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ES UN PROGRAMA OFICIAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA

El Comfer dejó de cumplir con la
Carta de Compromiso

> En 2001 Gustavo López firmó la iniciativa en el marco de la modernización del Estado. La idea era permitir que los radiodifusores puedan medir si se cumplían los objetivos de gestión. Se estipularon los plazos para los trámites y se reguló el acceso a la información del organismo. Pero desde que asumió Carlos Caterbetti no se pudo evaluar si se cumplieron los postulados

A casi dos años de haberse incorporado al programa “Carta de Compromiso con el ciudadano”, una iniciativa que impulsa la Secretaría de la gestión pública para modernizar el funcionamiento del Estado, el Comfer no cumplió con los postulados comprometidos y es uno de los pocos organismos que desde 2002 no fue evaluado para ver si mejoró o no en su rendimiento operativo. Fuentes de la Oficina Nacional de Innovación en la gestión, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, confirmaron a R&TA que el ente dejó de elevar informes de gestión desde que asumió Carlos Caterbetti sin justificación alguna. Esto derivó en un virtual estado de infracción sobre los compromisos asumidos el 11 de mayo de 2001 durante la gestión de Gustavo López ya que la evaluación final -debió realizarse en julio último- no se pudo aplicar en el Comfer. “El motivo de esto fue porque se cortó el contacto y ellos no presentaron los informes”, indicó una coordinadora del programa. Ahora, el organismo deberá contestar a un pedido formal de entrevista que solicitó en enero la responsable de la iniciativa, Carmen Siks, con la idea de retomar el diálogo y llegar a un principio de entendimiento. “Son cuestiones políticas de desinterés o falta de voluntad. Quizás lo toman como algo que fue de la gestión anterior y creen que lo mejor es despegarse. Pero nosotros trabajamos esto como una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno. De hecho, en el resto de los organismos hemos tenido continuidad”, confirmó una integrante de la entidad que maneja de cerca los resultados de las evaluaciones. Según ella, de 24 sectores del Estado que firmaron la Carta de Compromiso con el Ciudadano, sólo 3 (ORSNA, INADI y Comfer) dejaron de cumplir los objetivos con el cambio de gestión. Lo que se debió haber informado La iniciativa firmada estipulaba que el Comfer “asume con la gente un compromiso concreto sobre la calidad de la prestación de los servicios”. Es decir que todos los ciudadanos del país –especialmente los radiodifusores- tenían la posibilidad de medir y controlar sobre el efectivo cumplimiento de las metas que se propusieron. En esta búsqueda de transparencia se estipularon los tiempos máximos que debían insumir trámites como el pedido de gestión para impedir transmisiones ilegales o para aprobar las transferencias y cesiones de partes de licencias de radiodifusión. En este sentido, el radiodifusor podía exigir el cumplimiento de los plazos fijados para la adjudicación y concursos por licencias, como así también que el otorgamiento de prórrogas de licencias se hagan en tiempo y forma. Por otra parte, se le dio un carácter libre al acceso del sistema informático de movimientos de la documentación: todos tienen acceso a los expedientes, los que podrán ser consultados, una vez disponibles, en un lapso de 10 días hábiles. Y como si esto fuera poco, hasta se les exigió a los empleados que sean corteses y tengan una capacidad de respuesta ágil: por ejemplo, nadie puede esperar más de 5 minutos en ser atendidos para la recepción y entrega de trámites en la mesa de entradas de Suipacha al 700. Sin novedades Consultados sobre cuál era la justificación oficial sobre este incumplimiento, fuentes de la actual administración del Comfer indicaron que la propia intervención se encargaría de explicar las razones que existan ante el ente en cuestión. En su momento, cuando se hizo efectiva la firma del compromiso, el ex viceministro de la Jefatura de gabinete, Armando Caro Figueroa anheló: “Queremos que el Comfer sea una organización ejemplar dentro del esquema estatal argentino”. Tampoco Gustavo López veía en el futuro que el cambio sería tan drástico. “Esto plasma en la práctica lo que venimos pregonando desde el inicio de la gestión, que era transparentar a este organismo y hacerlo más eficiente”, estimó en el acto el ex interventor. “Muchos radiodifusores han batallado contra el Estado porque los trámites tardaban 600 días y nunca salían. A nosotros también nos pasó de no tener una base de datos para saber quién es radiodifusor y quién no”, apuntó el interventor convencido del coto que se instalaría a las demandas por inacción que recaían en el Comfer desde hace años

