuesta de reestructuración de su deuda.
La firma, que intenta obtener la homologación Judicial del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) obtuvo una adhesión del 99,9 % de los tenedores de obligaciones negociables presentes en la asamblea de bonistas, realizada el 17 de noviembre. Las obligaciones suman 796 millones de dólares y la oferta inicial fue lanzada a principios de febrero.
Pero el COMFER no acompañó la propuesta y sostuvo que fue “aprobado por accionistas y directores no legitimados” y que además “violaba la ley de Bienes Culturales”, pues esta norma limita a un 30 por ciento las inversiones extranjeras en medios de comunicación.
La referencia de la institución gubernamental llegó tras una notificación del juez Claudio Bonadío, quien prohibió convalidar transferencias accionarias hasta que finalice la investigación para determinar si la compañía violó las leyes de radiodifusión, encubrimientos y lavado de activos de origen ilícito y de preservación de bienes y patrimonios culturales.
Por su parte y con fecha 4 de noviembre de 2004, Marcelo Bombau, apoderado de la empresa, aseguró que lo sostenido allí “se encuentran seriamente viciado por una clara incompetencia”.
Entre otras cuestiones, se plantea que la “interpretación implicaría otorgarle facultades al juez penal Bonadío para suprimir - de facto - un órgano de la administración pública, lo que resulta a todas luces inadmisible”.
También insiste en que las transferencias fueron presentadas y que si “el COMFER no ha cumplido adecuada y temporalmente con sus obligaciones, o si los expedientes en cuestión habían sido solicitados por el juzgado” no es “imputable” a la compañía o a sus directivos.
Enseguida se cita al decreto 1062/98 que dejó sin efecto la obligación de “aprobación de directores”, y sólo se deberá informar su designación.
“Este olvido nos hace pensar que los órganos jerárquicos del organismo no intervinieron en la redacción”, aseguró.
Además se destaca que en cambio sí se aprobó la oferta pública de acciones de la operadora de cable, Multicanal S.A.
“La única explicación que se vislumbra como posible en esta instancia sería la consecuencia de las gestiones informales, no declaradas, efectuadas por algún interesado que no es precisamente ´de los nuestros´”.
Asimismo se cuestiona que se “reanalice” una propuesta “que está a punto de culminar con éxito en beneficio de los acreedores y los empleados de Cablevisión ya que en un escenario de concurso los acreedores cobrarán menos y muchos empleados perderán sus trabajos”.
Más adelante sostiene que la “comunicación difundida el 9 de noviembre de 2004 en la tapa de un matutino (propiedad de Raúl Moneta, quien tiene interés en que Cablevisión abra su concurso) fue difundida con el objetivo -más que evidente- de perjudicar a Cablevisión”.
Sobre la ley 25.750 se argumentó que aún no fue reglamentado y por eso no se ha definido cuál es su autoridad de aplicación y que no es aplicable por el tratado de protección de mutuas inversiones, que gozan los inversores de los Estados Unidos.

¿Clarín intenta quedarse con CableVisión?

A fines de noviembre, el semanario Poder denunció que Multicanal intenta quedarse con CableVisión.
Una vez que el APE concluya, el empresario mexicano David Martínez compraría las acciones de Liberty (que posee la mitad del paquete), en partes casi iguales, con Clarín. De modo que el mexicano no supere el 30 por ciento que establece la ley de Bienes Culturales.
R&TA intentó conocer la versión de Multicanal pero no fue posible, porque su vocero estaba de viaje y solo él estaba autorizado a responder.


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Segunda Carta de Compromiso con el Ciudadano

Actualizar estándares e indicadores de calidad, para adecuarlos a la realidad del país en general, y al sector de la radiodifusión, en particular”.
Con estos objetivos, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y la Subsecretaría de Gestión Pública lanzaron el segundo programa “Carta Compromiso con el Ciudadano”.
El acuerdo fue suscrito por Julio Bárbaro, interventor del COMFER y Luis Norberto Ivancich, subsecretario de la Gestión Pública.
Se trata de un documento que explica a los ciudadanos sus derechos y obligaciones, con respecto a instituciones gubernamentales, las que se comprometen a prestar sus servicios con determinados niveles de calidad.
En la actualidad existen 39 organismos que forman parte de esta iniciativa.
En diciembre del 2000 el organismo de control se comprometió por primera vez, a difundir, transparentar y optimizar la accesibilidad y calidad de sus prestaciones. Ahora, renovó esa responsabilidad y frente al nuevo trato deberá reeditar sus parámetros de eficacia.

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