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Senado busca evitar la extranjerización Quiénes serán los beneficiados |
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El futuro de las empresas culturales
El Senado busca evitar la extranjerización de los medios
Limitarán al 30% la participación foránea en firmas periodísticas y culturales. Pero puede ampliarse con países que contemplan reciprocidad de inversiones. La idea es evitar el “cram down” y que los acreedores se hagan cargo del control de un medio de comunicación.
El Senado de la Nación está a punto de darle media sanción a un proyecto
de ley que tiende a limitar la participación accionaria de personas extranjeras
en empresas periodísticas o firmas con un claro interés cultural y científico.
Las comisiones de Libertad de Expresión, Legislación General y Comunicaciones
acordaron en pleno el 5 de junio un dictamen donde establecen que la propiedad
de los medios de comunicación deberá ser de compañías nacionales y sólo se
permitirá hasta un 30% de capitales foráneos.
La iniciativa parlamentaria, surgida a través de los senadores Miguel Angel
Pichetto (PJ), Carlos Maestro (UCR y José Luis Zavalía (PJ) pretende preservar
la identidad nacional de los medios y darle oxígeno a las empresas culturales
afectadas por la crisis y evitar que inversores del exterior decidan de aquí
en adelante cómo será la agenda diaria de la Argentina.
Tan es así que los medios gráficos, de Internet, vía pública, los audiovisuales
y hasta las productoras de contenidos quedarían excluidos del proceso de “cram
down”. Es decir que no tomarían el control de la firma los acreedores en caso
de decretarse la quiebra.
El punto más delicado del proyecto es quizás el referido al recorte en la
inclusión de extranjeros toda vez que cualquier tipo de limitación podría
afectar la legitimidad de los acuerdos internacionales de inversiones.
Si bien el texto aprobado por las comisiones establece que el porcentaje citado
puede ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones
extranjeras en sus medios hasta el tope que ellos permiten, no faltaron las
dudas sobre este asunto.
Sobre la base de ese principio, el presidente de Comunicaciones, Guillermo
Jenefes (PJ) votó en disidencia al plantear que una norma que restringe las
inversiones extranjeras en materia de radiodifusión podría entrar en conflicto
con algunos principios establecidos en los tratados que tienen jerarquía superior
a las leyes desde la reforma constitucional de 1994.
Al parecer, el senador por Jujuy planteó su reparo a la norma por no contemplar
el acuerdo de “inversiones recíprocas” que se firmó en 1991 con Estados Unidos,
en el cual se habilitó a las empresas norteamericanas a participar plenamente
en las firmas argentinas.
Para despejar dudas sobre cuestiones adquiridas, Pichetto, defendió la idea
de aclarar que “los contratos de cesión de acciones, cuotas de transferencia
de titularidad de licencia celebrados con anterioridad” a la salida de la
ley no serán alcanzados. Y así quedó explícito en el dictamen que entrará
a discutirse en breve.
Sin embargo, no fue suficiente para conformar a todos. Otras de las disidentes
fueron Liliana Negre de Alonso (PJ) y Sonia Escudero (PJ), las que no se plegaron
al despacho que contó con las firmas de 26 pares, incluidos los jefes de bloque
justicialistas y radicales, José Luis Gioja y Carlos Maestro respectivamente.
Según indicó la agencia DyN, Negre se mantuvo en contra de establecer una
excepción al sistema de “cram down”, incluido en la ley de quiebras. Y Escudero
recordó entonces que el FMI le expresó al ministro de Economía, Roberto Lavagna,
su oposición a fijar excepciones al sistema.
Por su parte, el senador Eduardo Menem avaló el proyecto pero dijo que era
“una hipocresía” incluir diversos tipos de patrimonio cultural cuando “la
intención es defender a los medios”.
Según confiaron fuentes parlamentarias, durante el plenario de comisiones,
muchos senadores se preguntaban si realmente este proyecto ayuda a los medios.
Es que el razonamiento pasaba por la experiencia brasileña en el tema. Al
parecer, después de tener prohibida la entrada a inversiones extranjeras,
fueron las propias empresas periodísticas del país vecino las que pidieron
que se abra el abanico de inversiones foráneas hasta en un 30% para inyectar
oxígeno tras la devaluación.
Entre las voces en favor del proyecto se destacaron las del senador Jorge
Yoma (PJ), que expresó: “En este momento coyuntural creo que es imprescindible
que el Estado intervenga para equilibrar la relación -hoy quebrada como producto
de la devaluación-entre el acreedor y el deudor en los procesos concursales
porque es un principio del Derecho Laboral.