LA UTILIZACION MONOPOLICA EN RADIO Y TV

Reclamo socialista por el uso
de los medios públicos

Mientras el Gobierno aún no respondió al pedido de informes que se elevó en Diputados sobre los motivos por los que levantó la programación del 20 de enero para transmitir durante dos horas al precandidato oficialista Néstor Kirchner por Canal 7, una nueva queja por el uso partidario de los medios públicos se instaló en el seno del Congreso. Se trata de un reclamo del diputado socialista Oscar González, que protestó ante el Poder Ejecutivo para que “cese en la utilización monopólica” de los medios de comunicación del Estado y “garantice” espacios a todos los partidos políticos. “Tales conductas contrarían el carácter público de las emisoras, transformándolas así, de hecho, en emisoras gubernamentales y oficialistas”, consideró el legislador socialista en un comunicado de prensa. De esta manera, González se plegó a las críticas que ya habían realizado en este mismo sentido el candidato del partido Recrear, Ricardo López Murphy y la colega de bancada, Irma Parentella (ARI Capital), dos políticos que no dudaron en calificar el hecho como una “barrabasada” y un acto “vergonzoso”, respectivamente. Ahora, el legislador socialista manifestó que “esta situación debe ser corregida con la inclusión de otras figuras del arco político opositor con representación parlamentaria” y agregó que esto “daría la posibilidad de fortalecer el libre juego democrático y garantizar el pluralismo político”. En su petición, también alertó: “El Poder Ejecutivo Nacional debe cesar en la utilización monopólica de los medios públicos de difusión y garantizar en Radio Nacional y Canal 7 Argentina espacios radiales y televisivos a todos los partidos políticos nacionales, en condiciones de igualdad”

ES UNA IDEA DE LA DIPUTADA IRMA ROY

Quieren convertir a Canal 7 en
Televisión Comunitaria Argentina

En nuevo proyecto de ley busca cambiarle otra vez la cara a Canal 7. La diputada por el Frente Nuevo País, Irma Roy, presentó una iniciativa para crear Televisión Comunitaria Argentina (TCA) en reemplazo de la actual emisora pública. Si bien la legisladora pretende que sea un ente autónomo desde el punto de vista económico y pluralista en los contenidos, prevé que el mismo sea creado en el ámbito del Comfer, un organismo que responde al gobierno de turno. Según expresó en su proyecto, TCA tendría personería jurídica propia y un régimen autárquico como continuador del canal estatal. Por eso busca que el mismo se integre con los bienes de la emisora, los archivos y los derechos que éste goza en la actualidad. Pero no su pasivo. Para la financiación, Roy habilita la comercialización de espacios de publicidad, la venta o alquiler de programas, aportes privados como donaciones y patrocinios, subvenciones y partidas del propio Comfer, entre otros puntos. TCA deberá emitir por lo menos un cincuenta por ciento de producción propia y un ochenta por ciento tendrán que ser contenidos nacionales elaborados en el país. También se pretende la exhibición de un mínimo de seis largometrajes nacionales, dos telefilmes, cuatro documentales y diez cortometrajes nacionales por año calendario a partir del año siguiente al de la promulgación de la ley. Se destaca en la iniciativa la creación de una escuela de formación especializada en televisión para el personal, noticias con especial interés en el país y el MERCOSUR a través de Argentina Televisión Noticias (ATN). TCA será dirigida por un cuerpo directivo y un comité de control designados por concursos y el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la normativa en un plazo máximo de dos meses a partir de su promulgación