Esperan que esta vez sea la definitiva

“No sólo en 20 años no se sacó una ley, sino que tampoco hubo ni siquiera media sanción en ninguna Cámara y son contados con los dedos de la mano los dictámenes de comisión que hubo desde 1983 a la fecha”, ejemplificó Ricardo Porto, el secretario de la Comisión de Comunicaciones de Senadores, para graficar la “grave debilidad institucional” en la que se encuentra el país en materia de radiodifusión. Pero alentó la posibilidad que los debates y las audiencias que tienen lugar en estos momentos “hagan pensar que esta vez puede ser definitiva y tengamos una ley que todos nos merecemos”. El asesor planteó como posibles causas de este vacío las reiteradas “alianzas entre los políticos oficialistas y los medios o las grandes empresas de la comunicación”, que le imprimían la opinión de estos últimos a cada etapa de la Argentina en función de intereses particulares. “Habrá nueva ley si los grandes sectores que convergen en esta cuestión (oficialismo, oposición y medios) logran acuerdos básicos y sus posturas reflejen el sentir de la sociedad”, dedujo-. Partidario de una concepción donde confluye la necesidad de leyes marco que faciliten estos acuerdos, Porto entiende que las reglamentaciones son factibles “si el órgano de contralor (Comfer) se democratiza y se federaliza”. Y dedujo que parte de los problemas que hoy afronta la radiodifusión en el interior es porque “nunca se consultó a las autoridades locales, lo que habla claro de que lo único que no es el Comfer es federal”. Para el abogado, “si el Comfer tiene que ser el ente que se planta para gobernar un tema tan complejo tiene que tener fortaleza institucional, que más allá de las buenas intenciones, le falta por una cuestión de debilidad jurídica heredada”. Por otro lado, otro de los panelistas que se mostró coincidente con la visión del asesor de Senadores fue el doctor Guillermo Straza. Entre otras cuestiones, afirmó que “es necesario que el organismo sea independiente de los lobbies empresarios y de los poderes políticos”. Y sobre esta base también estimó que “el Comfer no es el mejor elemento para regular las posiciones dominantes” Por último, creyó necesario referirse a que “no puede dejarse de considerar en el proyecto las nuevas tecnologías que vienen de la mano de la convergencia”. Este planteo lo formuló en virtud de “no seguir legislando sobre cuestiones que dejan antigua cualquier ley y por las contramarchas del momento se sigan dinamizando los conflictos”.

Hay satisfacción en ARUNA

Guillermo Alvarez, de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales (ARUNA) se mostró satisfecho con el reconocimiento que le da el actual proyecto a un sector “pionero en el ámbito desde hace 70 años”. Nunca antes se había incluido a las universidades dentro de un marco legal y por eso los representantes esperan ahora que la iniciativa oficial “se robustezca” en razón que muchas veces es ese tipo de radios “la única alternativa de comunicación en muchas zonas del país”. Para Alvarez, el esquema de sus radios “alienta a crear espacios de relaciones más solidarias y manifestaciones culturales menos alienadas”. Cree que la cultura debe ampliarse y que si “sólo se manifiesta en medios de poca audiencia es como crear escuelas donde vayan pocos alumnos”. Asimismo, dijo estar molesto con un prejuicio que existe de creer que “sólo la radiodifusión universitaria se tiene que encargar de temas culturales y sin financiamiento, con la escasez presupuestaria que existe”. “Suena a querer aislarla para que no contamine y además, si es posible, asfixiarla de forma tal que no se desarrolle”, expresó. Fue por eso que el contador de ARUNA pidió la conformación de una sola asociación de radios que defienda a todas y no varias que actúan por diversos segmentos. “Debemos unirnos para fomentar el empleo y entender que la radio, sobre todo en el interior, es el medio que más respuestas le da la gente”, vaticinó.