Por su parte, el ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, Jorge Capitanich,
salió en defensa de la revalorización de los contenidos nacionales en la programación
como una defensa de los intereses locales.
Ahora en el Congreso Nacional, más allá de las divergencias planteadas, se
espera que cualquier otra modificación sea incorporada al momento de tratarse
en el recinto para obtener la media sanción y así evitar caer en múltiples
dictámenes.
Quiénes serán los beneficiados
El límite de 30% para la participación de capitales extranjeros y la excepción del “cram down” será para:
Diarios, revistas, periódicos y editoriales
Servicios de radiodifusión básicos y complementarios amparados en la ley 22285
Productoras de contenidos audiovisuales y digitales
Proveedoras de acceso a Internet
Empresas de difusión en vía pública
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Invitados por las comisiones de Libertad de Expresión, Comunicaciones y Legislación
General, dos expertos en derecho constitucional y societario avalaron la iniciativa
parlamentaria y no pusieron ningún reparo a la hora de señalar su viabilidad.
El especialista Gregorio Badeni sostuvo que este tipo de proyectos, “dinámicos
y pragmáticos son merecedores de un aplauso. Porque, en definitiva, sin coartar
y sin desnaturalizar la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos,
tratan de establecer una regulación acorde a la gravedad del momento que estamos
viviendo; es una regulación que ha admitido el Tribunal Constitucional de
la Comisión Europea de Derechos Humanos”.
Para él, esta iniciativa “no puede ser tildada de inconstitucional. Si bien
establece una limitación al derecho resultante del artículo 20 de la Constitución
Nacional respecto de los extranjeros, lo hace por una razón valedera: la preservación
de los valores culturales nacionales, y, además, atendiendo a las circunstancias
particulares que se viven en el país. Pero no anula ese derecho, sino que
le establece una reglamentación y un límite”, aclaró.
Alejandro Fargosi, destacado en el ámbito del derecho societario, concluyó
que si bien el tema fue instalado por “la ley de quiebras y el cram down,
no es un asunto que compete a la ley de quiebras, toda vez que se involucra
temas muy caros y cercanos a todos nosotros y que hacen a nuestra propia idiosincrasia
como país”.
Fargosi también comentó: “No se trata de cerrar la posibilidad de que lleguen
otros medios, vía satélite, vía puerto o vía televisión o lo que fuere, sino
que los que se desarrollen en el país sean llevados a cabo por personas nacionales”.
Y se preguntó: “¿Qué pasaría si se optara por algún procedimiento de cram
down respecto de mi estudio jurídico? Podría pasar cualquier cosa, pero lo
único que no podría pasar es que los acreedores desempeñasen la profesión
que tengo porque como profesión regulada no se puede llevar a cabo sin un
título habilitante, un permiso”.
Por último, entendió: “Si todo el mundo considera que los intereses culturales
son mejor atendidos por sus nacionales, no entiendo por qué nosotros no vamos
a considerar lo mismo con respecto a los nuestros”.
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Juan Chiesa, profesor universitario, coordinador del Centro de Radio y Televisión
de la Universidad Católica y secretario de una asociación de productores independientes
de televisión por cable fue quizás la voz más crítica en el salón de lecturas
del Senado.
Según su razonamiento, “Si la CNN quisiera instalarse en la Argentina, con
una señal completa de noticias argentinas al mundo, debería encontrar un socio
que aporte el 75 por ciento del capital y que fuera nacional. No creo que
lo encuentre y tampoco que esté dispuesto a asociarse”, dijo.
El catedrático se mostró “dudoso a futuro de salir esta ley”. Y así planteó
el dilema con la creación de empresas de Internet ¿Cómo podemos imaginarnos
dónde está situada una página web si en general son proyectos globales?”,
advirtió.
En tanto, aprovechó para preguntarles al grupo de senadores que lo escuchaban
qué habían pensado al momento de generarse “el proceso atroz de concentración”
de medios en la Argentina.
Por otro lado descartó que las empresas de cable sean capitales culturales
al asegurar que “cultura es el contenido, no quien lo reparte”. Y de inmediato
salió al cruce del sector al sostener que “arriba del 90 por ciento de la
producción de cable no es de contenido nacional”.
“Me siento una voz distinta en un contexto de voces de coro”, sugirió. “Si
el 90 por ciento de los costos de los MSO son en dólares es porque, son de
la programación que compramos afuera. Entonces, invito a que esos altos costos
en dólares se inviertan en producción de contenido nacional, así bajamos los
costos en dólares y, además, generamos trabajo”, aconsejó irónico.
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