R&TA | Internacionales | Edic. Nº 85

Polémica en torno a una iniciativa de Estados Unidos

¿El comercio libre se traslada a los medios?

Durante la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Cancún, el representante comercial de Estados Unidos intentó extender el poder de la OMC a los servicios de comunicaciones y audiovisuales. Esto incluye tanto el cine, la radio, la televisión y la producción musical, como los servicios de distribución mediática, sean satélites, servicios de cable y de radio y teledifusión.
Según aseguran algunos expertos, los resultados podrían ser desastrosos porque las regulaciones nacionales que favorecen la producción propia, local o nacional, diversidad mediática y el interés público podrían ser atacadas bajo el pretexto de ser “barreras al libre comercio”.
Los límites a la concentración de la propiedad o a la participación extranjera en los medios en legislaciones nacionales y los programas que fomentan la diversidad de los medios podrían ser considerados violaciones al comercio.
Con el objetivo de frenar esta iniciativa, el pasado 9 de septiembre, representantes de los movimientos internacionales que luchan por los derechos de comunicación denunciaron la sumisión de los medios de comunicación y la cultura a la OMC.
Durante la convención que reúne a más de 100 ministros que conducen el comercio de su país, los funcionarios continuaron las negociaciones sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Entre las demandas que encierra el AGCS, se encuentra la inclusión de los servicios de comunicación y audiovisuales dentro del acuerdo.
Sin embargo, un abultado número de países se oponen a esta disposición. Es que las exenciones, subvenciones, préstamos, subsidios y otros incentivos que fomentan el cine independiente, la televisión y radio públicas, el arte y otras obras culturales podrían ser consideradas una violación a las reglas antidiscriminatorias del AGCS si estos mismos recursos no estuvieran al alcance de otros países miembros con intereses en el mismo mercado.
Los compromisos de publicidad también podrían hacer que los países dejaran de legislar los comerciales para menores: por ejemplo, se podrían cuestionar las leyes actuales contra la venta de cigarrillos a niños.
La meta de los AGCS es la “liberalización progresiva”. Esto significa que en el futuro habría fuerte presión para descartar tales excepciones de futuras negociaciones. Como consecuencia, cada vez son más los organismos y entidades que presionan a sus gobiernos con éxito para que se opongan a las propuestas estadounidenses de Servicios de Comunicación y Audiovisuales, y para que bloqueen aquellos tratados que puedan impactar los sistemas de medios de sus países.

Suspensión de norma

Mientras ciudadanos estadounidenses se quejan de la intención de suscribir el AGCS, un juzgado de Filadelfia suspendió ayer en forma cautelar las nuevas normas para el sector de medios de comunicación aprobadas por la Comisión Federal de Comunicaciones en junio.
La nueva normativa que la FCC intenta imponer es el aumento del 35% al 45% de la población de Estados Unidos a la que puede tener acceso una cadena de televisión. También elimina la prohibición de que una empresa sea dueña en una misma ciudad de televisiones, radios y periódicos.
En tanto, la norma autoriza a las compañías a controlar hasta cinco cadenas de televisión y ocho emisoras de radio en un mismo mercado. Ahora habrá que esperar a que los tribunales no decidan sobre las docenas de demandas interpuestas por las pequeñas empresas de comunicación contra la nueva regulación.

En total de 16 puntos sirven de razones para justificar el despido colectivo que Planeta y De Agostini pretenden llevar a cabo en Antena 3 durante las próximas semanas. El expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en la Dirección General de Trabajo, al que ABC ha tenido acceso, supone la destitución de 390 puestos de trabajo, lo que representa un 25% del total de la planta.
Al parecer, la cadena se escuda en la pérdida de competitividad en las franjas de audiencia más demandadas, la disminución de los ingresos comerciales y la inestabilidad en la parrilla de programación por el bajo rating.
En tanto, los nuevos gestores de la cadena señalan por lo bajo que la decisión fue tomada por el fracaso en la estrategia de diversificación de anteriores etapas y la existencia de una estructura de producción rígida con alto nivel de gastos fijos que requiere niveles de audiencia que no se pueden mantener en la situación actual del mercado.
Respecto a la situación económica de la compañía, el equipo gestor hace hincapié en la caída de las ventas netas (13,29% en el periodo 2000-2002), el crecimiento de los gastos de explotación (14,13%) y el aumento de los gastos de personal (9,74%).
También insisten en la caída del 72,35% de Ebitda (resultado operativo) al cierre del ejercicio anterior. En total, al cierre de 2002, la cadena tuvo pérdidas por un valor de 31 millones de euros.
Por otra parte, hoy tiene lugar la reunión entre los empleados de Antena 3 Temática y el inspector de Trabajo. La empresa ofrece 20 días por año trabajado, lo que supone una indemnización total de 162.000 euros a repartir entre los 50 empleados de esta filial en vías de cierre por cese de actividad.

