Por irregularidades administrativas

Intervinieron radio Tres Arroyos

La Justicia dispuso la intervención de la radio LU24, ubicada al sudeste de Buenos Aires, que lideró el ex presidente de Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA), Evaristo Alonso, según el diario La voz del pueblo.
La decisión del juez Iber Piovani responde a un informe del veedor, Hugo Gustavo Benedetti, quien constató diversas anomalías administrativas y económicas que habían sido denunciadas por la hija y la viuda de Evaristo Alonso, miembros de la sociedad propietaria de la radio.
Las denuncias incluyen la falta de pago de los documentos con que Basualdo adquirió sus cuotapartes de la radio, la inexistencia de balances de la actividad económica de la empresa e irregularidades en el cumplimiento de requisitos del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) con respecto a la integración del nombrado y su esposa en la sociedad, entre otras.
Por eso la resolución del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad, con fecha el 14 de noviembre, ordenó la intervención y la separación provisoria de su cargo del actual gerente de la emisora, José Luis Basualdo.
El fiscalizador llevo adelante los trámites y gestiones necesarias para regular los registros contables y el 1 de octubre presentó un resumen parcial sobre la situación de la estación, basado en la documentación que Basualdo le entregó.
Allí figuran datos relativos a la composición de la sociedad, con José Luis Basualdo como propietario de la mitad, su esposa Irma Nicora, con el 7,142 por ciento e Inés Sánchez de Alonso y María Valeria Alonso de Saltapé con el 21,4286%, cada una.
Entre las irregularidades observadas se destacan que del libro de actas de reunión de socios surgió que la administración y representación de la sociedad está en manos del actual gerente de la estación, pero que no aportó pruebas que confirmen su inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas.
Además se destacó que de la última reunión de socios - celebrada el 22 de julio de 2004 - participaron sólo Basualdo y su esposa, y en su transcurso aprobaron las operaciones de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 y también su gestión como gerente. Asimismo, se constató que los 3 mil pesos mensuales a percibir por Basualdo y los 1500 de su esposa, fueron fijados por ellos mismos, y que se aceptaron viáticos, atenciones personales, gastos de funcionamiento y alquiler de vivienda personales.
Las deudas ascienden a 105.485,88 pesos para Basualdo, y 14.024 pesos para Irma Nicora.
Piovani concluyó que de acuerdo a “los antecedentes reunidos” se justificaba “la ampliación de la cautelar designándose al interventor judicial actuante como administrador provisorio”. Por su parte, en un mensaje dirigido a la audiencia, el acusado informó que apelará la medida.