| Si
se sanciona, los periodistas deberan registrarse para ejercer
Proyecto
para crear Consejos de Periodismo en el Brasil
El
Poder Ejecutivo brasileño presentó un proyecto de ley que
busca implementar un Consejo Federal y otros Regionales de Periodismo,
encargados de vigilar el ejercicio ético de la profesión
y en los que los periodistas deberán inscribirse obligatoriamente.
La organización Reporteros sin Fronteras pidió al presidente
Luis Inácio Lula da Silva que retire el proyecto, que él
mismo envió al Congreso para su tramitación, basado en un
borrador de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ, por sus
siglas en portugués), que agrupa a los sindicatos regionales de
estos trabajadores.
Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras,
manifestó: "En primer lugar, parece que establece la obligación
de estar inscripto en los mencionados consejos, para ejercer la profesión.
Esta disposición es contraria a la Declaración de Principios
de la Libertad de Expresión, aprobada en octubre de 2000 por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece claramente
que la adhesión obligatoria a una asociación profesional,
o la exigencia de títulos o diplomas para el ejercicio de cualquier
actividad periodística, representan otras tantas trabas ilegítimas
a la libertad de expresión". Y agregó: "Además,
no corresponde al Estado vigilar el respeto de la prensa por la ética.
Usar esa prerrogativa podría significar una utilización
para presionar a los medios de comunicación, que ejercen el papel
de contra poder en una sociedad democrática".
Entre otros puntos y para garantizar "un periodismo de calidad",
la FENAJ propuso en su texto, que para estar inscrito en un Consejo Regional
de Periodismo (CRJ) fuera obligatorio estar en posesión de un diploma
de periodismo y pasar un examen.
Sergio Murillo, presidente de la institución, aseguró que
la propuesta daría más poder a los periodistas, frente a
los grupos de prensa. Y en respuesta a las críticas recibidas declaró:
"Esos grupos económicos no quieren periodistas organizados".
El artículo 4 del documento fija que todo los trabajadores de prensa
deberán inscribirse en el CRJ de la región en que estén
domiciliados. Mientras que el Consejo Federal (CFJ) elaborará el
código de ética y disciplina, y también establecerá
las condiciones que se deben reunir para poder inscribirse. En caso de
infracción, los CRJ harán las veces de tribunal de primera
instancia, y el CFJ de apelación.
El artículo 7 establece que las sanciones podrán ir desde
la advertencia a la exclusión, lo que equivaldría a una
prohibición de seguir trabajando.
Al defender y justificar la medida, el ministro de Justicia, Marcio Thomaz
Bastos, señaló que el país "vive una ola de
denuncias infundadas que destruyen la reputación de las personas".
Al mismo tiempo declaró que no será "un instrumento
de censura", que es justamente el temor de quienes la rechazan, como
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIC), organización que agrupa
a diarios del continente.
En sus editoriales, los grandes medios de prensa, como el diario Folha
de Sao Paulo y el multimedia O Globo, atacaron la propuesta calificándola
de "una tentativa del Gobierno federal de cercenar la actividad de
la prensa libre". Más aún la publicación dijo
que refleja la tendencia "estalinista" del gobierno de Lula.
Un aliado de Lula, el senador y ex presidente José Sarney, declaró:
"Como presidente del Congreso considero que la libertad de prensa
debe ser respetada siempre. Excesos todos cometemos. La prensa también
puede cometerlos, pero hasta los excesos de la prensa el tiempo los corrige".
Entre las organizaciones que intervinieron en la polémica está
la Asociación de Magistrados de Brasil, para la cual "los
abusos y el mal periodismo deben ser corregidos por la Justicia, sin necesidad
de un órgano con poderes para cercenar la libertar de expresión
y de cancelar licencias profesionales".
Por su parte, el Comité de Protección al Periodista (CPJ,
por sus siglas en inglés) se opuso firmemente al proyecto, advirtiendo
que "las regulaciones impuestas por el gobierno podrían ser
utilizadas para silenciar las críticas y proteger del escrutinio
a los poderosos". Y añadió que la idea surgió
en momentos en que el gobernador del Banco Central de Brasil, Henrique
Meirelles, enfrenta presiones para que dimita a partir de denuncias mediáticas
sobre irregularidades tributarias.
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