Luego de varios idas y vueltas, la compañía española Telefónica no lanzará una Oferta Publica de Venta (OPV) de Antena 3. Los motivos, según fuentes próximas a la operación, son de naturaleza jurídico-económica debido a las exigencias a las que le obligan tanto la Securities Exchange Commissión (Sec) como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Expertos bursátiles, en cambio, justifican esta decisión en el “poco éxito que hubiera tenido una OPV de una cadena de televisión en pérdidas como Antena 3”. La preparación de la due diligence para los colocadores de la Oferta Pública de Venta (SCH y BBVA, entre otros) había sido encargada al despacho de Garrigues.
A pesar de dar marcha atrás, en la sede de Gran Vía 28 son conscientes de que tienen que dar liquidez a la cadena de televisión, que los títulos deben cotizar y que tienen que estar en Bolsa. Es un requisito que, desde un principio, han reclamado los nuevos socios de Antena 3 Televisión: José Manuel Lara y los propios inversores particulares de Telefónica.
Lo que hará la operadora es una salida a Bolsa bajo la fórmula del listing, sin oferta de acciones. Según la CNMV, basta con cumplir con los requisitos exigidos desde el Artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores.
El mayor inconveniente de este tipo de operaciones es que la compañía, después de recibir la autorización del mercado correspondiente (el Mercado Continuo) “empieza a cotizar sin más, sin que haya una oferta, lo que puede provocar que las acciones entren en el mercado muy lentamente, que haya poca liquidez”, señaló un experto.

La Argentina no es la única afectada a la hora de contabilizar las pérdidas en número de abonados. Brasil y Uruguay también sufren la misma situación, aunque con distintos matices.
La Asociación Brasilera de Telecomunicaciones por Abono (ABTA) desnudó sus números, correspondientes a la primera mitad del año. Según el balance, junio se cerró con 3.461.046 abonados, de los cuales poco más de 2 millones (60%) reciben la señal por cable, 223 mil (6%) por MMDS y 1.162.000 (34%) por DTH.
El monto total de suscriptores muestra una nueva baja si se lo compara con el primer trimestre que tuvo un registro de 3.478.000. La caída no es novedad si se recuerdan los dos últimos registros anuales (3.483.000 clientes en el 2002 y 3.554.000 suscriptores en el 2001). Como es notorio, la primera mitad del año ha expuesto una vez más la tendencia barranca abajo que afecta al sector.
Según informó la página produ.com, ABTA no ha querido hurgar en el saco roto en el que se ha convertido la caza de abonados. En este su primer relevamiento sectorial del año, prefirió destacar la mejora en la facturación de las operadoras en el segundo cuarto del 2003: el balance muestra que los ingresos de las empresas de TV paga crecieron 4,3% en el segundo trimestre en relación al primero del año.
La facturación bruta, en tanto, fue de 845 millones de reales (US$288 millones aproximadamente) en el periodo abril-junio, lo que representa un 4,3% superior en relación al trimestre anterior. La facturación acumulada en el semestre fue de 1.600 millones de reales (US$545,5 millones), 15% más que en el mismo periodo de 2002.
En el estudio, realizado en forma conjunta con el Sindicato Nacional de Empresas Operadoras de Sistema de Televisión por Abono (SETA), se subrayan también los balances positivos registrados por la mayoría de las compañías operadoras en este segundo trimestre.
“Con la baja en las tasas y retomado un crecimiento económico esperamos resultados aún mejores para este segundo semestre”, aseguró la presidenta de la entidad, Leila Loria.

La base de suscriptores de Uruguay cayó el 50% durante agosto, en relación al mismo período de 2000, año en que se registró el mejor desempeño de este rubro históricamente. La cifra se desprende de los datos aportados a la Ursec (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación) por parte de las empresas operadoras en el país.
La fuerte crisis económica que se vive en Uruguay, desde hace cuatro años, y la devaluación del peso frente al dólar sufrida en agosto de 2002, provocaron que el parque actual de abonados ronde los 240 mil en todo el país, la mitad de los 489 mil usuarios que se contaban en 2000. Esta última cifra representaba en ese momento el 69% de los hogares de Uruguay. Hoy la cifra marca poco más del 30% de los hogares tanto en el área urbana como rural.
En tanto, sigue preocupando a los operadores el canon anual de 55 pesos (alrededor de US$2) por cliente que debe ser abonado al Gobierno. Esto vuelca a las arcas estatales casi medio millón de dólares, que se suma este año a los US$ 1.200 que deberá pagar cada empresa que pretenda renovar sus permisos en ciudades con más de 20 mil habitantes. Produ.com