Página 11
Pidieron un informe al Gobierno
Hay dudas por la situación administrativa de Canal 7
Por denuncias de los empleados, ahora una diputada quiere detalles sobre los retiros voluntarios, coproducciones y gastos. También genera incertidumbre la desfinanciación y se investiga si hubo falta de facturación en publicidades
Una vez más el ojo de la tormenta vuelve a posarse sobre la emisora oficial. Porque luego de 10 años de administración fraudulenta, denuncias y amenazas de privatización en la era menemista, Canal 7 presenta ahora muchas dudas sobre el futuro de sus trabajadores. Luego de haber analizado una serie de irregularidades denunciadas por el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), la diputada por el Frepaso Graciela Ocaña, presentó el 22 de noviembre un proyecto de resolución para que el Gobierno informe sobre cómo el canal administra sus recursos. En este sentido, la legisladora comienza su pedido con la idea de conocer la cantidad de empleados que se acogieron al plan de retiros voluntarios que implementó el canal en 2000. Sobre este asunto, la clave es conocer cuántos de ellos estaban realmente en condiciones de jubilarse, qué cargos ocupaban y cuál fue el monto total que pagó la empresa en concepto de indemnizaciones. A medida que surgen las solicitudes de información, los requerimientos de la diputada también comienzan a hilar fino. Por ejemplo, quiere saber si los cargos que quedaron vacantes volvieron a ser ocupados por otros y cuánto perciben los nuevos por esos puestos. Desde otro lugar, Ocaña se hace eco de la situación general y apuesta a descubrir qué tipo de condiciones se dieron respecto de costos y beneficios devenidos de los contratos de coproducción. A raíz de esto, se desprende la necesidad de averiguar “si existen informes del Departamento de Telecontrol, según los cuales, durante los años 2000 y 2001, se emitieron segundos de publicidad no pautadas por las coproducciones ni facturadas por el canal”. Por eso es que, si esta presunción llega a ser cierta, la legisladora espera que el Gobierno le informe “cuántos segundos no se han facturado, cuánto representa en pesos, cuáles son los motivos por los que no se facturó” y de qué manera se registró en los libros contables el ingreso de ese dinero. Quizás bajo la sospecha de manejos extraños en la cobertura de cargos, la diputada no ahorró demandas en este rubro. Para cerrar la investigación, necesita percatarse sobre si durante 2000 y 2001 se han creado nuevos cargos en las distintas gerencias. También sobre la base de una respuesta positiva, la intención es determinar cuál es el salario que perciben esas personas y de qué manera han sido seleccionadas para ocupar esos puestos. Las causas del reclamo Entre los fundamentos que esgrime Ocaña para el reclamo de información aparecen las propias denuncias de los trabajadores. Según éstos, desde julio último “se estaría produciendo en el canal el levantamiento de programas, recortes en la operatividad y disminución del trabajo”. Entre las tantas irregularidades evidenciadas por los empleados, está “la tercerización de la producción de muchos programas, situación que genera pérdida de productividad, ya que a los trabajadores se les abona el sueldo para que trabajen y los trabajos los realizan con empresas privadas”, dice el informe.
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El Directorio del Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) resolvió el 30 de noviembre que a partir de enero se hará cargo de la coordinación periodística del multimedios Ricardo Rivas, actual subsecretario adjunto de comunicaciones del Gobierno. El funcionario trabajó durante 14 años en la agencia Noticias Argentinas, en el diario Tiempo Argentino y en los canales 9 y 11. Por otro lado, se anunció que la gerencia general de la agencia de noticias Télam estará a cargo de Juan Manuel Romero, el que también asumirá sus funciones en enero, luego del período de transferencia, previsto para diciembre. Romero se desempeña como Sub Gerente General de Télam y ejerció funciones en el gobierno como Director General de Prensa. El actual gerente general de la agencia, Rodolfo Pousá, pasará a la pantalla periodística de Canal 7. Por otro lado, y cuando todo indicaba que el SNMP tendría un nuevo sustento legal en cuanto a su funcionamiento antes de fines de año, otra vez encontró a los medios del Estado sin ley. El acuerdo de la Comisión de Comunicaciones a través de un dictamen para dar por tierra con el decreto 93/01 que lo creó, también fracasó al no tratarse en la última sesión de la Cámara de Diputados. Y lo que en su momento parecía ser el premio consuelo por no sacar la Ley de Radiodifusión, ahora corrió la misma suerte que ésta y ya quedó guardado en un cajón hasta nuevo aviso.
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