| Opinion
La
deuda de la television abierta
Por
Susana Elizabeth Pachecoy*
En
veinte años de democracia constituye una gran asignatura pendiente
la sanción de una nueva ley de radiodifusión, moderna, acorde
con los tiempos, que contemple el avance tecnológico y -por sobre
todo- que regule el espectro radioeléctrico y la oferta de contenidos
de modo de proteger los derechos de los ciudadanos.-
Esa meta aún parece lejana, pero además las autoridades
de aplicación - COMFER y CNC - tampoco hicieron nada con relación
a la licitación de nuevos canales de televisión abierta.
Así, hoy nos encontramos con la continuidad del plan técnico
que autorizó, hace casi 40 años, la explotación de
la televisión abierta, en las condiciones socio políticas
de la época y cuando nadie conocía la palabra globalización.
En muchos lugares del país no existen hoy canales de televisión
por aire, y son muchísimas las regiones donde se recibe solo una
señal. Más grave aún, en muchas zonas de frontera
sólo se ven canales de televisión de los países fronterizos.-
Con el advenimiento del cable y de la televisión satelital -servicios
que disfrutan aquellos que puede pagarlo- la oferta se amplía a
canales de noticias a toda hora, nacionales como internacionales, programaciones
que van desde contenidos infantiles hasta deportivos, pasando por cocina
exótica y hasta curiosidades de supervivencia de especies en extinción
en la otra punta del planeta. En ese contexto parece un disparate pensar
realmente en la otra realidad.
Ahora bien, dentro del marco de crisis socio económica de nuestro
país, con el 50% de la población con las necesidades básicas
insatisfechas, resulta necesario advertir que más de la mitad de
la población se halla limitada en el consumo de servicios de televisión
gratuita a una oferta única o inexistente.-
La deuda de la administración en materia de televisión abierta
para con la sociedad en su conjunto es gravísima. El propio Estado
la reconoció mediante el dictado del decreto 1473/01, donde se
reconoce que en la situación actual aparecen violentados el Pacto
de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y su protocolo facultativo -ley 23.313- y la Convención
Americana de Derechos Humanos, incorporada a nuestra carta magna en el
artículo 75 inc. 22. Y ello así en tanto la comprensión
de la actividad radiodifusora lleva de la mano el ejercicio de tales derechos
que deben ser garantizados por el Estado Nacional.
El Pacto de San José de Costa Rica compromete a los Estados a garantizar
a sus habitantes el derecho a la información, es decir a recibir,
difundir e investigar informaciones y opiniones por cualquier medio. Este
derecho a la información implica, además, la explotación
racional y según la mejor economía del recurso de las frecuencias
de radio y televisión que le toque administrar a cada nación.
Es precisamente el Pacto de San José de Costa Rica (Convención
Americana de Derechos Humanos) el que en su inc. 3 del artículo
13 establece «no se puede restringir el derecho de expresión
por medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales ...
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos usados
en la difusión de información por cualesquiera otros medios
encaminados la impedir la comunicación y la circulación
de ideas u opiniones..».
Es en este escenario que debe ser analizada la cuestión que nos
ocupa: Pluralismo, diversidad, libertad de expresión y sobre todo
libertad de acceso a la información.
Al polemizar respecto de la cuestión, parece sólo pensarse
desde la posibilidad de cualquier persona -física, jurídica,
comercial, de la organización de la sociedad civil- como titular
de la explotación de una señal de canal abierto.
Sin embargo, se olvida lo esencial: la mora del Estado en la instrumentación
de concursos para el otorgamiento de licencias de televisión abierta,
afecta primordial y principalmente a la sociedad a la que priva del acceso
a la información y a ejercer la libertad de expresión.
Escuchamos entonces, preguntas que hacen mención a ¿cómo
y cuándo se optimizará el uso del espectro? y ¿cuándo
será posible ejercer la actividad en el marco de una ley de Radiodifusión
que lleve el sello de la democracia?.
A esta altura, la sanción de la misma es una deuda injustificable
y grave desde el Congreso de la Nación para con la sociedad en
su conjunto. Estamos hablando de la herramienta indispensable para normalizar,
regular, abrir, ordenar el funcionamiento de los medios masivos de comunicación
que constituyen el instrumento de formación de la opinión
pública, nada menos.
Hasta ahora, sólo se advierte el avance de nuevos parches legislativos,
tales como la tipificación de las emisiones no autorizadas o clandestinas
como delito penal, auspiciados
–como siempre- sólo para el interés de los grandes
grupos que concentran el poder de los medios, y sostenidos –como
siempre- por legisladores que lejos de representar los intereses de la
comunidad toda, parecen responder sólo a tales intereses. Es muy
grave.
Más grave aún, proyectos recientes en Senadores para la
derogación del decreto 1214/03 que autorizaba la instalación
de canales de televisión abierta por parte de los gobiernos provinciales
-no olvidemos que gran cantidad de capitales de provincia de nuestro país
tienen oferta monopólica de televisión abierta- o que subrepticiamente
en medio de una propuesta de sostenimiento de los medios de radiodifusión
gratuitos disponen la interrupción de los plazos de las licencias
de radiodifusión existentes: grotesco.
Todo ello, mientras el proyecto de reforma del artículo 45 de la
ley, cuya inconstitucionalidad por la exclusión de las entidades
de bien público -en un caso- o sin fines de lucro -en el otro-
ya ha sido expresamente reconocida por nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación, y sigue sin obtener la correspondiente sanción
legislativa.-
Vale que recordemos aquí, que para pagar la deuda del Estado con
la sociedad en el desarrollo de la televisión abierta no es necesario
esperar el dictado de una nueva ley de radiodifusión.
Es necesario, simplemente, que las dependencias pertinentes del poder
administrador, COMFER y CNC, terminen el diseño del plan técnico
que contemple la realidad nacional. Que llamen a concurso para el otorgamiento
de licencias dentro de parámetros que respeten las normas constitucionales
y supranacionales. Que finalmente cumplan con los planes que se diseñen.
En estas condiciones, solo quedará el camino de la Justicia para
que brinde protección y, a la postre, conmine al poder administrador
a dar respuesta a esta deuda social.
*abogada,
especialista en radiodifusión
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