Derechos de autor y contexto mediático

Néstor Zapata, de la Asociación de autores ARGENTORES, manifestó su palabra de “aliento y apoyo para que se le de consistencia constitucional y jurídica a esta ley que nos avergüenza todavía con criterios que provienen de gobiernos de facto”. El representante abogó para que se incluya en el proyecto una defensa taxativa de los derechos de los autores en las producciones. Y especialmente puso el punto sobre la necesidad de contemplar “a los de origen nacional”. También pidió para que los autores integren la comisión revisora de sanciones creada en el texto del proyecto y que se garantice la protección a las producciones locales “con verdaderos porcentajes de exigencias”. Por su parte, el licenciado Eduardo Bicciré introdujo el contexto mediático al dar estadísticas y datos sobre las evolución de los mismos en la Argentina y el resto del mundo. Luego de explicar cómo se realizaron las más diversas fusiones de empresas, concluyó que “la cultura mediática predominante puede traer aparejada una limitación a las expresiones porque sólo circula una única visión y eso hay que erradicar dándole oportunidades a la producción local o regional”. Por último el panelista destacó la privilegiada posición del país en cuanto a la penetración del cable, que lo ubica tercero en América, después de Estados Unidos y Canadá.

Acorca criticó el proyecto de ley

Néstor Bússoli, el presidente de la Asociación Cordobesa de Televisión por Cable, deslizó algunas observaciones críticas al proyecto, en especial sobre los puntos donde el Estado interviene ante la evolución del sector. “No estamos de acuerdo con la idea de establecer la obligatoriedad de emitir un tercio de programas de producción independiente en horarios de alta audiencia, dado que es una intromisión en aspectos que tienen que ver con la forma de encarar el negocio televisivo”, anunció. Por otro lado, se opuso a la inclusión de las cooperativas como eventuales prestadores de servicios de radiodifusión y especificó que “si se insiste con su ingreso, debería hacerse fuera del artículo que hace referencia a quienes no podrán acceder a la titularidad de licencias”. La agrupación rechaza que se adjudiquen licencias a las personas de carácter público a excepción de cuando los privados no ofrezcan el servicio en un lugar determinado. “El Estado, en algún momento, puede llegar a adjudicarse en forma directa a sí mismo”, dijo Bússoli. En cuanto al Sistema Nacional de Medios Públicos, el representante de Acorca consideró como “impropia su inserción dentro del cuerpo normativo” y si estipuló que sería correcto que apareciera “en otro cuerpo legal”. El cable cordobés objetó la falta de definiciones en torno del ámbito de competencia de la Comisión Revisora de sanciones, la que debería expedirse “previo sumario administrativo y no mediante el mismo”. Desde la óptica privada también habló en la jornada del 27 de julio Alejandro Simbati, gerente comercial de Televisión Litoral SA, el grupo que opera el Canal 3 de Rosario y dos radios. El ejecutivo hizo referencia a la difícil situación que les toca pasar a los canales del interior en el ámbito de la publicidad y cómo deben arbitrar los medios para poder sobrevivir: “la única manera es teniendo acceso a los grandes anunciantes, sino no existe la prensa independiente”, aclaró.

“La ley no es mala por vieja, sino por lo que tiene adentro”

“Los Estados Unidos tardaron 62 años en cambiar la ley de telecomunicaciones. Lo que pasa acá es que el problema de la ley nuestra de la dictadura no es que sea vieja, es lo que tiene adentro”, advirtió el abogado y periodista Damián Loretti, el pasado 27 de julio en la última jornada del ciclo rosarino. En este sentido, el asesor parlamentario expresó que hay que entender a la radiodifusión como “el soporte especial del ejercicio de la libertad de expresión, ni más ni menos que eso”. También dijo que “la ley no resuelve todo por sí misma y no puede estar ajena al resto de los tratados internacionales que valen más”. Por eso habló de principios de universalidad en donde indicó que “nadie puede quedar excluido del derecho a la información”. Y entre otras cuestiones, sentenció estas frases que más de un asistente se paró a reflexionar: “Hay que prever que la tecnología sea neutral a los principios que se fijan en la ley. Lo que hay que discutir son principios y no el crecimiento exponencial de la tecnología porque sino la ley siempre va a quedar atrás”. “Las frecuencias radioeléctricas están definidas como recurso natural. La Constitución le da dominio originario de los recursos naturales a las provincias”. “ Está bien que ordenen el espectro porque lo han loteado. Han establecido codificados en lugares donde en otras partes del mundo funcionan canales abiertos, como el 22 de México. Han vendido el cielo”. “Es mentira que los Estados no tienen porqué poner pautas sobre contenidos en las leyes: es más, tienen mandatos internacionales para hacerlo”. “Hay que cambiar la ley porque si en algún momento se deciden a aplicar la 22.285, no va haber juzgado que resista”. “Todavía a los legisladores les cuesta un poco el tema de la administración del espectro y la convergencia. Pensemos desde ahora qué le vamos a exigir a los nuevos que entrarán al Congreso”.

