| Venezuela
Cuestionan
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
La
disconformidad de la oposición, de diversas asociaciones civiles
y empresarios de lo medios no evitaron la sanción de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión venezolana, cuyo texto
tiene como objetivo adaptar la programación audiovisual al público
juvenil.
“(Hoy) es un día de luto para la democracia. Estamos enterrando
la libertad de información, la libertad de expresión y estamos
instaurando un Estado parapolicial en el cual no vamos a tener derecho
a la información veraz y oportuna como dice la Constitución”,
señaló el legislador opositor Pastor Heydra, a medios locales.
Por su parte, el diputado oficial Ángel Graterol, aseguró
que según una encuesta realizada por radiodifusores en el estado
de Portuguesa “entre la gente humilde”, la mayoría
dijo estar de acuerdo con la aprobación de la disposición
porque “por fin podremos ver una televisión sana y escuchar
una radio recreativa, educativa y sobre todo informativa”.
Entre otras cuestiones, la norma prevé estrictas regulaciones para
los programas en el horario infantil o “supervisado”, así
como la difusión de mensajes de sexo y violencia. El segmento protegido
estará comprendido entre las 7 y las 23.
El artículo 19 establece la figura del Gerente de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión en la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel, entidad pública encargada de regular
las licencias) que estará encargado de instruir las denuncias administrativas.
Mientras que el 20, pone el control de la aplicación de la ley
en manos del Directorio de responsabilidad social, en el que 7 de los
11 miembros serán designados por los poderes públicos y
se encargará de dictar las sanciones contra los medios culpables.
“El Estado dispondrá de todo un arsenal de sanciones, incluyendo
fuertes multas y la suspensión, o el retiro de la concesión,
a los medios culpables. Un dispositivo así solo puede animar a
los medios a autocensurarse en sus críticas al gobierno”,
opinó Nicolás Maduro, diputado por Movimiento Quinta República
(MVR).
Ý sugirió que su aplicación se confíe a un
órgano independiente del Gobierno y la designación de sus
miembros sea resultado de un amplio consenso de la sociedad.
La organización internacional Reporteros sin Fronteras también
expresó su preocupación e insistió en la creación
de un órgano de control independiente de la aplicación de
la norma: “El principal problema es su margen de interpretación.
En la formulación actual prohíbe la difusión, entre
las 5 y las 23, de imágenes cuya definición podría
de hecho corresponder a las de un informativo televisado”, explicó
la ONG en una carta dirigida a Andrés Izarra, ministro de Información
y Comunicación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que
existen artículos que son “incompatibles” con la Convención
Americana de Derechos Humanos. El proyecto “mantiene los condicionamientos
de veracidad y oportunidad de la información para la definición
de los programas informativos”, se aclaró.
Ahora, la reglamentación tendrá que ser remitida a la Comisión
de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación, instancia
formal que cuenta con 15 días hábiles para revisarla y hacer
las correcciones de forma a que hubiere lugar. Luego retornará
a la Asamblea Nacional para darle la lectura definitiva y remitirla al
Ejecutivo para su definitiva promulgación.
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