| Si
no se trata antes de fin de año, perdera estado parlamentario
Cuenta
regresiva para la ley de Acceso a la Información
Un
grupo de organizaciones civiles reclaman la definitiva sanción
de la ley de Acceso a la Información, cuyo tratamiento está
pendiente en el Senado hace más de un año.
El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y perderá
estado parlamentario el 30 de noviembre, de no ser aprobado durante este
período de sesiones.
Por eso, Poder Ciudadano, junto a la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
y Sociales (INECIP) se unieron para pedir su aprobación.
La disposición está reconocida en la Constitución
Nacional, mediante una cláusula introducida en 1994, pero es necesario
establecer criterios para su instrumentación.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados el 8
de mayo del 2003 y girado al Senado una semana después. El 3 de
diciembre de 2003, el presidente Néstor Kirchner emitió
el decreto 1172 que reglamentó, entre otras cuestiones, el derecho
de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo
Nacional. En el 2004, la Comisión de Asuntos Constitucionales lo
incluyó en su agenda como uno de los temas centrales a ser analizados,
pero su tratamiento fue postergado en diferentes sesiones. Entonces, la
senadora Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a
reanudar las reuniones informativas plenarias en agosto y, en efecto,
sucedió.
Los representantes de las asociaciones civiles asistieron a las Comisiones
a las que fue girada la iniciativa (Asuntos Constitucionales, Defensa,
Asuntos Administrativos y Municipales, y Sistemas, Medios y Libertad de
Expresión). Allí manifestaron que el libre acceso a la información
pública es “un requisito fundamental para el fortalecimiento
de las instituciones, para que los funcionarios puedan tomar decisiones
de manera informada e implementar políticas públicas de
calidad y para que los ciudadanos puedan participar de manera activa en
los asuntos públicos”.
El texto contempla el derecho de toda persona a “solicitar, acceder
y recibir información de cualquier órgano perteneciente
al sector público nacional”.
“A 20 años de vigencia de la democracia, resulta irritante
para quienes trabajamos con información del Estado y degradante
para la ciudadanía en general, no contar con una norma que garantice
este derecho, que es el que permite controlar la gestión pública
e incidir en los actos de gobierno”, resaltó el director
ejecutivo de la institución, Carlos March.
Poder Ciudadano pide además que se cumpla con una serie de requisitos
mínimos y con los compromisos asumidos este año con la Organización
de los Estados Americanos (OEA). El pasado 8 de junio, la Argentina suscribió
la resolución AG/RES 2058 de ese organismo internacional, en la
que se insta a los Estados miembros a que elaboren e implementen disposiciones
legislativas capaces de brindar a los ciudadanos el amplio acceso a la
información pública.
La resolución, llamada “Acceso a la Información Pública:
fortalecimiento de la democracia”, está relacionada con los
compromisos asumidos en enero por los jefes de Estado durante la Cumbre
Extraordinaria de las Américas, realizada en México. En
esa ocasión, se emitió la Declaración de Nueva León,
que estipula que “el acceso a la información en poder del
Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales,
incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable
para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo
de los derechos humanos”. A partir de esta declaración, los
países miembros de la OEA, se comprometieron a “contar con
los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras
y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho
de acceso a la información”.
La propuesta nacional fue elaborada mediante el mecanismo de elaboración
participada de normas convocado por la Oficina Anticorrupción en
el 2001 y participaron organizaciones de la sociedad civil, periodistas,
funcionarios, legisladores, representantes de los medios de comunicación
y empresarios, entre otros actores.
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