En defensa de las cooperativas y los usuarios

Marcelo García, miembro del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) calificó como “saludable” la idea del gobierno de fortalecer el sector cooperativo “para que pequeños productores se puedan juntar y autogestionarse en pos de brindar un nuevo servicio”. Según destacó el directivo, “desde el instituto siempre se trató de apoyar y promocionar la cooperación porque integra a las personas, generan inversiones genuinas y son una alternativa luego de un fuerte período de concentración económica”. En cuanto al proyecto de ley, García remarcó que “aparte de ser auspicioso en sí mismo, también lo son los esfuerzos para consensuar en medio de fuertes presiones en juego y de amenzas”. “Desde el INAES saludamos esta acción del Comfer porque se garantizó la no discriminación y se reguló de antemano en forma más precisa las actividades monopólicas que puedan llegar a definirse”, definió. Por otro lado, el abogado especialista en defensa del usuario, Aníbal Fracendini, cree que la incorporación del usuario dentro del proyecto es “un avance para la ciudadanía, porque lo vive como sujeto a ser escuchado”. Sin embargo, remarcó que esta distinción es “insuficiente”. “La Conarte crea la defensoría del usuario, pero no se habla de reglamentos ni de procesos y deja mucho que desear. Lo rescato como progresista, pero queda tan a mitad de camino, que el esfuerzo que hago por rescatarlo en muy grande”, comentó el abogado.

Rechazan normalización por decreto

Un diputado del PJ pidió la derogación del decreto que habilitó el llamado a concursos públicos de las FM. Dice que son temas que deben ir en el marco de la ley que se está discutiendo

El diputado nacional salteño del PJ Juan Manuel Urtubey presentó un proyecto de ley para derogar el decreto 883/01 que modificó al polémico 310 y facultó al Comfer a iniciar el proceso de normalización de emisoras con la consiguiente apertura de concursos abiertos en todo el país. Miembro de la Comisión de Comunicaciones e Informática, el legislador habló con este medio y justificó su proyecto en la “necesidad de frenar algunas acciones administrativas que toma el Gobierno que van a contramano de una norma que se supone que tiene un marco superior”. “El llamado a concurso para otorgar una licencia entiendo que debe hacerse en el marco legal de garantías a todos los interesados y ese marco está dado justamente en el concepto de la ley de radiodifusión, donde se está planteando cuáles son los mecanismos y las formas de ejecutarlos”, explicó. Urtubey apuesta a que desde la actual gestión no se gobierne por decreto. “El propio Presidente dice que todo lo que se haga debe ser en un marco de total y absoluta transparencia y el decreto 883 no se ajusta a esta idea”, dijo. El legislador no habló en representación del bloque y negó que su proyecto tienda a poner una traba a la conducción del Comfer. Pero aclaró: “Este mismo Gobierno criticó la manera de actuar del anterior. Entonces hagamos las cosas diferentes en serio”. En este sentido, ejemplificó lo que a su manera de ver puede suceder: “El problema es que daría la sensación de que el Gobierno está interesado en que, una vez que sea sancionada la ley, se trabaje sobre una función abstracta. Porque si después de otorgada la licencia se modifica el marco regulatorio, se genera una inseguridad. Por eso creo que toda modificación se debe hacer dentro del marco de la ley en la que se está avanzando y que tiene un tratamiento con mucho más consenso”. Consultado por los tiempos parlamentarios, el diputado se mostró confiado en poder tener media sanción antes de octubre. “Acá no hay cuestiones de intereses partidarios, estamos tratando de generar una ley que de seguridad a los usuarios y a los que invierten en el sector. En la Comisión de Comunicación tenemos fluido contacto con los artífices de este tema”, deslizó.