Radiodifusión

ATA: “Proteger lo nacional no implica desconocer inversiones extranjeras”

La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) no faltó a la cita que el Senado cursó a las entidades del sector de medios de comunicación y en la voz de su presidente, Carlos Fontán Balestra, resaltó la iniciativa de proteger el patrimonio cultural nacional sin que esta acción se transforme en un desconocimiento de las inversiones realizadas en el país por capitales foráneos.
“Nos parece que la legítima intención de proteger el patrimonio cultural como sector estratégico que representa para la Nación concediendo protección al capital de origen nacional no implica desconocer los esfuerzos llevados a cabo por inversores externos en el país”, indicó el ejecutivo.
Y dedujo que, “la coexistencia de participación de capitales de diversos orígenes, enmarcada dentro de los límites de la iniciativa legislativa proyectada, será hecha no sólo por el sector cultural sino principalmente para la comunidad en general”. Fontán Balestra reconoció que esas inversiones “no sólo han permitido vigorizar la infraestructura (del sector de la televisión) sino también han permitido encarar importantes producciones”.
Para él, esto posibilitó la transmisión hacia fuera del patrimonio cultural argentino y entendió como “acertado el resguardo que el proyecto bajo análisis concede a la inversión extranjera realizada hasta la fecha, defendiendo derechos adquiridos, así como también la participación de capital extranjero que en el futuro, mediante esta iniciativa legislativa, se contempla”.
En tanto, el abogado aprovechó la ocasión para demostrar ante los legisladores cuán quebrada parece estar la televisión gratuita en la Argentina. “Hoy se recauda el 25 por ciento de lo que se obtenía en 1999. Y sin embargo se sigue teniendo a la misma gente y las mismas estructuras”, confesó.
“Podemos decir que la televisión está casi en un estado de quiebra; y de hecho hay un canal que se ha presentado en concurso; y no creo que pase mucho tiempo antes de que se presente otro”, vaticinó.
Tal como lo hace cada vez que se encuentra ante un micrófono, Fontán Balestra descargó su oposición al nivel impositivo del sector. “La televisión no debe ser llevada a la destrucción por la carga impositiva y de todo tipo que tiene. El medio debe tener la posibilidad de ganar algún dinero para que lo que producimos sea mejor. Es difícil producir cosas buenas si no son rentables; es decir, producir una buena televisión si no hay dinero para producirla”, concluyó.

ATVC no avala tope a foráneos pero sí
la exclusión del cable al “cram down”

El presidente de la Asociación Argentina de TV por Cable, Walter Burzaco se pronunció en favor de la promoción “de la defensa de los medios culturales para que sean excluidos del cram down”. Pero aclaró que desde ATVC “siempre se rescató el respeto de los derechos adquiridos”.
El ejecutivo sostuvo que “de preservarse como está en la actual norma la institución del cram down, hasta se podría estar burlando el mismo objetivo de la ley de radiodifusión si los acreedores se hacen dueños de las empresas del área”.
Asimismo, y pese a aclarar que las inversiones tecnológicas del sector del cable (estimadas en 200 millones de dólares entre 1998 y 2000) “están amuradas al territorio nacional”, Burzaco se mostró en contra de cualquier tipo de límites a la participación extranjera.
Tal como lo había expresado el año pasado en relación al proyecto de ley de radiodifusión, que imponía un tope de 49% para el cable, la Asociación sostiene ahora que una restricción similar en este sentido “podría resultar contraria a los tratados bilaterales de protección y promoción recíproca de inversiones donde una limitación tal podría llegar a afectar sensiblemente la situación accionaria de empresas que operan actualmente en el mercado argentino”.
Por otro lado, el presidente de la entidad no evitó comentar los efectos que la crisis y la devaluación dejaron en la industria de la TV por cable, un sector que para él, “a veces es olvidada como medio de comunicación”.
En tren de describir las desavenencias actuales, Burzaco planteó el defasaje financiero al que están sometidos tanto los principales MSO como los más pequeños cables del interior agrupados en ATVC.
“Tenemos costos en dólares —o tendientes a ellos—, recaudamos en pesos y estamos endeudados en dólares. Las deudas no sólo son las adquiridas a través de obligaciones negociables, que afectan principalmente a los grandes operadores, sino que son también las comerciales, adquiridas por los pequeños operadores de cable. Si hacemos un estudio de los grandes operadores, diría que el 95 por ciento de las deudas han quedado dolarizadas”, comentó.
“Sólo el 5 por ciento se ha pesificado y entiendo que lo mismo está ocurriendo en las pymes, toda vez que los contratos para la distribución de señales son en dólares y toda la tecnología utilizada en los cables también es importada”, puntualizó en la Cámara Alta.

Para ARPA, primero hacen falta reglas
de juego para que inviertan los locales

“Requerimos una vez más a las autoridades de control y a los señores legisladores, no sólo medidas instrumentales y coyunturales, sino también la adopción de reglas de juego que hagan posible la existencia de empresas de radiodifusión privada” en la Argentina.
Así planteó su visión a los senadores la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, ARPA, que más allá de apoyar la iniciativa parlamentaria de proteger lo nacional, pareció más dirigida a denostar la forma en que se lleva a cabo la política de radiodifusión en el país.
Para la agrupación, “la elaboración de proyectos de ley debe reflejar la realidad inédita en que estamos inmersos” y en este sentido consideró que con el advenimiento de la radiodifusión sonora digital, las expectativas de inversiones sólo serán ejecutadas si se protege y preserva a los interesados.
Carlos Rago, en representación de ARPA, sostuvo que “la actual administración del espectro radioeléctrico plantea escasa atracción para las inversiones, ya sean locales o extranjeras, dada que la usurpación absoluta y constante de sus frecuencias por parte de emisoras ilegales, hace inviable cualquier programa serio en la materia”.
En cuanto a la participación del capital extranjero en la titularidad de las licencias, la asociación cree que debe ser un debate “dentro del tratamiento de una futura ley de radiodifusión”.
Porque según confió Rago, “es importante destacar que a partir de la sanción de la ley 23.696 de Reforma del Estado y posteriores normas relacionadas con la radiodifusión se procedió a actualizar la legislación en esta materia al permitir que sean personas de existencia ideal los accionistas de las personas jurídicas titulares de las licencias de radiodifusión”.
ARPA también pidió rescatar los acuerdos internacionales de protección recíproca de inversiones que otorgaron un marco de seguridad jurídica para inversores extranjeros en radiodifusión. Y aseguró que en este contexto “operadores extranjeros ingresaron como accionistas de medios de radiodifusión con inversiones destinadas a sanear pasivos financieros y a realizar equipamientos de alta tecnología”.