|
“No creo que los actuales legisladores saquen la ley” |
Página 10
Reportaje a Walter Burzaco, presidente de ATVC
“No creo que los actuales legisladores saquen la ley”
Es la primera vez que desde el sector privado se pone la duda sobre la intención del Parlamento. El cable ya no sólo habla de un proyecto reglamentarista, sino que hasta lo califica como absurdo e intolerable
|
Walter Burzaco |
Para octubre, cuando sean las jornadas ATVC, se estima que habrá dictamen de Diputados por la ley de radiodifusión... No, olvídese. Ese proyecto no creo que la trate ni esta Cámara de Senadores ni la de Diputados. No creo, con la gravedad que tiene el país, que se trate una ley fundamental como lo es la de radiodifusión. El período ordinario termina a fines de octubre. En las condiciones que estamos y habiendo elecciones a diputados y la renovación de todo el Senado, mi pronóstico no es tan bueno. ¿Cree que se va a seguir avanzando con el texto actual o la entrada de nuevos legisladores puede generar nuevas alternativas? Por lo pronto, lo que nos dicen desde la Cámara de Diputados es que ellos no están tratando exclusivamente el proyecto que envió el Ejecutivo sino que tienen en cuenta los otros que hay presentados por los diputados. Por lo menos es lo que ellos recalcan siempre cuando vamos a las audiencias |
| públicas. ¿Y qué le dicen los diputados? No se a qué conclusión van a llegar con la comparación de los distintos proyectos. El actual me parece extremadamente reglamentarista. Un poco se inmiscuye en los negocios particulares toda vez que los quiere reglar y resolver algunas cuestiones que obedecen a mercados internacionales desde la voluntad de una ley. ¿A qué se refiere? Me refiero de cuestiones de derechos deportivos. La ley le da una calificación de interés público a los eventos para que deban ser transmitidos por la TV por aire. Pienso que están un poco basados en las experiencias recientes con las eliminatorias del Mundial, donde la verdad más pura es que la TV abierta no tuvo capacidad económica para comprar esos derechos. Suponer que se pueden llegar a forzar este tipo de cosas -los titulares de los derechos no responden a las leyes argentinas porque la FIFA es la titular- me parece que es suponer demasiado desde una ley. El sector del cable que representa es uno de los más críticos al proyecto Es que con la escasez de mercado que hay, suponer que se puede mantener la tasa del Comfer digna de una dictadura militar, es inadmisible. Además, sabemos muy bien que no va para el órgano de control sino que le dan diversos destinos, como el cine, al teatro, etc. Que uno tenga que pagar el 6 u el 8% de los ingresos brutos es intolerable. Han manifestado también que desde el Estado se quiere intervenir sobre el sector privado, ¿en qué casos puntuales? Vemos mucha intervención del ente regulador en cuanto al cable sobre qué señales se pueden transmitir y qué señales no, las autorizadas, las que no lo están. Que no se pueda transmitir ninguna señal que no esté inscripta, que haya que pedir autorización para cualquier transmisión del exterior, es absurdo. Esto significa que el Comfer va a tener que autorizar la transmisión de una misa del Papa. Y creo que eso refleja bien la parte absurda de ley. Aparte, imagínese lo que debe ser pedir permiso por escrito cuando la comunicación en la actualidad es tan rápida. Realmente vemos la cuestión inadmisible, intolerable. Hay mucha regulación y mucha interferencia en los negocios. Y otra cuestión inaceptable es que se deje entrar a las cooperativas. Toda vez que nosotros estamos en un servicio oneroso, las cooperativas están exentas de impuestos, tienen alguna que otra prebenda y las de servicios públicos, que en su ámbito, son monopólicas. Esto es lo que ya de arranque le da una ventaja competitiva. ¿Qué cree del nuevo censo a los cableoperadores? Eso lo veo muy bien. Es algo que nos debía el Comfer a la industria del cable porque así como se otorgaron todo tipo de permisos para radios, también se han otorgado muchas licencias de cable que no están operando. Hay muchas situaciones que corregir en cuanto a estas. Un ordenamiento en ese sentido lo vemos bien. Es algo que realmente aplaudimos. ¿Cómo ve las penalizaciones en la ley? Eso es algo que hay que sacar. El régimen penal de la ley de radiodifusión va a haber que llevarlo a través de una reforma del Código. Reforma que estamos proponiendo las tres cámaras que tienen que ver con la radiodifusión. Y también hay un proyecto propuesto por los diputados Brandoni y Dumont. ¿Se va a tratar en las Jornadas el tema de la clandestinidad? Seguramente, porque es un tema complejo habida cuenta como anda el país. Está ligado directamente. Es complicado combatirla porque necesitamos una regulación un poco más precisa. Hoy hay de qué aferrarse para imponer sanciones a los clandestinos, pero necesitaríamos algo más específico. Pero la situación social circundante es compleja. |
 |
|
|
|
Un nuevo ingrediente para el proyecto de ley:
Las audiencias públicas y la consulta popular
|
