Página 32

El Gobierno intimó a las telefónicas

Frenan el traslado de aportes privados a los usuarios de celulares

Desde hace 11 meses los clientes pagan obligaciones propias de las empresas como si fueran cargas públicas. Ahora quieren que las telcos cesen con esta práctica y asuman la responsabilidad que tienen como licenciatarias. Pero nadie sabe qué pasará con el dinero aportado

La secretaría de Comunicaciones intimó a todas las compañías prestatarias del servicio de telefonía celular móvil para que cesen en la práctica de aplicarle a los clientes los cargos por tasas de verificación y aportes al fondo del Servicio Universal, dos erogaciones propias de las empresas que no pueden ser mostradas como cargas públicas. A través de la resolución 279/01, publicada en el Boletín Oficial el 10 de agosto, el organismo que dirige Henoch Aguiar determinó poner fin a esta modalidad empresarial de incluir como “impuestos, tasas y contribuciones”, aportes que en realidad son de exclusiva responsabilidad de las prestatarias. Es decir que desde septiembre de 2000, Movicom, CTI, Personal y Unifón cobraron a sus clientes obligaciones asumidas por ellos mismos como inherentes al otorgamiento y uso de las licencias que obtuvieron. La medida surgió luego de un informe del área económica financiera de la CNC en el que constan suficientes elementos como para presumir “sobreprecios” a los usuarios. Esto determinó para el ente que los precios finales eran “irrazonables” y violaban la ley de Defensa de la Competencia. Por eso ahora se intimó también a las empresas a presentar ante el organismo de control la información contable de los costos que respaldan los guarismos incluidos en las facturas que emitan. Aportes privados, no públicos La aplicación y vigencia de la Tasa de Control y del Aporte al Fondo del Servicio Universal están estipulados en el Reglamento General de Licencias para servicios de telecomunicaciones, aprobados por decreto en septiembre pasado. Respecto de la tasa, el Gobierno estipuló el abono en concepto de control, verificación y fiscalización, equivalente al 0,5% de los ingresos totales devengados de la prestación del servicio netos de impuestos. Para el caso del Fondo del Servicio Universal, que se utiliza para desarrollar las telecomunicaciones en zonas no rentables donde las propias empresas desisten de ir, se estimó en el 1% de los ingresos. La inclusión de estas obligaciones en el rubro “impuestos” dentro de las facturas –dice la resolución- “no se ajusta a las normativas que las han establecido, generando en el cliente la percepción de encontrarse ante un nuevo concepto, destinado al erario público”. Asimismo, la secretaría de Comunicaciones determinó que es “práctica común en el mercado de la telefonía móvil formalizar contratos de adhesión con sus abonados”, lo que supone “un potencial agravante de la conducta violatoria de los derechos de los consumidores”. Ahora se espera que las propias empresas informen sobre cómo detallarán las obligaciones a los clientes y se regularice la situación. Sin embargo, aún queda por definirse qué pasará con el importe abonado por los particulares desde hace 11 meses, ya que deberían haber sido las telefónicas quienes asumieran esos cargos.