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Un diputado busca informes sobre la eventual asignación de espacios del espectro a tres empresas cordobesas vinculadas entre sí a través de sus dueños. En el medio, el ex secretario de Comunicaciones aparece involucrado.

Germán Kammerath

Un nuevo escándalo en torno a la eventual asignación de frecuencias de manera ilegal durante su gestión al frente de la secretaría de Comunicaciones vuelve a ubicar a Germán Kammerath a las puertas de la sospecha eterna.
El diputado del Frente Grande Atilio Tazzioli presentó un proyecto en la Cámara para solicitar a la CNC información sobre la posible utilización de espacios del espectro en forma ilícita por tres empresas de radiocomunicación de la ciudad de Córdoba.

La vinculación con Kammerath aparecería de la mano de su cuñado, Marcos Alvarez, a quien se le atribuye Radio Express SA junto con Rosa Kammerath, Personal Post SRL, de la que es integrante y Multivideo SA, donde ejerce la presidencia.
De llegar a comprobarse lo que Tazzioli denuncia, el ex funcionario y sus familiares estarían frente a un delito, toda vez que la legislación vigente no permite un acopio indiscriminado del espectro en un mismo grupo económico que accedió a diferentes frecuencias para un sólo tipo de servicio.
Sobre la base de estas presunciones que investiga el equipo de asesores del diputado, ahora la CNC deberá confirmar si las empresas pertenecen a un mismo grupo o si las posiciones ejecutivas son ocupadas por las mismas personas.
De ser así, Tazzioli espera conocer qué tipo de disposiciones se aplicaron al respecto, al igual que la reacción del organismo luego de una supuesta inspección de la empresa Thales Spectrum como consecuencia de un expediente sobre ilícitos en estas empresas denunciadas.
La frecuencia que más interés despierta en la Cámara es la 931,1125 Mhz. Por esa ubicación se espera obtener los datos sobre quiénes fueron sus adjudicatarios desde 1990 y las sucesivas transferencias en esta última década.

Diputados busca conclusiones luego de la apertura

Indagarán al Gobierno por el
mercado de las telecomunicaciones

A 18 meses de la desregulación, Diputados tiene dudas sobre cómo se desarrollaron las inversiones, la prestación de servicios y los avances en torno del sector. Esperan las respuestas de la SECOM

A más de un año y medio de la apertura en el mercado de las telecomunicaciones, el Congreso exigirá al Ejecutivo un informe con los principales logros y fracasos de la plena competencia en el sector de la telefonía, transmisión de datos y nuevas tecnologías.
La comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja aprobó un proyecto impulsado por su presidente, Pablo Fontdevila, donde se intenta ahondar en ciertos puntos relacionados con las licencias, inversión y empleos creados luego de la desregulación, habilitada el 8 de noviembre de 2000 luego de 10 años de monopolio.
En ese momento, el ex secretario de comunicaciones, Henoch Aguiar, prometió más y mejores servicios, los que seguramente irían a reducir su costo a la tercera parte y mejorarían la rentabilidad de las empresas.
Las inversiones se estimaban en 6000 millones de dólares y se creía que al menos más de 15 mil puestos laborales nuevos aparecían de la mano de un mercado que vería duplicada por 100 su capacidad de comunicarse. Todas las presunciones eran dentro de un contexto recesivo, pero muy lejos aún de la crisis sin precedentes que se desató en el país un año después.
Hoy, con las salvedades que impone la devaluación, las inversiones congeladas y miles de empleos nuevos cada mes, los legisladores aspiran al menos a conocer qué quedó efectivo de aquellas estimaciones oficiales.
En los fundamentos del pedido de informes, Fontdevila asegura que durante 2001, tanto las empresas existentes como las entrantes al mercado estaban disconformes. Las primeras por los magros resultados y las segundas por la “imposibilidad de realizar inversiones de modo definitivo” ante la falta de reglamentación.
Por eso ahora la Cámara busca conocer cómo se realizó de manera efectiva la prestación de los servicios, en especial en las zonas menos rentables, las que debían ser cubiertas gracias al aporte de las empresas al Fondo para el Servicio Universal.
Por el lado de las compañías entrantes, existe la sospecha que las mismas sólo se han mantenido en el target corporativo y en determinadas áreas geográficas populosas. Y en cuanto a las tradicionales, como Telefónica y Telecom, la idea es indagar sobre el mantenimiento de los servicios, es decir si mejoraron a empeoraron producto del propio deterioro financiero que experimentaron en este último tiempo.
Asimismo, se informó que el Gobierno deberá detallar los pormenores de las condiciones sobre las que se implementaron los convenios de interconexión, un punto resistido por las empresas existentes ya que nunca quisieron compartir sus redes con las nuevas bajo los parámetros que dispuso el ejecutivo.
En este sentido, la punta principal de esta solicitud radica en la necesidad de contar con un panorama más acabado de la situación a 18 meses de la apertura con el fin de establecer “si el camino elegido no merece correcciones para perfeccionar el acceso pleno y universal a servicios eficientes y asequibles”, dijo Fontdevila.
Una vez aprobado el proyecto, la comisión de Comunicaciones se comprometería a adoptar “mejores decisiones” sobre la base del conocimiento real y concreto de la situación.

Lo que exige el Congreso

La secretaría de Comunicaciones deberá informar los siguientes puntos:

Cantidad de licencias tramitadas para cada tipo de servicio

Inversión comprometida y efectuada por los licenciatarios en sus proyectos

Zonas geográficas cubiertas por cada servicio

Qué empresas no ofrecen sus soluciones al público en general. Y cuáles sí

Los reglamentos de sanciones en la Secom

Recaudación y funcionamiento del Fondo para el Servicio Universal

Cálculos de costos netos de prestación del Servicio Universal

Prestaciones efectivas del servicio

Convenios de interconexión registrados

Cantidad y tipo de nuevos clientes captados por las empresas entrantes.