Por Dr. Carlos A. Tau Anzoátegui La presentación del proyecto legislativo sobre radiodifusión demandó a no dudarlo, un esfuerzo digno de destacar en sus autores. Participo de la idea de una reforma de la legislación vigente, más que una sustitución lisa y llana del sistema. Con ello trato de preservar el valioso aporte que durante muchos años -casi desde su sanción- mereció el régimen legal de la radiodifusión a través de interpretaciones emanadas de la Corte Suprema de justicia de la Nación y tribunales federales, incluso de las reformas, directivas administrativas, y distintas opiniones que han conformado un régimen legal relativamente actualizado. Además estoy con quienes piensan sobre las ventajas de evitar todo reglamentarismo en la legislación, pues estamos tratando un tema básicamente referido a la libertad de expresión, y al derecho de la información. Dentro de los vaivenes seguidos por el proyecto, figuran consultas sobre el mismo, las que posteriormente se convirtieron en las denominadas “audiencias públicas”, aunque esta mecánica no está considerada en nuestra legislación para tratar proyectos de ley. Sin embargo, las referidas “audiencias públicas” sirvieron para demostrar la entusiasta participación de distintos sectores en la consideración del régimen legal. Lo que está previsto y es del caso considerar, es el régimen de la “consulta popular” establecido en la reforma de 1994, del artículo 40° de la Constitución Nacional y reglamentado recientemente por la ley 25.432 del 23/5/01. La naturaleza del tema a tratar, como la valiosa participación de aquella diversidad de criterios hace pensar sobre la aplicación del referido artículo 40° de la Constitución Nacional. Para provocar la consulta se requiere de un proyecto de ley o de una “decisión política” tal como lo establece el artículo 9° de la ley 25.432. La determinación de políticas está prevista, incluso en normas dictadas por la actual gestión gubernamental. En efecto, el decreto 20/99 (13/12/99), al referirse a la entonces Secretaría de Cultura y Comunicación, se le atribuye la función de “coordinar y controlar la ejecución de las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional para el sector de la radiodifusión...”. Exactamente la misma redacción se emplea al fijar las atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia mediante el decreto 614/01 del 10/5/01, y que provocó la transferencia del COMFER a ese sector presidencial. En tal sentido, la ley debe constituir un verdadero marco jurídico, lo que significa aprobar simplemente las políticas mediante el respaldo popular señalado por la Constitución Nacional. Indudablemente no es satisfactorio encontrar 191 artículos en el proyecto presentado al Congreso, sustituyendo los excesivos 115 de la ley actual. Originariamente en las “Bases para un anteproyecto de radiodifusión”, con fecha 11/9/00 el COMFER previó un total de 120 artículos, pero el tránsito por distintos sectores permitieron que en el mes de mayo reciente, se consolidara el proyecto con aquellos 191 artículos. Debería fijarse el propósito de establecer unas pocas normas, sabias y concretas –no más de 20- para el funcionamiento del sistema, y esto configuraría un proyecto exento de reglamentarismos y con oportunidad de trascendencia temporal. Así del proyecto del COMFER podrían rescatarse algunos aciertos con determinadas modificaciones: 1) Sistema mixto de prestación de servicios con la concurrencia de estaciones privadas y otras pertenecientes a personas jurídicas de carácter público, estas últimas son educativas y culturales, sin publicidad comercial; 2) Acceso a licencias mediante concursos públicos y por adjudicación del poder Ejecutivo Nacional, restringiendo y constituyendo excepciones las transferencias de licencias; 3) Optar por el régimen de explotación individual de licencias, con clara identificación de los titulares o bien autorización para constituir redes en cuya operación podrían aceptarse accionistas anónimos; 4) Límites de participación extranjera, tanto en las licencias como en el contenido que se emite a través de programas o señales; 5) En el caso de aceptarse la existencia de un organismo de contralor administrativo, la atribución para decidir actos jurisdiccionales y aplicar sanciones, surgirá de procedimientos debidamente reglados y con garantía de la apelación directa ante la justicia; 6) Régimen de protección al menor que no se circunscriba a la determinación de horarios, pues la mentada protección debe ser permanente y en todo horario. Los “servicios complementarios” (teledifusión, TV por cable y otros) formando parte de una ley específica para estos servicios. Deben tratarse los alcances de la jurisdicción nacional de los servicios y la clara determinación de los derechos de las provincias en el régimen de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Queda latente la regulación de estaciones que operaron u operan sin autorización administrativa. Los efectos del decreto 1151/84 al suspender el elemento vital que justifica una ley, cual es el de los concursos públicos, llevó a una situación desatendida por el Estado. Por eso debe llegarse a un rápido reconocimiento de esos operadores, diferenciándolos exclusivamente por la etapa por la cual comenzaron su actuación. Los recientes llamados a concurso deben así encuadrarse con reconocimiento de derechos dentro del denominado “Régimen de Normalización de Emisoras de Frecuencia Modulada”. Se requiere el urgente tratamiento de esta situación. Por consiguiente considero que es conveniente el dictado de una ley marco, exenta de reglamentarismos, pero con definiciones válidas sobre los distintos aspectos de la radiodifusión. Aprobar normas escuetas, integrantes de un verdadero marco jurídico, significaría fijar las políticas, que con respaldo popular, pueden preservarnos de configuraciones elaboradas a veces alejadas de los intereses nacionales. |
|
|
