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Anularon la privatización de un terreno de Radio Nacional
Es un predio en Pacheco que había sido cedido por María Julia Alzogaray a Telefónica y Telecom. Ahora el Gobierno transfirió el lote en beneficio de los adjudicatarios. El gremio Foecyt, a pesar de manifestar satisfacción, instó a continuar las causas
| El gobierno nacional decidió a fines de julio anular la polémica privatización de un predio estatal ubicado en la localidad bonaerenese de Pacheco. Se trata de un bien perteneciente a Radio Nacional que fue entregado por la ex interventora de ENTEL, María Julia Alsogaray, a Telefónica y Telecom después de la liquidación de la compañía de teléfonos. Son 240 hectáreas ubicadas en el Talar de Pacheco, que si bien no estaban incluidas en los pliegos licitatorios, fueron cedidas en una operación que la llevó a la propia Alsogaray ante la justicia. En ese lugar, cuyo valor asciende a los cien millones de pesos, hay un barrio privado y una planta desde donde Radio Nacional amplifica las transmisiones, ya que allí se ubica su planta y la antena. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) expresó su “satisfacción” por la decisión presidencial, un decreto que contempla “la vieja inquietud” de los trabajadores del sector. Al respecto, la Foecyt denunció en un comunicado de prensa que los terrenos fueron “irregularmente cedidos a Telecom y Telefónica, ya que los mismos no formaban parte de los bienes incluidos en la respectiva licitación”. La medida oficial ahora establece que la transferencia del lote “ha sido concretada en exclusivo beneficio de los adjudicatarios”, en tanto que advierte que la parte privada estaba al tanto de la entrega de más terrenos de lo acordado, según se desprende de “los actos integrantes del proceso licitatorio”. Asimismo, el gremio instó al Gobierno a “continuar las acciones legales contra todos los involucrados, los que además deben hacerse responsables patrimonialmente de los daños y perjuicios causados, tanto al Estado Nacional como a los posibles particulares damnificados”. A la justicia por el predio Por este caso, María Julia Alsogaray fue denunciada por el titular de la Oficina Anticorrupción, el ex juez José Massoni, que decidió enviar los antecedentes a la Justicia y convertirse en querellante de la causa. Tras varios meses de tramitación, el juez federal Adolfo Bagnasco decidió llamar a prestar declaración indagatoria a la ex funcionaria y a otros directivos en la gestión privatizadora de ENTEL. A los tres los imputó de presunta “falsificación de instrumento público y fraude en perjuicio de la administración pública”, un delito que pena con cárcel. Pese a que después de su declaración, el juez Rodolfo Canicoba Corral –se hizo cargo del caso por la renuncia de su par- sobreseyó a Alzogaray, su ex colaboradores Ricardo Fox y Mariano Abreu fueron procesados. En noviembre de 2000, cuando citaron a la ex interventora para ser indagada ante la justicia, fuentes de Comodoro Py dijeron que “si un juez –sobre todo en casos de alta repercusión pública- llama a un acusado es porque debe tener elementos de convicción suficientes para imputarle el hecho”. Pero María Julia salió airosa de la causa y ya está desvinculada del proceso. |
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