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La historia sin fin
Arrestan a un funcionario del Comfer
Sospechas de corrupción invaden a Thales Spectrumas


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Bárbaro dijo que la ley de Radiodifusión se sancionará el año que viene

La historia sin fin

A pesar de que parecía ser una de las premisas de la actual gestión, el interventor del Comfer admitió que “nospareció exagerado en medio del proceso electoral y el acuerdo con el Fondo” renovar la ley. El funcionario había llegado a augurar la pronta aprobación de un proyecto presentado por los diputados, mientras los senadores se aprestaban a lanzar una consulta pública sobre otro texto. Sin embargo, una vez más, la historia se repite.

En junio de este año, pocos días después de asumir al frente de la intervención del Comfer, Julio Bárbaro, aseguraba que uno de los primeros pasos a dar consistía en la sanción de una nueva ley de Radiodifusión. El objetivo era claro: antes de que finalice 2003, la normativa que iba a desterrar a la controvertida 22.285, tenía que estar vigente.
Para eso, se reunió con la comisiones de Comunicaciones de ambas cámaras. Y hasta llegó a augurar una pronta aprobación de un proyecto presentado por los diputados ante la comisión del área. Mientras, el propio Pablo Fontdevila, presidente de Comunicaciones de la cámara Baja, se quejaba por no haber podido avanzar más en el proyecto de lo trabajado en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Así, la fuerte expectativa marcada durante el inicio de la gestión fue perdiendo brillo. Aunque en los primeros meses del actual gobierno, el Comfer parecía tener toda su atención puesta en la sanción de una nueva ley, las posteriores contradicciones y las dilaciones del Poder Legislativo revirtieron el escenario.
Hace unos 10 días, Bárbaro manifestó que “nos pareció exagerado en medio del proceso electoral y el acuerdo con el Fondo” renovar la ley. ¿A comienzos de año, cuando el propósito parecía claro, el Gobierno no sabía que este año estaba sobrecargado de elecciones? ¿Tampoco preveía una negociación con el FMI?
En una entrevista realizada por una página especializada en TV, el interventor sostuvo que el Gobierno “ya ha abierto temas importantes como para que éste se resolviera de apuro”. Sin embargo, existen una decena de proyectos y de audiencias públicas en el haber que vienen transitando por caminos inciertos desde hace tres años. Y eran justamente esos textos los que iban a servir de base para el proyecto definitivo.
Cuando comenzaron las tratativas entre los legisladores para delinear la normativa, hubo algunos diputados que ya pregonaban un final poco feliz. El socialista Héctor Polino indicaba que “es preferible ingresar modificaciones a la ley actual para poder alcanzar un cambio” ya que “tal como está estructurada la cámara, los tiempos no nos van a dar para sancionar una nueva ley antes de las elecciones”.
Sin embargo, en esa misma reunión, que compartió la comisión de Comunicaciones de la cámara Baja con el interventor del Comfer, acordaron apostar a renovar la normativa en su totalidad. Fue la misma tarde en que la diputada del ARI Irma Parentella pidió la palabra para advertir que “si las leyes no salen es porque nosotros no levantamos la mano”.
Ahora, Bárbaro estima que el texto para una nueva normativa en materia de radiodifusión “se sancionará el año que viene”. Según el interventor, el texto “ya está armándose y en el 2004 va a poder cuajar en una nueva legislación”.
Así, luego de varios idas y vueltas, con afirmaciones, anuncios y contradicciones, la historia se repite. La ley que concibió la dictadura permanece. Y los radiodifusores siguen esperando.


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Es el contador Gustavo Gardelli

Arrestan a un funcionario del Comfer

El director del área de Contaduría del Comfer, Gustavo Gardelli, fue arrestado por supuestas irregularidades cometidas en Banco Nación cuando era funcionario de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Apenas unas horas después de ser apresado, el funcionario sufrió un ataque de presión, por lo que debió ser internado en el Hospital Argerich. De todos modos, Gardelli permaneció incomunicado y con guardia policial. La causa que acusa a Gardelli, iniciada en 2000, pertenece a la Secretaría Nº 7 del Juzgado Nº 4 de Jorge Ballesteros.
El funcionario fue arrestado por seis policías, que también se encargaron de allanar la oficina de Gardelli, llevarse su computadora, además de documentación que podría aportar datos a la investigación. Según indican algunas versiones, el contador fue arrestado luego de que un ex funcionario del Banco Nación, también detenido, lo acusó de haber cometido irregularidades en la entidad.
A pesar de que la causa no está vinculada al Comfer, el organismo solicitó un informe para conocer los detalles del caso. El comité también se encargó de hablar con la esposa del funcionario para explicarle el episodio.
El funcionario fue nombrado como director del área de Contaduría del Comfer por el ex interventor Carlos Caterbetti. Por nombramiento, era auditor del organismo, aunque luego fue promovido al sector de Administración y Finanzas.


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Le adjudican desvíos millonarios a paraísos fiscales

Sospechas de corrupción invaden a Thales Spectrum

Las sospechas ya habían sido instaladas por la Sindicatura y Auditoría General de la Nación, pero recién hace unos días atrás, cuando la revista francesa Le Point reveló datos aún más comprometidos, el tema explotó y ganó espacio en los diarios, radios y canales de TV argentinos.
La polémica gira en torno a Thales Spectrum Argentina (TSA), la compañía que, a través de un contrato de privatización comenzó, la década pasada, a encargarse de controlar el espacio radioeléctrico. Según la publicación francesa, la empresa desvió US$ 25 millones hacia paraísos fiscales, a cuentas de funcionarios argentinos que fueron sobornados para que la compañía sea elegida para prestar el servicio.
La firma, filial de la francesa Thales, que hasta hace tres años era conocida por su marca original Thompson, se adjudicó la licitación en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem. La empresa debía controlar el espacio radioeléctrico, mantener despejado el área correspondiente a las fuerzas de seguridad y de control aéreo, y cobrar la tasa a nombre de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). En total, se trataba de “un jugoso mercado de 900 millones de dólares”, según indica la revista europea.
Una firma suiza (Finego) era la que supuestamente se encargaba de asistir a la compañía a cambio de US$ 135.000 por mes, pero “parecía asemejarse más a un encubrimiento que a un servicio prestado”, señala la publicación. A partir de los datos recogidos en esta revista, la Oficina Anticorrupción comenzó a investigar el tema. En tanto, en un comunicado, TSA aseguró que cumple con el contrato.

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