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Análisis
La venta de Azul puso fin al último monopolio extranjero en la TV por aire
Por Javier Verón
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A cuatro meses de vencer la obligación oficial para vender Azul TV por
incumplimiento de lo establecido en la ley de radiodifusión –una empresa
no puede detentar el manejo de más de un canal en un mismo lugar- el Grupo
Telefónica se deshizo de la emisora y con ella del último monopolio televisivo
de aire que registraba el mercado porteño de medios: Telefé y Azul en manos
de un mismo dueño.
Desde el 4 de julio el trío conformado por Daniel Hadad, Fernando Sokolowicz
y Benjamín Vijnovsky es el nuevo dueño del ex Canal 9. Y más allá del infierno
especulativo que despertó la sociedad entre dos personajes cuyas ideologías
parecen estar dirigidas a contramano, lo cierto es que el mayor beneficiado
va a ser el público.
Porque cuando todo parecía que la suerte del canal iba a estar echada otra
vez en favor de grupos multinacionales como TV Azteca o el poderoso pope
brasileño José Hawilla, capitales nacionales se hicieron cargo de un espacio
de difusión que desde la era Romay era manejado bajo la impronta y el estilo
extranjero.
La gente podrá coincidir o no con las ideas de Hadad o de Socolovsky, pero
lo que no podría desconocer es que la pluralidad de voces es más sana que
el discurso unificado cuyos intereses también pueden estar en las antípodas
de los nuestros.
Sin embargo, nada indica que el futuro en la gestión del canal implique
pluralidad. Serán estos nuevos dueños los que sabrán hacia dónde apuntarán
su juego. Y también será el público quien le baje el pulgar cuando, si disfrazado
de un tono nacionalista, el mensaje del canal respondiera a intereses alejados
del televidente con su programación. El capital local estará irremediablemente
dirigido al éxito siempre y cuando la propuesta cultural también honre su
origen.
Lo bueno es que ahora hay posibilidad de elegir a quién se escucha y se
ve en la tele. Antes ni siquiera se gozaba de esa libertad de elección,
porque un mismo dueño se había echo cargo de un espacio que nunca debió
pertenecerle.
El inicio
Pero la fiesta de los 90 sí lo habilitó. Aunque arrepentido por el poder
que les dejó en las manos a los medios, el ex presidente Carlos Menem igual
firmó el decreto 1005 en 1999 y permitió a los radiodifusores la compra
de medios sin necesidad de pedido de autorización previo ante el organismo
de contralor. El flujo de capitales del exterior no se hizo esperar para
desembarcar en el control de la TV.
El tiempo pasó y recién después de dos años el plazo de liquidación del
canal impuesto en diciembre último, luego de haberse demorado durante meses
la decisión por los pedidos de prórrogas en la Comisión de Defensa del Consumidor,
obligó a Telefónica a encarar la etapa final para terminar con su gestión
al frente de Azul.
La compañía sabía por boca del entonces interventor Gustavo López que si
incumplía con lo impuesto hasta podría llegar a perder su licencia este
mismo año. “El emplazamiento constituye una fórmula que permite al holding
español reorganizar sus operaciones, a los trabajadores mantener su fuentes
de trabajo, y al Comfer – como organismo contralor – preservar los derechos
de los ciudadanos y evitar la concentración que impide la normativa actual”,
comunicó López.
Los próximos pasos
Ahora, y a contrapelo de lo que en muchas veces sucede en la Argentina,
esta vez se cumplió con la ley. Denostada por ser dictatorial, obsoleta
y el adjetivo más adusto que le sugiera hasta tanto la clase política encuentre
la manera de cambiarla, la normativa en materia de radiodifusión existe
como tal. Y amén de los sinsentidos, esta vez la 22285 pareció estar concebida
a favor de la población y del Estado, para que nunca más sus frecuencias
sean cedidas y administradas a quien no le hace gracia la competencia y
manipula a su antojo los sabores del privilegio monopólico.
Los pasos de ahora en más en materia oficial los deberá dar el Comfer, quien
tiene la obligación de poner en orden las transferencias de acciones sobre
la titularidad de la licencia de LS 82 TV Canal 9. E igual ordenamiento
le cabría al Grupo mejicano CIE por mantener multiplicidad de licencias
en Buenos Aires; y al Grupo Uno, en Rosario.
En tiempos de inestabilidad, desgobierno, falta de credibilidad y sospecha
eterna, los representantes que corren con el poder a su favor no deberían
desperdiciar una nueva oportunidad que se les presenta para administrar
los bienes del Estado como se merece la sociedad.
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Saldrían los pliegos para el cable
Luego de sucesivas prórrogas, a fines de julio comenzaría la apertura para
la venta de pliegos para la instalación de servicios complementarios, es
decir que se habilitaría la regulación de la TV por cable en todo el país.
Según se pudo constatar por fuentes del organismo, los valores de los pliegos
serían de entre 5 mil y 50 mil pesos de acuerdo con la cantidad de habitantes
que tenga cada localidad. El Comfer tiene registrado gran cantidad de pedidos
para la instalación de servicios complementarios que después de 2 años de
suspensiones podrán finalmente acceder a su licencia.
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